La Amazonía peruana, un activo turístico abandonado por el país

La Amazonía peruana representa alrededor del 60% del territorio nacional, alberga una de las mayores biodiversidades del planeta y constituye el hogar de decenas de pueblos indígenas con culturas vivas y conocimientos ancestrales únicos. Sin embargo, pese a semejante riqueza natural y cultural, continúa siendo uno de los espacios más desaprovechados de la economía peruana. Mientras países como Francia superan los 100 millones de turistas al año y España bordea los 94 millones, el Perú apenas alcanzó 3.4 millones de visitantes internacionales en el 2025. Y dentro de esa cifra todavía modesta, la Amazonía capta apenas una pequeña fracción.

El contraste revela una de las grandes paradojas nacionales: el Perú posee algunos de los ecosistemas más extraordinarios del planeta, pero sigue sin convertirlos en motores sostenibles de desarrollo. Incluso regiones amazónicas con creciente atractivo turístico, como San Martín, todavía operan muy por debajo de su potencial. La situación resulta todavía más llamativa si se considera que más de la mitad de las áreas naturales protegidas del país se encuentran precisamente en la Amazonía.

Parques nacionales y reservas como Manu, Tambopata o Pacaya Samiria representan activos ambientales de escala mundial. Sin embargo, la ausencia de infraestructura adecuada, la debilidad institucional y la falta de una estrategia nacional de ecoturismo impiden que el país aproveche plenamente esta ventaja comparativa extraordinaria.

Diversos estudios ya han demostrado el enorme impacto económico que podría generar una política seria de desarrollo ecoturístico en la selva peruana. Una inversión relativamente moderada en infraestructura turística dentro de áreas protegidas podría multiplicar el número de visitantes y generar decenas de miles de empleos formales adicionales. Si además se articulan actividades complementarias vinculadas a servicios ambientales, turismo comunitario y aprovechamiento sostenible de recursos, el impacto económico podría alcanzar dimensiones mucho mayores.

La razón es simple: el ecoturismo amazónico tiene una enorme capacidad para descentralizar ingresos y distribuir actividad económica directamente en territorios históricamente olvidados por el Estado. El visitante que llega a Tambopata o Pacaya Samiria no solo consume alojamiento. Contrata transporte fluvial, compra artesanías, utiliza servicios locales, se alimenta en restaurantes regionales y demanda guías especializados provenientes muchas veces de las propias comunidades nativas.

En otras palabras, el ecoturismo crea cadenas de valor que benefician directamente a miles de familias que hoy tienen pocas alternativas económicas formales. Por ello, en varias zonas amazónicas el turismo ya funciona como un amortiguador frente a la pobreza y la informalidad.

La experiencia internacional confirma que este modelo puede convertirse en un eje estratégico de desarrollo territorial. Costa Rica constituye probablemente el ejemplo más exitoso de América Latina. El país centroamericano logró transformar biodiversidad y conservación ambiental en una poderosa industria turística que genera miles de millones de dólares anuales y beneficia directamente a comunidades locales mediante reservas privadas, alojamientos sostenibles y servicios ecoturísticos articulados con inversión privada e infraestructura moderna.

El Perú posee incluso mayores ventajas naturales que Costa Rica. Tiene una Amazonía inmensa, biodiversidad excepcional y una riqueza cultural extraordinaria. Lo que falta no son recursos naturales, sino decisiones políticas y capacidad de gestión. El país todavía no ha construido una política pública coherente que entienda al ecoturismo amazónico no como una actividad marginal, sino como una verdadera estrategia nacional de desarrollo.

Y ello resulta especialmente importante porque la conservación del bosque dependerá cada vez más de generar incentivos económicos sostenibles para las poblaciones locales. Allí aparece uno de los principales errores del debate ambiental en el Perú: asumir que proteger la Amazonía significa únicamente prohibir actividades económicas. En realidad, las comunidades serán los mejores defensores del bosque cuando encuentren en él una fuente legítima y estable de ingresos.

Un ecoturismo bien diseñado puede alinear conservación y desarrollo. Puede convertir al bosque en un activo económico más valioso en pie que destruido por actividades ilegales. Pero para que ello ocurra, el Estado debe enfrentar primero las grandes barreras que hoy frenan el desarrollo amazónico.

La primera es la inseguridad. El narcotráfico, la minería ilegal, la tala informal y diversas economías ilícitas deterioran gravemente la imagen de la Amazonía y ahuyentan inversiones y visitantes. Ningún circuito turístico sostenible puede desarrollarse en territorios controlados parcial o totalmente por actividades criminales.

La segunda barrera es la debilidad institucional. La superposición de competencias entre gobiernos regionales, SERNANP y otras entidades públicas, sumada a la burocracia y la falta de planificación, convierte muchas veces al propio Estado en un obstáculo para atraer inversiones sostenibles.

Y la tercera gran limitación es la infraestructura. Aeropuertos regionales con baja capacidad operativa, escasa conectividad internacional y sistemas fluviales abandonados impiden desarrollar plenamente corredores turísticos competitivos. En la Amazonía, los ríos son equivalentes a las carreteras. Descuidarlos significa condenar al aislamiento económico a enormes territorios.

El Perú necesita, por lo tanto, una estrategia integral que combine seguridad, infraestructura e incentivos económicos para las comunidades locales. Concesiones ecoturísticas, beneficios tributarios para pequeños operadores, modernización de aeropuertos regionales y fortalecimiento de la conectividad fluvial deberían formar parte de una política nacional orientada a convertir la Amazonía en uno de los grandes motores económicos del país.

El bosque amazónico ya existe. La biodiversidad ya existe. Las comunidades y los paisajes capaces de atraer al turismo mundial también existen. Lo que todavía falta es que el Estado peruano comprenda que la Amazonía no es únicamente una reserva ambiental o un territorio distante, sino uno de los activos estratégicos más importantes que tiene el país para generar desarrollo sostenible sin destruir aquello que lo hace único.