La verdadera prueba comienza ahora

La elección de Keiko Fujimori representa el cierre de uno de los procesos electorales más polarizados de las últimas décadas. Sin embargo, la victoria en las urnas constituye apenas el punto de partida. El verdadero desafío comienza con el ejercicio del poder. Gobernar un país que arrastra años de inestabilidad política, deterioro institucional y creciente desconfianza ciudadana exige mucho más que conformar un gabinete o garantizar la continuidad económica. Exige liderazgo, prudencia y la capacidad de ofrecer resultados concretos.

La nueva presidenta enfrenta una responsabilidad particularmente compleja. No solo deberá gobernar, sino hacerlo bajo un nivel de escrutinio excepcional. Cada designación, cada reforma y cada decisión serán evaluadas con especial severidad por una ciudadanía cada vez más exigente y por una oposición que, previsiblemente, ejercerá un control permanente sobre su gestión. Después de tres campañas presidenciales fallidas, una intensa persecución política y judicial y un largo proceso de desgaste público, el margen para el error es considerablemente menor que el de cualquier otro gobierno. La administración que inicia deberá caracterizarse por decisiones técnicamente sólidas, políticamente responsables y jurídicamente consistentes.

Diversos análisis nacionales e internacionales han coincidido en que una de las principales expectativas del nuevo gobierno consiste en recuperar la estabilidad política sin comprometer la estabilidad económica, condición indispensable para restablecer la confianza de inversionistas, ciudadanos y mercados. Sin embargo, reducir el éxito gubernamental a la preservación de los indicadores macroeconómicos supondría desconocer la naturaleza del desafío que enfrenta el Perú contemporáneo. La estabilidad constituye una condición necesaria para el desarrollo, pero ha dejado de ser una condición suficiente.

Durante los últimos años, buena parte del debate político giró en torno a la posibilidad de que el país transitara hacia propuestas de carácter radical. Ese escenario funcionó como un poderoso elemento de movilización electoral y como un factor de tranquilidad para los mercados financieros. No obstante, la ausencia de una alternativa de esa naturaleza en el poder no implica que el modelo económico vigente haya resuelto las causas estructurales del descontento social. Persisten importantes brechas en materia de seguridad ciudadana, salud, educación, infraestructura, informalidad y acceso a oportunidades, cuya solución no puede postergarse indefinidamente.

Precisamente por ello, resulta pertinente recordar que el régimen económico previsto en la Constitución Política de 1993 no consagra un modelo de laissez-faire ni un Estado indiferente frente a las necesidades sociales. El artículo 58 establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce dentro de una Economía Social de Mercado, correspondiendo al Estado orientar el desarrollo del país y actuar prioritariamente en la promoción del empleo, la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos y la infraestructura. Esta configuración constitucional responde a la concepción desarrollada por Alfred Müller-Armack, quien definió la Economía Social de Mercado como la integración entre la libertad económica y la equidad social.

En consecuencia, el éxito del nuevo gobierno no dependerá exclusivamente de preservar el equilibrio fiscal o mantener la confianza de los inversionistas. Su verdadera legitimidad descansará en demostrar que el crecimiento económico puede traducirse en bienestar tangible para la población y que la estabilidad macroeconómica constituye un instrumento para garantizar la dignidad de las personas y ampliar sus oportunidades de desarrollo.