¿Podrá el próximo gobierno combatir la delincuencia?

El próximo gobierno no solo recibirá un país con problemas económicos, sociales e institucionales. Recibirá, sobre todo, un país cansado de vivir con miedo. La delincuencia ha dejado de ser una preocupación aislada para convertirse en una amenaza directa contra la vida cotidiana, la inversión, el empleo y la confianza ciudadana. Por eso, la pregunta ya no es si la seguridad debe ser una prioridad, sino si el próximo gobierno tendrá la capacidad real de enfrentarla con eficacia.

La respuesta debe ser sincera: sí es posible reducir la delincuencia, pero no será posible hacerlo con discursos, operativos temporales o medidas improvisadas. El Perú necesita una estrategia nacional sostenida, con objetivos claros, instituciones coordinadas y resultados medibles. La criminalidad actual no se combate únicamente con más patrulleros en las calles. Se enfrenta con inteligencia, control territorial, investigación criminal, justicia oportuna y cárceles que dejen de funcionar como centros de operaciones delictivas.

El primer desafío será recuperar la presencia efectiva del Estado en las zonas donde las mafias han ganado terreno. Mercados, rutas de transporte, obras de construcción, zonas comerciales, barrios vulnerables y corredores logísticos no pueden seguir bajo amenaza de extorsión. Allí donde se produce, se transporta, se vende y se trabaja, el Estado debe garantizar seguridad. Proteger al emprendedor, al transportista y al comerciante no es solo una tarea policial; es también una política económica.

El segundo desafío será modernizar la inteligencia contra el crimen organizado. El delito se ha vuelto más sofisticado, transnacional y financiero. Por eso, el próximo gobierno deberá integrar bases de datos, perseguir el lavado de activos, controlar armas ilegales, rastrear redes de extorsión y fortalecer la cooperación internacional. No se puede enfrentar a organizaciones criminales del siglo XXI con herramientas del siglo pasado.

El tercer punto es la reforma penitenciaria. Mientras los cabecillas puedan seguir ordenando extorsiones, secuestros o asesinatos desde las cárceles, cualquier política de seguridad será incompleta. El Estado debe garantizar aislamiento efectivo para líderes criminales, bloqueo real de comunicaciones ilegales y una administración penitenciaria profesional, firme y transparente.

Pero la seguridad también requiere justicia. La Policía puede capturar, pero si el sistema judicial demora, libera sin sustento o no sanciona oportunamente, la impunidad termina fortaleciendo al delito. Por eso, el próximo gobierno debe impulsar fiscalías y juzgados especializados en crimen organizado, con procesos más rápidos y mejor capacidad probatoria.

Ahora bien, combatir la delincuencia no significa renunciar al Estado de derecho. La firmeza es necesaria, pero debe ejercerse dentro del marco constitucional. El Perú no necesita arbitrariedad; necesita autoridad legítima. No necesita solo mano dura; necesita una estrategia inteligente, permanente y democrática.

El próximo gobierno podrá combatir la delincuencia si entiende que la seguridad es la primera condición para recuperar la economía y la confianza. Un país donde la gente trabaja con miedo no puede crecer plenamente. El verdadero reto será devolverle al ciudadano algo básico: la posibilidad de vivir, emprender y construir futuro sin sentirse abandonado por el Estado.