El Perú sigue cayendo en competitividad minera

El Índice de Atractivo para la Inversión Minera del Instituto Fraser se ha convertido en uno de los principales termómetros de la industria minera global. Cada año, ejecutivos y especialistas del sector evalúan las condiciones para invertir en distintas jurisdicciones del mundo considerando dos variables fundamentales: el potencial geológico y la calidad del entorno institucional, regulatorio y político. En otras palabras, el índice no solo mide cuántos minerales existen bajo tierra, sino qué tan viable resulta invertir miles de millones de dólares para extraerlos.

Por esa razón, la posición de un país dentro de este ranking tiene consecuencias directas sobre las decisiones de inversión global. Y precisamente allí aparece una de las señales más preocupantes para el Perú. En el 2025 el país ocupó el puesto 41 entre 68 jurisdicciones evaluadas, consolidando una trayectoria errática que refleja con claridad la profunda fragilidad institucional peruana.

Las cifras muestran un deterioro evidente. En el 2018 el Perú alcanzaba el puesto 14 entre 83 jurisdicciones y aparecía como uno de los destinos mineros más atractivos del planeta. Sin embargo, durante los últimos años el país comenzó a descender aceleradamente producto de la inestabilidad política, la conflictividad social y el debilitamiento progresivo del Estado de derecho. En el 2022 incluso logró superar temporalmente a Chile, ubicándose en el puesto 34, pero luego de la crisis política asociada al gobierno de Pedro Castillo y el intento de golpe de Estado del 2023, el Perú se desplomó hasta el puesto 59 en apenas un año. Aunque posteriormente recuperó parcialmente posiciones, el deterioro de fondo permanece intacto.

Pero quizá el aspecto más alarmante del resultado actual es que este retroceso ocurre justamente en medio de uno de los mayores superciclos de precios mineros de las últimas décadas. El cobre supera los US$ 6.30 por libra y el oro alcanza niveles históricamente extraordinarios cercanos a los US$ 5,000 por onza. En cualquier economía minera competitiva, semejantes precios habrían desencadenado una ola de nuevas inversiones, expansión de operaciones y megaproyectos en ejecución.

Eso es exactamente lo que debería estar ocurriendo en el Perú. Con estos precios internacionales, el país tendría que registrar varios proyectos mineros de escala mundial avanzando simultáneamente. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: las grandes inversiones permanecen paralizadas o atrapadas en procesos interminables de permisos, conflictos y disputas políticas. La última gran megainversión minera plenamente desarrollada fue Quellaveco, un proyecto de alrededor de US$ 5,000 millones cuya maduración tomó décadas.

El problema ya no es geológico ni económico. El problema es político e institucional. El propio Instituto Fraser revela la magnitud de esta contradicción: cuando se evalúa únicamente el potencial geológico, el Perú se ubica alrededor del puesto 28 del mundo. Es decir, el país posee reservas minerales extraordinarias y ventajas comparativas de primer nivel. Lo que ahuyenta inversiones es el entorno institucional que rodea esos recursos.

La brecha entre riqueza minera y competitividad inversora resume perfectamente el momento peruano. El país tiene cobre, oro y proyectos gigantescos listos para despegar, pero carece de reglas estables, seguridad jurídica y capacidad estatal para viabilizar inversiones dentro de plazos razonables. Precisamente por ello diversos líderes del sector han advertido que la principal preocupación de los inversionistas internacionales ya no es el potencial del territorio peruano, sino la incertidumbre política y regulatoria para operar en él.

Las consecuencias económicas de este deterioro resultan enormes. Según el Instituto Peruano de Economía, el Perú concentra nueve de los 29 mayores proyectos de cobre paralizados del mundo, equivalentes al 22% de la producción potencial global de este metal. Proyectos como Conga, Michiquillay, La Granja, Río Blanco y Los Chancas acumulan años de retrasos, conflictos sociales y trabas burocráticas que bloquean inversiones multimillonarias.

Mientras tanto, la inversión minera nacional permanece alrededor del 2% del PBI, muy lejos del 5% alcanzado en el auge del 2013. Detrás de esta caída aparecen causas ampliamente conocidas: exceso de permisos, debilidad del Estado para garantizar estabilidad jurídica, creciente influencia de movimientos antimineros, avance de la minería ilegal sobre concesiones formales e infraestructura deficiente que encarece las operaciones.

El cobre se ha convertido en uno de los minerales más estratégicos de la economía global debido a la transición energética, la inteligencia artificial, los centros de datos, las redes eléctricas y la expansión de los vehículos eléctricos. La demanda mundial crecerá aceleradamente durante las próximas décadas y el Perú, tercer productor mundial de cobre, posee una oportunidad histórica para convertirse en uno de los grandes abastecedores globales.

Las exportaciones mineras ya alcanzaron más de US$ 62,000 millones en el 2025 y representan cerca del 67.5% de todas las exportaciones nacionales. Además, el sector aporta más de S/ 24,000 millones en tributos que financian buena parte del gasto público y de los presupuestos regionales. Dentro de ese esquema, el cobre constituye el principal activo estratégico del Perú hacia el futuro.

Sin embargo, los recursos naturales por sí solos no garantizan desarrollo. La historia económica demuestra que los países progresan cuando logran convertir riqueza potencial en inversión, producción y empleo sostenible. Y precisamente allí aparece hoy el mayor riesgo peruano: desperdiciar el superciclo minero más importante de las últimas décadas por culpa de su propia crisis institucional.

Si el país no reconstruye rápidamente condiciones mínimas de estabilidad política, seguridad jurídica y eficiencia regulatoria, terminará atrapado en la imagen que refleja actualmente el índice Fraser: un territorio extraordinariamente rico, pero incapaz de generar confianza suficiente para atraer el capital que necesita para desarrollarse.