La contracampaña a la nueva ley de promoción agraria

Nunca una ley ha logrado la conjunción de tantas “estrellas” del firmamento político para una sin igual contracampaña como la nueva ley de promoción agraria que el Congreso deberá ratificar en los días siguientes. Se dice, por ejemplo, que con esta nueva ley de promoción agraria “el Estado dejaría de recaudar S/ 20,000 millones durante los próximos diez años”, o que se “quiere regalar millones en exoneraciones tributarias a las grandes agroexportadoras”. 

No obstante, vale decir que las críticas ya no solo vienen de sectores anticapitalistas de izquierda sino además de un sector de “liberales” que se hacen llamar “conscientes” pero olvidan que todos los países protegen de alguna u otra manera el sector agroexportador. El problema de semejantes narrativas –tanto de aquí como de allá– es que, como siempre, soslayan a propósito otros datos que no se ajustan a lo que pretenden imponer como verdad suprema.

Cuando dicen que el Estado dejará de recaudar S/ 20,000 millones en diez años no dicen que –para poner un ejemplo real– durante la vigencia de la pasada Ley de Promoción Agraria, que se promulgó en el 2001 y fue derogada por el gobierno interino de Sagasti, las inversiones privadas directas en el agro superaron los US$ 20 millones, logrando que las exportaciones aumenten de US$ 650 millones a US$12,000 millones. Pero aquí también hay un ligero dato que no se coloca: hubo una recaudación tributaria de S/ 9,000 millones. 

Quizá el ideologismo, tanto de zurdos como de “liberales honestos” con la doctrina, también olvida que estamos frente a un sector que lidia con seres vivos y que es estacionario en relación a la siembra y cosecha. Asimismo, como se habrá visto en los últimos meses, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, los países y Estados siempre tienden a dar ciertos tipos de promoción a su sector agrario, con políticas de defensa y de proteccionismo. Aquí no vamos a pedir protección cepaliana ni mucho menos, pero sí que el Estado garantice la competitividad de un sector que ha logrado consolidarse. Y a pesar de los buenos precios del mercado internacional, no ha habido mayor incremento de inversión en el agro peruano.

Decir que la nueva ley agraria inclusiva es solo gasto por miles de millones, por lo tanto, no es verdad. Se intenta incluir a esta ley entre los motivos del déficit fiscal del Gobierno de Dina Boluarte; pero todos los números dicen que la Ley de Promoción Agraria pasada (la anterior a la ley Sagasti) solo trajo beneficios.