¿Cómo educar en medio de la violencia?

En las últimas semanas, el Consejo Nacional de Educación dio inicio a un proceso descentralizado de diálogos con el objetivo de recoger aportes esenciales para la elaboración de los Elementos para un Plan de Desarrollo de la Educación Peruana 2026–2031. Esta hoja de ruta estratégica tomará como base el Proyecto Educativo Nacional (PEN) y permitirá definir prioridades educativas que orienten las políticas públicas del próximo quinquenio.

Todo este proceso se enmarca en el propósito de "Vida Ciudadana" del Proyecto Educativo Nacional al 2036, y contempla la realización de 26 diálogos nacionales entre los meses de junio y agosto, con la participación de representantes del Estado, la sociedad civil, el sector privado, la cooperación internacional y la academia. Asimismo, se llevarán a cabo consultas especializadas con expertos nacionales e internacionales. Estos debates, centrados en los cuatro propósitos del PEN, buscarán recoger consensos y definir prioridades para transformar el sistema educativo. Se espera que el proceso culmine con el Encuentro Nacional de Educación 2025, un evento que congregará a cerca de 300 participantes de todo el país, con el propósito de presentar los “Elementos para un Plan de Desarrollo de la Educación Peruana 2026–2031” al ministro de Educación, a los partidos políticos y a la comunidad educativa. Procesos similares se han realizado en décadas anteriores, previo a los comicios nacionales, sin que las conclusiones de dichos eventos hayan sido integradas en una agenda educativa prioritaria por parte de las autoridades elegidas. Estos, en muchos casos, no priorizaron, ni viabilizaron, y menos aún impulsaron decididamente la construcción de una visión de futuro y un consenso multisectorial capaz de mejorar sustancialmente la educación en el país.

Hoy enfrentamos situaciones de violencia que han penetrado incluso nuestras escuelas, con una pérdida de autoridad tanto de los directivos como del profesorado. Muchos padres ven a las escuelas como lugares donde sus hijos deben ser formados, mas no educados, como señala Javier Huete Nogueras, fiscal de sala y coordinador de menores, en una entrevista publicada por el diario ABC de España. Hablamos también del cuidado y defensa del ambiente, mientras nuestros estudiantes son testigos diarios de noticias sobre muertes vinculadas a la minería ilegal, depredación de nuestros bosques y mares, contaminación masiva por derrames de petróleo en nuestras costas, deficiencias en la distribución de alimentos escolares, escasa participación de las familias en el sistema educativo y falta de compromiso para sentar las bases del desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes. A esto se suma la permisividad frente al uso indiscriminado de la tecnología por parte de los menores, muchas veces orientada a contenidos poco saludables para su formación.

¿Quién nos asegura que los aportes, consensos y conclusiones sean considerados y priorizados por los próximos gobernantes?

El eje principal de la ruta estratégica planteada parte del entendimiento de que “el ser humano es el centro de la educación, y por ello debe desarrollarse en un contexto democrático. Solo en un entorno democrático es posible dignificar plenamente a la persona, reconociendo su valor, su libertad y su derecho a una vida digna como expresión esencial de su naturaleza humana”. A partir de esta premisa, se proponen cuatro líneas estratégicas:

1. Promover el liderazgo democrático para incentivar la participación de la comunidad educativa.
2. Fomentar condiciones organizativas que respalden el desarrollo de iniciativas cívicas y relaciones positivas.
3. Impulsar sinergias con actores locales para dar sostenibilidad a las acciones educativas y cívicas.
4. Fortalecer la autonomía y la rendición de cuentas en las instituciones educativas.

Todo este recorrido apunta a construir una propuesta sólida en los próximos meses, lo que recuerda el trabajo realizado por el Foro del Acuerdo Nacional, que reunió a representantes del gobierno, partidos políticos y organizaciones de la llamada sociedad civil. Retomando palabras del expresidente Martín Vizcarra, referidas a los cinco ejes de su discurso del 28 de julio de 2020, se declaró:

“En estos momentos difíciles, las instituciones integrantes del Acuerdo Nacional reafirmamos nuestro compromiso con la salvaguarda de la vida, la contención de la pandemia, la atención de la población más vulnerable, la lucha contra el hambre y la recuperación económica con empleo digno, objetivos del compromiso solidario con la protección a la vida Perú Hambre 0 y las medidas inmediatas para reactivar la economía y preservar la salud recientemente suscritos”.

En ese contexto, se otorgó a los equipos de trabajo un plazo de 45 días para promover un diálogo nacional centrado en: la construcción de un sistema unificado de salud; garantizar una educación de calidad eliminando brechas y asegurando el acceso a la educación virtual en todos los niveles; fomentar un crecimiento económico sostenible; luchar contra la pobreza; y continuar con las reformas política y judicial, con el objetivo de afrontar los retos evidenciados por la pandemia.

En materia educativa, se elaboró un informe final que permitió identificar con claridad la verdadera situación del sistema educativo nacional, expuesta con crudeza durante la pandemia de covid-19. A partir de dicho diagnóstico, se propusieron acciones urgentes para avanzar hacia una educación que garantice igualdad de oportunidades para todos los peruanos, en el marco del Bicentenario de nuestra independencia. Sin embargo, lo cierto es que poco o nada de lo planteado fue concretado por la gestión de turno ni por las que le sucedieron.

Hoy más que nunca, urge reimaginar el escenario educativo considerando:

• Una educación centrada en el estudiante, con contenidos adaptados a sus intereses, necesidades y ritmos de aprendizaje.
• Una educación para estos tiempos: “aprender a desaprender para reaprender”.
• Una educación que rompa con el statu quo cotidiano de los procesos educativos, orientada al cambio y no al conflicto.
• Una educación que aproveche todos los recursos y medios disponibles en la construcción del conocimiento, iniciando desde una descripción reveladora, pasando por un análisis transformador del objeto, hasta alcanzar una comprensión que interiorice la vivencia del otro.
• Una educación con enfoques formativos del ciudadano del siglo XXI: enfoque de ciudadanía activa, enfoque neuroeducativo y enfoque computacional.
• Una educación que apueste por una verdadera descentralización, basada en la asignación y transferencia de funciones y recursos a distintas instituciones, para que, con autonomía e independencia, puedan tomar decisiones de gobierno dentro de sus jurisdicciones. Implementar esto en un país tan diverso geográfica, económica y culturalmente no solo es deseable, sino necesario para fortalecer su unidad.

“Lo que se debe asegurar es que los próximos gobernantes asuman como políticas de Estado las propuestas a las que se arribe, las incluyan en sus planes de gobierno y las sostengan a lo largo del tiempo”.