En riesgo el diagnóstico de la Salud Mental en la Educación

Mientras los candidatos discutían en debates mal estructurados y solo algunos de ellos ponían énfasis en la necesidad de atender los problemas de salud mental en el Perú —donde uno de cada cuatro peruanos experimenta trastornos mentales a lo largo de su vida, cifra que se ha incrementado tras la pandemia con la depresión y la ansiedad—, el Ministerio de Salud (MINSA) reportaba, en 2024, más de 1,3 millones de casos. Frente a esta situación, el Congreso aprobaba la Ley N.° 32575, “Ley que modifica el artículo 25 de la Ley 30947, Ley de Salud Mental, para precisar la competencia de los profesionales de la salud para el diagnóstico”.

El mencionado articulo 25 que se refiere a la competencia profesional para el diagnóstico, nos habla de “la participación” de los profesionales de la salud (entre ellos el psicólogo), según sus leyes de trabajo específicas, la normativa vigente, las normas técnicas internacionales y de acuerdo con lo determinado en el clasificador de cargos del Ministerio de salud para el ámbito público. Allí radica nuestro cuestionamiento de parte de los psicólogos, nosotros “participamos” o “elaboramos” el diagnóstico.

Esta ley merece una mayor revisión y reglamentación. Es bien conocida la escasez histórica de psicólogos en el ámbito educativo; sin embargo, también es cierto que actualmente existen 67.700 psicólogos colegiados y alrededor de 20.000 en trámite de colegiatura, además de un promedio de 120.000 estudiantes que podrían incorporarse a la profesión en los próximos cinco años, según cifras citadas por el especialista en salud pública Rodolfo Ronceros. Con estos datos, se pudo haber formulado una mejor ley, en la que, para el sector educación, tanto colegios públicos como privados contaran con servicios psicológicos adecuados. Asimismo, pudieron considerarse medidas como las siguientes:

1. Ampliar las 4,000 plazas de psicólogos escolares que se aprobaron para el 2025, orientadas a fortalecer la salud mental y la convivencia escolar en colegios públicos.
2. Ampliar la Alianza Minsa-Minedu, a través del programa SERUMS, mediante el cual se destinaron más de 1,200 psicólogos para atender en instituciones educativas públicas en 2025.
3. Incrementar el presupuesto para implementar la ley 31902, cuya meta es contar con al menos un psicólogo por cada escuela de manera progresiva.

A pesar de los esfuerzos del trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Salud (Minsa), actualmente 1.295 psicólogos del programa Serums atienden en 928 instituciones educativas públicas, beneficiando a más de 509.000 estudiantes. Estas acciones se enmarcan en la Ley 31902, que impulsa la presencia progresiva de psicólogos en todas las escuelas. No obstante, la salud mental en los colegios peruanos enfrenta una crisis silenciosa, caracterizada por altas tasas de ansiedad, depresión, acoso escolar (bullying) y violencia, exacerbadas por el consumo de alcohol y estupefacientes, así como por la falta de programas de prevención y atención temprana, el estrés y la deserción escolar.

Por todo lo anterior, la promulgación de esta ley, en los términos publicados, resulta cuestionable. Basta con examinar el enunciado según el cual “el médico cirujano no especialista, según la complejidad del caso, realiza el diagnóstico integral de los problemas de salud mental”. Esto abre la posibilidad de que profesionales no especializados asuman funciones que no les son propias. La analogía resulta evidente: así como no sería razonable que un psicólogo diagnostique una fractura o un hígado graso, tampoco lo es que especialidades ajenas a la salud mental asuman diagnósticos en este campo.

No es sencillo interpretar correctamente una ley. Es necesario comprender no solo lo que expresa el texto jurídico, sino también la razón por la cual se formula, su aplicación y sus límites. Sin embargo, en la práctica —tanto a nivel ciudadano como profesional— se cometen errores que pueden tener consecuencias serias, desde sanciones hasta la pérdida de derechos.

A nivel global, la salud mental en las escuelas atraviesa una crisis creciente. Cerca de uno de cada siete adolescentes, entre los 10 y 19 años, sufre de trastornos mentales, problemática que se ha intensificado tras la pandemia de covid-19. Entre los trastornos más frecuentes se encuentran la ansiedad y la depresión; en la educación superior, además, una proporción significativa de estudiantes reporta síntomas asociados. Los problemas de salud mental y el consumo de drogas representan una carga considerable en términos de discapacidad, con brechas de tratamiento que superan el 70 % en varios países. El incremento de la depresión y del riesgo de suicidio evidencia la necesidad urgente de intervención en las escuelas, y el Perú no es una excepción. Ello exige la participación de profesionales debidamente formados y especializados, no solo en el diagnóstico y tratamiento, sino también en la formulación de políticas y estrategias de intervención.

En este contexto, en el ámbito escolar y socioafectivo, así como en la mediación de la convivencia escolar, los psicólogos cumplen un rol fundamental. Actúan como agentes de cambio, brindan apoyo emocional, contribuyen a la prevención del acoso y del consumo de sustancias psicoactivas, y promueven una transformación de la cultura educativa hacia un enfoque más humano, integral y preventivo.

En este contexto, en el ámbito escolar y socioafectivo, así como en la mediación de la convivencia escolar, los psicólogos cumplen un rol fundamental. Actúan como agentes de cambio, brindan apoyo emocional, contribuyen a la prevención del acoso y del consumo de sustancias psicoactivas, y promueven una transformación de la cultura educativa hacia un enfoque más humano, integral y preventivo.