Estado se atreve a reducir impuestos

Un paso decisivo y valiente, pero falta lo más importante: la reforma del estado

El gobierno acaba de anunciar una audaz reducción de impuestos que beneficiará, según cifras del propio Ejecutivo, a 1´200,000 peruanos. Se reducirá el Impuesto a la Renta de los contribuyentes de cuarta y quinta categoría que ganen desde 7 UIT (S/.26.600) hasta 12 UIT (S/.45.600) al año. La reducción del 15% actual al 8% se efectivizará a partir del 2015.

De otro lado se anunció disminuciones progresivas en los rangos superiores de trabajadores (34 UIT) a los que se aplicaba tasa de 15% . Según cifras del ministro de Economía, Alonso Segura, con estas medidas se colocará en los bolsillos de los ciudadanos cerca de 1,000 millones de soles. Otra de las iniciativas más ambiciosas del MEF es la propuesta de reducir el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que grava las utilidades de las empresas. La tasa pasará del 30% actual hasta un 28% el 2015, 27% el 2017 y 26% el 2019.

En un editorial anterior de este portal (Saludemos a los reformadores) se había sostenido que, de una u otra manera, la desaceleración económica no solo estaba lentificando la reducción de la pobreza y el bienestar de los ciudadanos, sino que estaba creando nuevos consensos alrededor de las reformas que necesita el país para volver a engancharse con tasas de crecimiento por encima del 6% del PBI, una cifra mínima para continuar reduciendo un universo del 23% de pobres. Los anuncios del ministro Segura, a nuestro parecer, apuntan en ese sentido.

Considerando que el Perú tiene una de las tasas más altas corporativas de impuesto a la renta en la región, incluso, en comparación a los países de la OCDE, la  fórmula de una presión del 26% a las ganancias de las empresas en el 2019 se convertirá en un poderoso imán de nuevas inversiones. Con semejante política la economía se transformará un potente engranaje que avanzará en sin cesar.

La emergencia de China, la pujante realidad de Singapur y de la mayoría de los países asiáticos se explica, principalmente, por sistemas tributarios que convocan y promueven la inversión hasta el límite. Igualmente, Chile, nuestro vecino del sur, creció desde los años ochenta hasta inicios de los noventa a tasas por encima del 8% del PBI porque el sistema impositivo fomentaba, por ejemplo,  la reinversión de utilidades.

El espíritu fundamental de los anuncios del MEF pasa por reconocer que el crecimiento y la reducción de la pobreza de la última década tiene en la inversión privada a su protagonista principal. La inversión total del país se ubica por encima del 25% del PBI, pero de esta suma, el 80% es aporte de los privados. ¿Por qué extraña razón, pues, las normas, las sobrerregulaciones y el sistema tributario tienen que ahogar a las empresas que se la juegan por invertir? Esta especie de reflejo condicionado del viejo socialismo estatista tiene que erradicarse de nuestros consensos públicos.

Ahora bien, saludemos a los reformadores como decíamos en nuestro editorial anterior, pero es evidente que si las medidas tributarias no van acompañadas con otras iniciativas igualmente de revolucionarias en la legislación laboral y en una política que elimine la floresta de sobrerregulaciones que han surgido en la última década, los resultados serán mediocres.

La reducción de impuestos es un paso fundamental para combatir la informalidad de la economía, pero este fenómeno social necesita ser combatido por todos los frentes posibles: legislación laboral, procedimientos administrativos en ministerios, regiones y municipios, y una política en la que el Estado sea en verdad el guardián de los ciudadanos y su más diligente servidor. Es decir, reformar el Estado para permitir que la economía libre siga creciendo.