Noticias internacionales escamotean estropicios locales

Más textual no pudo ser, con nocturnidad, a las 21:28 horas del 31 de diciembre, se publicó en edición extraordinaria de las normas legales de El Peruano, el Decreto de Urgencia DU-010-2025, titulado pomposamente como “Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera para la Reorganización Patrimonial de Petroperú SA (PP) y Garantizar la Continuidad de la Cadena de Producción”. 

Tema trascendente no solo en el ámbito económico-financiero, sino también en el político, el jurídico, y el de la gestión de los gobiernos regionales de Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali. El análisis pudo mantener el debate encendido fácilmente más de una semana, pero no pasaron sino tres días para que ocurriese el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, por parte los halcones republicanos liderado por Donald Trump. 

Por supuesto que fue una noticia mundial, continuada por las declaraciones del mandatario americano sobre el control del petróleo venezolano, la intercepción de un barco ruso y la reiteración de tomar Groenlandia por la razón o por la fuerza. En ese contexto los medios audiovisuales y escritos se han llenado de internacionalistas, cada cual con visión más lejana en aguas turbias; y el caso de PP ha sido escamoteado. Corresponde ponerlo nuevamente en la palestra.

Los hooligans del antiestatismo han celebrado el DU, siguiendo solo el principio de ni un dólar más a la petrolera, y de poderse rematar, que de una vez traigan al martillero. En la vereda opuesta, apareció el Comando Sur de la defensa del estado empresario, con el discurso de la seguridad energética y el rol estratégico de PP.

Mi posición es que en este caso no estaré en esas antípodas ideológicas, sino a ser realista de la situación, cosa que vengo reiterando desde el 2022: hay que sincerar cifras y no afectar la caja fiscal ni al Banco de la Nación (BN). Y de ser necesario que los acreedores tomen el control de la empresa, que es manejada por una casta gerencial y que ha pasado desde abril 2022 hasta la fecha por encima de directorios pusilánimes o que no entendían cómo se gestionaba la empresa. 

Hay hartazgo sobre los apoyos brindados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desde mayo del 2022. A la fecha, alcanza la cantidad de 2,550 millones de dólares (MMUS$) de capitalización; de 3,300 MMUS$ en préstamos y según afirmaciones de la titular del MEF, Dennise Miralles, la cobertura por 900 MMUS$ de préstamos otorgados por el BN, garantizados por el MEF e incumplidos por PP; sin siquiera tener un atisbo de avanzar a una solución.

La reacción del MEF al justificado hartazgo se ha expresado en el DU-010-2025, que muestra tres cosas: 

1) Convencimiento de que el mediocre directorio que ha nombrado la ministra Miralles, con su mayoría en la Junta General de Accionistas, no podrá hacer la tarea para iniciar una recuperación de la empresa.

2) Pasarse por encima de la autonomía de la empresa, dándole amplios poderes a Proinversión, una moda retro de los noventa. 

3) Que tiene un desconocimiento absoluto de lo que debe hacerse, planteando la canibalización de la empresa, mencionada por comentaristas financieros que no han indagado cómo se genera renta en PP.

Por otro lado le echa la mano al presupuesto del Ministerio de Energía y Minas (Minem), tomando recursos del Fondo de Electrificación Rural, sin que los ingenieros electricistas del país hagan siquiera una crítica y dispone de 240 millones de soles (MMS/.) para despidos y 144 MMS/. para que Proinversión contrate consultorías que le digan cómo proceder. 

Mi pronóstico es que el directorio actual a lo más despedirá personal, se estima 900 personas; y que Proinversión podrá devolver el Oleoducto Norperuano al Minem, que es el propietario, para que trate de entregar la operación a un privado y vender en tiempo récord inmuebles. Pero no se conseguirá ingresos suficientes para pagar deudas vencidas, servicio de la deudas pendientes, y pagar gastos operativos y de ventas. 

En resumen, el MEF por su DU desinformado, corre el riesgo de paralizar la operación de la empresa, afectando a 15,000 familias de la región Piura que trabajan en torno a los productores de crudo y gas natural de Piura; al concesionario de gas natural, Gasnorp; y las tres concesionarias privadas de servicios auxiliares de la Refinería Talara. El correlato es dejar de recaudar regalías, con la afectación al canon y sobrecanon que reciben Piura y Tumbes, respectivamente.