Elecciones 2026: entre la seguridad y el caos

Muchos coinciden en una afirmación tajante: la inseguridad ciudadana ha dejado de ser un problema exclusivo de la policía para convertirse en el principal lastre de nuestra economía. Cuando una empresa —desde la gran minera hasta la ferretería del barrio— debe destinar un porcentaje altísimo de sus ingresos a protegerse de la criminalidad, ese dinero deja de invertirse en innovación, infraestructura y, lo más grave, en empleos. La inseguridad es, en la práctica, un impuesto invisible y violento que, ante la incapacidad o anuencia de la administración estatal, estamos pagando todos con el costo de vida y la falta de oportunidades.

Este panorama de incertidumbre se ha agudizado con el reciente relevo en la máxima magistratura del país. El paso de una gestión a otra -que muchos ciudadanos ya califican con amargura como un tránsito de “Guatemala a Guatepeor”- ha puesto el destino de la transición en manos de una figura elegida por el Congreso que, lejos de ofrecer calma, representa propuestas de una izquierda extrema. Su llegada no solo añade una capa de inestabilidad ideológica, sino que deja en evidencia la orfandad de liderazgo: tenemos un Ejecutivo que, por su naturaleza accidental y sus posturas radicales, poco o nada puede aportar para frenar la hemorragia de inseguridad que asfixia al país.

Hablar de "estabilidad económica" en un país donde un emprendedor debe pagar cupos para que no incendien su local es, cuando menos, un acto de cinismo. A menudo escuchamos a los analistas hablar de cifras macroeconómicas, pero olvidamos que la economía real se mueve sobre dos pies: la confianza y la seguridad. Hoy, ambos están fracturados. El miedo no solo espanta al gran inversor extranjero; aniquila el espíritu del microempresario peruano, aquel que es el verdadero motor de nuestra resiliencia.

El inicio del año escolar nos recuerda esta urgencia desde otra arista: la fuga de talento. ¿De qué sirve formar profesionales si el mercado que los espera está secuestrado por el miedo? El capital es miedoso por naturaleza, y la falta de una estrategia clara de seguridad actúa como un repelente para la inversión. Nadie apuesta su patrimonio donde el Estado ha cedido el control de las calles a las mafias transnacionales.

Por ello, la propuesta más seria en este escenario electoral no será la que prometa más bonos o subsidios, sino la que garantice el imperio de la ley. Sin embargo, el desafío para el elector será distinguir entre el estruendo mediático de las promesas populistas y la viabilidad técnica de los planes de gobierno.

Si reducimos las propuestas a los bloques dominantes, vemos enfoques que intentan atacar el síntoma pero que, por separado, parecen insuficientes para la magnitud de la crisis:

• La derecha. Centra su discurso en la recuperación de la autoridad como paso previo a la reactivación. Su narrativa de "mano dura" propone el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, mega-penales y el endurecimiento de penas. Su premisa es clara: ¡Sin orden, el capital no arriesga! Ven al Estado como un facilitador que debe apartar la burocracia y el crimen para dejar fluir la inversión privada. Sin embargo, su reto es demostrar cómo evitar que la "mano dura" se convierta en abuso o en una solución temporal sin sostenibilidad institucional.
• La izquierda. Vincula la inseguridad a la desigualdad y la corrupción estructural. Su enfoque es preventivo; plantean que la delincuencia es síntoma de un Estado ausente. Proponen reformas profundas en la PNP y, en sectores radicales, medidas extremas como la pena de muerte. En inversión, buscan cambiar las reglas del juego: revisión de contratos y mayor presión tributaria bajo la premisa: ¡La inversión solo es válida si genera bienestar social inmediato! Su desafío es convencer de que sus reformas no ahuyentarán lo poco que queda de estabilidad antes de ver los resultados sociales. Esta preocupación no es teórica: hoy, con el control del Ejecutivo en manos de este bloque por vía parlamentaria, el temor a la revisión de contratos y a la presión tributaria ha pasado de ser una amenaza electoral a una incertidumbre de gobierno inmediata."

El próximo gobierno no tendrá el lujo de elegir solo un riel. La seguridad sin inversión nos condena a una pobreza vigilada; la inversión sin seguridad nos mantiene en un estado de extorsión permanente. No basta con meter delincuentes a la cárcel si el sistema judicial es una puerta giratoria, ni basta con atraer mineras si las carreteras están tomadas por economías ilegales.

El compromiso del elector este abril va más allá de un nombre o un color político. Se trata de exigir un plan integral que entienda que el Poder Judicial y el Ministerio Público son tan responsables de la seguridad como el policía en la esquina. El 'binomio inseparable' requiere un Estado que recupere su monopolio de la fuerza, pero también su eficiencia administrativa.

La estabilidad del país no admite más ensayos ni aprendizajes sobre la marcha. Tras el reciente ascenso de liderazgos improvisados que solo parecen profundizar el caos, el futuro se juega en una sola capacidad: la de devolverle al ciudadano la paz de caminar sin mirar atrás y al emprendedor la confianza de que su esfuerzo no terminará en manos de una organización criminal, o de un Estado que se vuelve cómplice por su propia inacción. Este abril, el voto no será solo una preferencia política, sino un acto de defensa propia contra un sistema que ha preferido cambiar los cimientos bajo el riesgo de que todo se derrumbe.