El monopolio del uso legítimo de la fuerza física

El 5 de marzo de 2023, en la región Puno, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, una patrulla del Ejército Peruano fue rodeada y perseguida por un grupo de manifestantes que la atacó con piedras, hondas y otros objetos contundentes. Ante la agresión y sin autorización para utilizar armas de fuego, los militares se vieron obligados a retroceder y buscaron cruzar el río Ilave para evitar ser alcanzados por sus perseguidores.

Durante el cruce, varios soldados, en su mayoría menores de 25 años, fueron arrastrados por la corriente. Seis de ellos fallecieron ahogados. Otros fueron posteriormente agredidos por los manifestantes. Ninguno de los efectivos hizo uso de su armamento. Hasta la fecha, no se conoce la existencia de condenas firmes ni de responsables plenamente identificados y sancionados por estos hechos.

Semanas antes, el 9 de enero de 2023, en la ciudad de Juliaca, el suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú José Luis Soncco Quispe, de 29 años, murió tras ser atacado e incendiado dentro de su patrullero. Su compañero, Ronald Villasante Toque, logró sobrevivir.

Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 se registraron 18 ataques o intentos de toma de aeropuertos, además de numerosos actos de violencia contra comisarías, sedes judiciales e infraestructura pública. Durante ese periodo se abrieron investigaciones fiscales y se realizaron algunas detenciones; sin embargo, diversas organizaciones de seguimiento judicial y reportes periodísticos han señalado la lentitud de varios procesos y la falta de responsables plenamente individualizados en numerosos casos.

Los ataques alcanzaron instalaciones estratégicas en distintas regiones del país. En el Aeropuerto de Andahuaylas se reportaron daños en la pista de aterrizaje, equipos de navegación, salas de transmisión, depósitos de combustible e infraestructura aeroportuaria. De manera simultánea, también fueron objeto de acciones violentas el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete del Cusco, el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa y el Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte de Ayacucho. Asimismo, se registraron más de cuarenta ataques contra dependencias policiales, varias de las cuales fueron incendiadas.

Frente a estos acontecimientos surge una pregunta de fondo: ¿debía el Estado permanecer como espectador ante la destrucción de aeropuertos, comisarías e infraestructura pública, o tenía la obligación de intervenir para restablecer el orden y proteger bienes esenciales para la sociedad?

El sociólogo alemán Max Weber sostenía que aquello que distingue al Estado de otras organizaciones es su capacidad de reclamar con éxito el monopolio legítimo del uso de la fuerza dentro de un territorio determinado. Desde esta perspectiva, la preservación del orden público constituye una función esencial de cualquier democracia.

Quienes cuestionan la actuación de las fuerzas del orden sostienen que durante los conflictos sociales se han producido excesos que deben ser investigados y sancionados. Sin embargo, otros sectores consideran que existe una tendencia a concentrar la atención únicamente en la actuación de policías y militares, relegando a un segundo plano la responsabilidad de quienes promovieron o ejecutaron actos violentos. Este debate ha estado presente en diversos procesos judiciales vinculados a operaciones de control del orden interno, a la protección de infraestructura estratégica y a episodios de la lucha contra el terrorismo.

El Perú enfrenta nuevamente el riesgo de escenarios de polarización y conflictividad política. Si determinados actores decidieran desconocer resultados electorales adversos, el país podría verse expuesto a nuevas jornadas de violencia y confrontación. La experiencia de otros países de la región demuestra que la erosión de las instituciones democráticas suele comenzar cuando se rechazan las reglas del sistema electoral y se busca imponer posiciones mediante la presión o la fuerza.

Por ello, la autoridad democrática debe actuar con firmeza dentro del marco de la ley. La debilidad institucional puede convertirse en un incentivo para que grupos violentos escalen sus acciones sin temor a consecuencias. La defensa de aeropuertos, comisarías, carreteras, instalaciones estratégicas y demás bienes públicos forma parte de las obligaciones fundamentales del Estado.

El monopolio legítimo de la fuerza no constituye un privilegio arbitrario, sino una herramienta indispensable para garantizar la convivencia social y proteger los derechos de los ciudadanos. En una democracia, la violencia política no puede convertirse en un mecanismo aceptable para imponer objetivos o desconocer la autoridad legítimamente constituida. Defender el Estado de derecho implica también respaldar a quienes, dentro de la ley, tienen la responsabilidad de preservarlo.