El Congreso de la desvergüenza

Sin duda alguna, se trata del peor Congreso de nuestra historia republicana. Algunas voces dicen que es un Congreso para olvidar. Pero es exactamente lo contrario. No solo no debe ser olvidado sino que debe ser motivo de investigación, estudio y ejemplo de lo que nunca debió haber sido. Las universidades cuyos egresados exhiben títulos que valen más que la cartulina, deben fomentar que tesis y trabajos de investigación se ocupen precisamente de esta etapa aberrante por ser historia viva del Perú y cuyo modo de ser y actuar se ha trasladado en parte preocupante al nuevo Congreso. Nada de esto quiere decir que los demás sectores del Estado se han comportado impecablemente en el quinquenio. Con las excepciones que siempre se encuentran, han compartido mucho de lo que representa el Congreso. 

Su conformación fue producto de la pésima legislación electoral que hace que los partidos políticos no sean representativos de sectores de opinión, geográficos, sociales o de cualquier otro tipo. Son cacicazgos con dueño y en vez de filtros que inhiban la participación de delincuentes, ignorantes, incompetentes o indeseables de toda laya, sean más bien aspiradoras de quienes ponen dinero, a veces mucho, para acercarse al poder que usarán en su propio beneficio. No sorprende entonces que los cambios de camiseta terminen pareciéndose a una orgía de fin de carnaval con demasiado trago y droga. 

Para aterrizar los conceptos contenidos en la calificación de desvergüenza, conviene consignar algunos casos emblemáticos de modo que no se diga que son meras acusaciones fantasiosas. Casi no hubo día o semana de este interminable quinquenio, en que congresistas o el Congreso no cometieran actos individuales, actividades grupales y decisiones mayoritarias que llamaban al escándalo, el repudio y la frustración de los peruanos que no se reconocieron en ellos y nunca les asignaron más de un dígito de aceptación. 

Para empezar, en el Congreso no concluyó la pandemia. Descubierto el encanto de la virtualidad, las cada vez más ralas sesiones de plenarios y comisiones eran segmentos privilegiados de la TV del Congreso. ¿Alguna otra institución del Estado o empresa privada pudo darse ese lujo? Obviamente, no; pero ello tampoco impidió sus quejas de exceso de trabajo. Las Comisiones convocaban a medio mundo; pero la TV solo enfocaba a los convocados, al Presidente y su asistente. Tanta sala para tan pocos congresistas. Ociosos. Los parlamentarios andinos no dieron ningún problema. No lo dieron, porque no sirven para nada y son apenas cinco privilegiados que reciben todos los sueldos y beneficios de los congresistas, tienen asistentes, viajes y gastos de representación. ¿Cuándo serán designados entre los parlamentarios y le ahorrarán al pueblo millones que pueden servir para cubrir muchas necesidades reales? Basta de canonjías para los engreídos de los dueños de los partidos. 

Se mantuvieron las “semanas de representación” establecidas en un Reglamento que señala como su propósito: Mantener comunicación con los ciudadanos y organizaciones sociales. ¿Siendo representantes de departamentos, ahora infames “regiones”, quién decide a qué ciudadanos y organizaciones deben contactar? ¿Y alguien puede creer que sus “informes de actividades” tienen algún interés? Conocer sus preocupaciones y necesidades. Se supone que por conocerlas es que fueron elegidos ¿O es que esas cambian cada mes?  Atender denuncias debidamente sustentadas. ¿Y para qué sirve el Ministerio Público? Fiscalizar a las autoridades. ¿Será que habrán denunciado a alguna? Mediar entre la población y las entidades del Poder Ejecutivo. ¿Qué diablos puede ser eso? Visitar ministros para decirles que se necesitan caminos, salud, educación, seguridad, empleo y más?  Bueno, es cierto que la familia, los amigos y los negocios son muy importantes. Podrían ser dos semanas. Nadie se dará cuenta.

Como corresponde a la picaresca predominante, se inventaron lemas como “servimos a la nación”, “puertas abiertas al pueblo”, “diálogo para el consenso” y ahora “firmeza y seguridad”. ¿Qué habrán querido decir? La nación no fue obviamente la peruana. El pueblo deben ser los amigos, parientes, lobistas y otros oscuros personajes que entraban como Pedro por su casa. Y el diálogo, vaya que sirvió para cometer todo tipo de tropelías. Finalmente, la firmeza debe ser la de persistir en el error y la seguridad la de que han consolidado su impunidad. En suma, está acabando un mercado negro donde lo imposible no existía, lo deseable fue prohibido y lo correcto no se conoció o se vio muy poco. Lo esencial fue precipitación, incompetencia, aprovechamiento personal, ignorancia, traiciones, ventas, acuerdos bajo la mesa, trafas, nepotismo, derroche y oportunismo. Ni ideologías ni principios tuvieron peso en los comportamientos. No tuvimos un Congreso con majestad, decoro, dignidad, pundonor y más bien cero patriotismo y asqueroso desprecio al pueblo peruano. Coherentes como nadie ponen a José Jerí de Presidente de la República, lo vacan luego por incapacidad moral permanente y, a días de cerrarse, lo condecoran con la Gran Cruz del Congreso. ¿Y quieren que se les entienda y respete?

Los individuos. Empecemos por la inmortal orden de María Cordero Jon Tay de Fuerza Popular a uno de los funcionarios que hizo designar: “Vamos al cajero de una vez”. Esta actuación de los “mochasueldos” alcanzó gran popularidad entre muchos congresistas que de una u otra manera se arreglaron para quedarse con parte de los emolumentos de los siete asesores y asistentes a los que tenían “derecho”. Veamos, 130 x 7 son 910 ahijados, amigos, compadres y otros seres queridos, “necesarios” para que los congresistas presenten los proyectos de Ley más descabellados, inútiles, dañinos, anticonstitucionales y favorables a grupos o personas. ¿Se conocerá algún día el número de “trabajadores” que mantenemos para que el Congreso haga las cochinadas que hace?

Los Niños. Amable designación a un grupo de congresistas de Acción Popular. Tras cinco años lo siguen siendo y lo serán pues parece ser su naturaleza.  Freddy Díaz de Alianza para el Progreso, violó en su oficina a una trabajadora, debidamente protegido por “su seguridad” que impidió que el novio pudiera socorrer a la víctima que gritaba desesperadamente. El Congreso lo protegió por largos meses hasta que no le quedó más remedio que entregarlo a la justicia. La prostitución: se habría organizado con presupuesto público, una red de trabajadoras sexuales para atención de los congresistas. Andrea Vidal, asesora del Jefe de la Oficina Jurídica y Constitucional del Congreso, comandaría el grupo. Fue salvajemente asesinada y hasta ahora no se conoce exactamente cómo habría funcionado la red y los funcionarios comprometidos. La Fiscalía investiga y debe mostrar resultados. Rosselli Amuruz organizó una gran fiesta durante la pandemia de covid, con restricciones sanitarias y, al parecer, hasta con un muerto. 

Tráfico de influencias. Buen número de congresistas frecuentaba los ministerios y otras instituciones públicas con el objeto de “colocar” familiares y amigos con amenazas a quienes se resistieron a satisfacer sus ilegales pedidos. Freddy Díaz Monago Alianza de Para el Progreso cumple 18 años de prisión por violación sexual agravada. Wilmar Elera de Somos Perú fue condenado a 6 años por colusión agravada y se encuentra prófugo. Luis Picón de Podemos Perú recibió 4 años de prisión suspendida por negociación incompatible. Darwin Espinoza y Raúl Doroteo de Acción Popular fueron condenados por difamación agravada y a pena suspendida por falsedad genérica, respectivamente. Pasión Dávila, ejemplo de coraje, golpeó por la espalda a un congresista y corrió todo el hemiciclo para refugiarse entre los suyos. Lucinda Vásquez Vela de Perú Libre se hacía cortar las uñas de los pies por sus asistentes.  Alejandro Soto, periodista que se entrevistaba a sí mismo, llegó a Presidente del Congreso donde sufrió de mutismo por un año y aprobó una ley penal de la que, oh coincidencia, fue su primer beneficiado. Igual lo acompañan decenas de denuncias y procesos como también a muchos otros ex congresistas. La cereza del pastel fue la condena a 15 años de prisión al congresista Guillermo Bermejo por afiliación a organización terrorista.  

Las leyes controvertidas. Ningún Congreso en doscientos años de vida republicana ha aprobado tan enorme número de normas cuestionadas por los expertos y organizaciones nacionales e internacionales por ser nocivas a la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y más bien favorables al crimen organizado y las economías ilegales. La influencia de estas en el Congreso es evidente con leyes que protegen la minería ilegal; desfavorables a la administración de justicia y contrarias al interés nacional y la seguridad de la población. Con la elección del Presidente Castillo se inició un proceso de aceptación de leyes inconstitucionales y a su legítima vacancia por su frustrado golpe de Estado, su sucesora carente de cualquier carisma, apoyo y ganada por la frivolidad aceptó firmar no pocas leyes anticonstitucionales o dejar que lo hiciera el Congreso, sin presentar ningún caso al Tribunal Constitucional que, por su parte, dio una sentencia que abrió la puerta a la borrachera populista del Congreso y que, felizmente ha sido revertida recientemente. En su incurable descaro, a pocos días de irse aprueban una ley de impagables créditos suplementarios de opaco destino y otra de populismo laboral que afectará al conjunto de la economía y especialmente la de los pequeños y medianos negocios. Y hasta el último minuto harán aún más daño al país y al pueblo porque no saben hacer otra cosa.  Queda al gobierno entrante disponer con enorme firmeza, como la que mostraron hace casi tres décadas los Ministros Hurtado Miller, Bologna y Camet,  lo que fuere necesario para que el peso del gasto público indebida e ilegalmente aprobado por el Congreso no ahogue sus posibilidades de hacer de inmediato lo imposible para proteger al país del fenómeno de El Niño, enfrentar la creciente criminalidad, dar gigantesco impulso a la infraestructura nacional y emprender indispensables reformas en casi todos los sectores del Estado. 

En el lado positivo, las elecciones generales han dejado fuera del escenario a buen número de partidos políticos y, especialmente,  a no pocos “políticos” controvertidos por sus decisiones favorables a sus negocios y negociados, las economías ilegales, las alianzas contra natura, la compra venta de votos, los cambios de partido, los nombramientos que imponían al Ejecutivo, el derroche inédito de fondos públicos, las contrataciones de todo tipo de consejeros, asesores, asistentes y la impúdica distribución de bonos, aguinaldos, aumento de sueldos, viajes, y cuánto les dio la gana, duplicando su presupuesto en menos de diez años con un rendimiento inversamente proporcional. Nadie los va a extrañar. Debe también reconocerse que, lamentablemente un importante grupo de congresistas preparados, decentes y comprometidos con el país no fue reelegido para el nuevo Congreso Bicameral. 

No pocas de las taras de los últimos Congresos se están trasladando al nuevo. Cierto es que se han producido modificaciones que impedirían sobresaltos como cambiar de Presidentes más que de ropa interior y otras barbaridades. Pero como ciudadanía deberíamos haber ya aprendido que no se les puede quitar los ojos de encima. Con no pocos buenos parlamentarios, han llegado también condenados, terroristas, representantes de las economías ilegales y otros pájaros de cuidado. No podemos confiar plenamente en sus autoridades, sus comisiones de ética, economía y otras; teniendo presente que la confianza no se pide, se gana y se cuida. Por ello, primero las pruebas.  

Sería deseable, pero tendría que demostrarlo, que el Congreso por instalarse sea representativo. No sólo en términos de región, antes departamento como lo sigue siendo con distinto nombre y más derroche y corrupción. Se trata de representación en el sentido de personas elegidas para que actúen en nombre de sus electores y en función de los intereses de éstos. Repito, los intereses de los electores, no los de su partido o los suyos propios.  Ello implica conocer sus necesidades mediante diálogo abierto y permanente, rendir cuenta periódica de su actuación y tener en cuenta sus opiniones en el proceso de formación de Leyes. Sin ello, la democracia será sólo una formalidad, frágil, acosada e ineficaz. 

Pero también es deber ciudadano en democracia reclamar sus derechos y cumplir sus obligaciones. Una sociedad que se acostumbra a hacer lo que le parezca no es democrática sino caótica. La primera es pagar los impuestos que le correspondan. En el Perú, hay que entenderlo, hasta la persona más pobre paga impuestos y es necesario que tenga plena conciencia de ello para acabar con la estupidez de que la corrupción le roba al Estado o a la Municipalidad. La corrupción roba a las personas y más a quienes menos tienen. El Estado se dota de recursos mediante “impuestos” o sea que no son contribuciones voluntarias. Y los debe administrar con probidad y eficiencia. La corrupción es el hilo conductor que vincula a todos los males del país. En consecuencia, no puede haber progreso y bienestar si los recursos van a los bolsillos de las autoridades de todo nivel, tipo, ubicación y a sus cómplices y no a atender las necesidades del pueblo que pone el dinero. No puede haber seguridad, salud, educación, infraestructura y progreso si no se combate la corrupción. Por ello, es deber de los ciudadanos interesarse en la política, estar atentos a las decisiones que adoptan las autoridades, organizarse para solicitar la atención de sus necesidades o protestar pacíficamente ante el descuido de éstas. 

El Congreso tiene claras responsabilidades establecidas por la Constitución y las Leyes. Sus miembros son representantes del pueblo y su actuación debe ser transparente. Y el pueblo tiene el derecho y el deber de fiscalizar la actuación de sus representantes porque para que esta sea adecuada es que se les está pagando. Ninguna autoridad regala nada. Todo el dinero del Estado proviene del esfuerzo y la tarea de personas como trabajadores, profesionales, emprendedores, comerciantes o de la actividad lícita a la que se dediquen. Y no olvidemos que las economías ilegales engreídas de tantos congresistas no pagan ni un sol de impuestos. Si el Congreso lo entiende así, en buena hora. Pero nuestro derecho a conocer lo que hacen es inembargable. Por ello, preparémonos a ejercerlo porque las autoridades que elegimos son también seres humanos y la tentación de abusar del poder existe. 

En el Siglo XIX, Lord Acton dijo en el hoy Reino Unido: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. ¿No es eso lo que hemos visto en la actuación del Congreso que concluye habiéndose ganado a pulso el desprecio del pueblo peruano? Entonces, no los olvidemos; tengámoslos presentes como ejemplo de lo que no se debe hacer. Sigamos con interés el accionar de la Justicia con la que tienen tantas cuentas pendientes. Y con el nuevo Congreso y el Gobierno en general y los que vendrán en Octubre con las elecciones regionales y municipales, lo mismo: vigilancia ciudadana permanente.  

Los hemos elegidos para que actúen en favor de nuestros intereses, los nuestros, los de 34 millones de peruanos que les pagamos por el trabajo que deben hacer. Entonces, háganlo porque estaremos atentos a cada decisión, nombramiento, actividad y gasto. Y estaremos dispuestos a actuar porque ya estamos cansados de los cuentos que nos cuentan hace dos siglos y de que nos roben, desprecien y maltraten. Cumplan su deber y los reconoceremos. Traicionen los juramentos que harán y nos tendrán al lado de la Policía, el Ministerio Público y la Justicia. Tenemos millones de ojos y los estaremos mirando todo el tiempo. Ya es hora de que nos miren. Eso es también la democracia.