El triunfo de Keiko Fujimori en el sur

En la segunda vuelta de las elecciones de 2021 frente a Pedro Castillo, Keiko Fujimori obtuvo en Cajamarca el 28.7% de los votos, en Cusco el 16.8% y en Puno el 11.7%. Cinco años después, según la ONPE, alcanzó el 33.23% en Cajamarca (5% más), el 24% en Cusco (7% más) y el 22% en Puno (10% más). El total de votos a favor de Keiko en 2021 en estas tres regiones fue de 406,437, frente a los 714,000 obtenidos en 2026; es decir, sumó 308,000 votos adicionales este año. ¿Es acaso una exageración afirmar que esta modificación le dio el triunfo a Keiko?

Esta muestra de tres regiones del sur indica no solo una tendencia alcista del fujimorismo, sino también un evidente deterioro de la izquierda tras la pésima elección de Castillo en 2021. Sin embargo, estos resultados aún están muy lejos de los obtenidos por Alberto Fujimori en las elecciones de 1995, cuando venció con el 69% en Cajamarca, el 56% en Cusco y el 52% en Puno. Ello comprobaría que el voto en la sierra no responde necesariamente a una ideología o doctrina comunista, sino al abandono y la corrupción de gobiernos de izquierda que, coludidos con la llamada prensa caviar, ganaron la batalla semántica, eludiendo sus responsabilidades y atribuyendo al fujimorismo todos los males del país.

La explicación de la pérdida de esos 308,000 votos por parte de la izquierda en estas tres regiones puede encontrarse en el desastre de los gobiernos regionales, todos ellos identificados con ese sector político. Roberto Sánchez fue el primer ministro de Comercio Exterior y Turismo de Pedro Castillo y responsable directo de la catástrofe sufrida por el sector turístico. En Cusco, por ejemplo, durante su gestión como ministro de Cultura, la venta de entradas a Machu Picchu, nuestro principal destino turístico, pasó a ser asumida directamente por el Ministerio de Cultura. Hoy, las colas, la reventa y las largas esperas que obligan a una permanencia forzada en Aguas Calientes o en Ollantaytambo han deteriorado la competitividad de Cusco como principal destino turístico del país. A ello se suma la reducción de recursos destinados a PromPerú para la promoción internacional del turismo. El turismo cusqueño está en crisis. Cusco conoce a Sánchez, ha sufrido en carne propia la ineptitud de este burócrata y lo ha castigado retirándole su apoyo. La narrativa de la izquierda se desgastó y su palabra se fue devaluando. Keiko no fue responsable de dilapidar los S/ 2,300 millones del canon minero y gasífero que recibió Cusco el año pasado.

El verdadero desastre del Perú comenzó con la regionalización impulsada durante el gobierno de Alejandro Toledo. El año pasado, por ejemplo, del presupuesto público de S/ 251,801 millones, el 36% fue transferido directamente a regiones y municipios. Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas señala que, considerando transferencias posteriores —canon, programas e inversiones descentralizadas, entre otros mecanismos—, las regiones y municipios pueden terminar administrando o beneficiándose de más del 45% de los recursos públicos. ¿Están los gobiernos regionales y las municipalidades en capacidad técnica y moral para gestionar los más de S/ 113,000 millones que reciben? Las competencias transferidas a los gobiernos regionales han permitido, en la práctica, dilapidar un “botín” sin control efectivo. Recordemos que el 80% de estos recursos proviene del sector privado, al que la izquierda responsabiliza de todos los males sin reconocer su propia y gravísima responsabilidad. Es inadmisible que Sedapal, empresa estatal monopólica, mantenga sin acceso al agua potable a tres millones y medio de peruanos, mientras Petroperú ha desperdiciado miles de millones de dólares con el aplauso de sus sindicatos.

La oportunidad de crecer y derrotar la pobreza sigue vigente. Los precios de los minerales y el manejo macroeconómico constituyen fortalezas que debemos aprovechar. Es inadmisible que en veinte años el gasto corriente haya alcanzado los US$ 90,000 millones como consecuencia de un Estado sobredimensionado. Se requiere un shock de inversión. En seis meses debería ampliarse la red de agua potable y alcantarillado para atender a los más de tres millones de peruanos que aún carecen de estos servicios. Asimismo, resulta indispensable reformar y ampliar el sistema penitenciario, reformar la administración de justicia y el sistema sanitario, impulsar proyectos de infraestructura, especialmente en las zonas andinas, y revisar el proceso de regionalización. Debemos recuperar competencias transferidas a las regiones que, en la práctica, han fracasado y fomentado la corrupción y el clientelismo. Gobernar para todo el Perú, más que un propósito, debe traducirse en un shock de infraestructura y en una prioridad nacional impostergable. La narrativa de la izquierda debe ser derrotada con hechos y no con relatos. Un equipo humano profesional puede lograrlo.

Tenemos la gran oportunidad de convertirnos en los tigres de Latinoamérica. Aprovechémosla.