¿Los organismos internacionales responden a nuestras necesidades?

Todo organismo multilateral encuentra su legitimidad en la finalidad que justifica su existencia. La cooperación entre los Estados no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para promover la paz, fortalecer la democracia, la dignidad humana, los derechos humanos y el bien común. Cuando ese propósito pierde claridad, el riesgo no es únicamente institucional: el multilateralismo puede terminar alejándose de las personas a las que está llamado a servir.

La 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada recientemente en Panamá, dejó una reflexión inevitable. Mientras nuestros países enfrentan desafíos como la inseguridad, la corrupción, la pobreza y las crisis democráticas e institucionales ¿están los principales foros multilaterales del continente concentrando sus esfuerzos en responder a los problemas reales de nuestros países o, por el contrario, destinan buena parte de sus debates a la incorporación de conceptos ideológicos ambiguos y agendas políticas ajenas al bien común?

Uno de los desafíos identificados durante la Asamblea fue el nuevo formato del diálogo con la sociedad civil. Las intervenciones estuvieron condicionadas por preguntas previamente elaboradas por la propia OEA, varias organizaciones acreditadas tuvieron restricciones de acceso a las sesiones plenarias y una delegación denunció un trato desigual en el uso del tiempo de intervención, pues mientras a algunos participantes se les permitió exceder el límite establecido, a otros incluso se les apagó el micrófono. Si la participación de la sociedad civil es un pilar del sistema interamericano, corresponde preguntarse si estos mecanismos garantizan un diálogo verdaderamente abierto, representativo e igualitario.

El aspecto más relevante que invita a la reflexión se dio durante el seguimiento de las negociaciones. Aunque el tema central de la Asamblea fue el fortalecimiento del multilateralismo y la seguridad hemisférica, parte de las negociaciones giró en torno a la intención de incorporar de expresiones como "interseccionalidad", "política de género", "desinformación", "información errónea" y "discurso de odio". El problema no radica únicamente en los términos, sino en su ambigüedad y en el riesgo de que, bajo distintas interpretaciones, terminen justificando restricciones a la libertad de expresión o desplazando del centro del debate las verdaderas prioridades de la región y los principios que sustentan el sistema interamericano: la dignidad inherente de la persona humana, la familia, las libertades fundamentales.

En este contexto, la participación de algunas delegaciones de los Estados y organizaciones de la sociedad civil desempeñó un papel relevante, contribuyó a que expresiones como "desinformación" e "información errónea" no fueran incorporadas en el texto final, evitando que pudieran servir como fundamento para restringir la libertad de expresión y el pluralismo legítimo. Asimismo, algunos Estados formularon reservas conforme al derecho internacional para precisar el alcance de disposiciones ambiguas, asegurando que los compromisos internacionales se interpreten de manera compatible con sus constituciones, su soberanía y la protección de la dignidad humana.

El verdadero desafío del multilateralismo no consiste únicamente en alcanzar acuerdos entre los Estados, sino en preservar su finalidad: servir a la persona humana y promover el bien común. Los organismos internacionales fortalecen su legitimidad cuando favorecen una participación plural de la sociedad civil, emplean un lenguaje jurídicamente preciso y orientan sus deliberaciones hacia las necesidades reales de nuestros pueblos. En un continente que enfrenta profundas crisis sociales, institucionales y democráticas, mantener a la persona en el centro del derecho internacional constituye no solo un principio humanista, sino también una condición para que la cooperación hemisférica responda eficazmente a los desafíos de nuestro tiempo.