La gran estafa roja

En la columna de esta semana deseo hacer una crítica, somera pero rotunda, al nefasto plan de gobierno, retocado y rediseñado estas últimas semanas por la izquierda. En este caso me voy a concentrar exclusivamente en sus propuestas en el plano económico. Además de que cuentan con asesores deplorables, como Pedro Francke u Oscar Dancourt, las propuestas que ofrecen a los ciudadanos demuestran su incansable manía por la estafa, la demagogia y su poco sentido común.

Comencemos. El plan de gobierno de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, que lleva el rótulo de “Nuevo proyecto para el Perú”, aparentemente ha sido construido con “aliados” de partidos como Ahora Nación y Obras, y representa una versión edulcorada y electoralista de propuestas históricamente intervencionistas y anticapitalistas del partido. Esta es una versión “moderada”, pero que sigue demostrando su vocación estatista en la esfera económica. Su diagnóstico acusa al “modelo neoliberal” de todos los males, pero las supuestas “soluciones” combinan retórica de estabilidad macroeconómica con intervencionismo estatal, populismo distributivo y desconfianza en el mercado que, de aplicarse consistentemente, amenazarían la frágil recuperación peruana y repetirían errores más que probados en América Latina. 

Para empezar, propone el típico populismo salarial y laboral sin anclaje productivo. JP propone elevar progresivamente la Remuneración Mínima Vital a S/1.500, junto con un énfasis en “empleo digno” y mayores derechos laborales. En un país con más de 65% de informalidad y baja productividad es un clásico error distributivo previo a la generación de riqueza. Subir el salario mínimo por decreto aumenta costos laborales para las formales (que ya cargan con altos costos no salariales) y expulsa a más trabajadores al sector informal, donde no hay protección alguna. La evidencia empírica de América Latina (junto con estudios del Banco Mundial y el propio MEF) muestra que estos aumentos abruptos reducen el empleo formal neto, especialmente en regiones y sectores de baja productividad. Sin reformas estructurales tendientes a mejorar la flexibilidad laboral, reducir la tributación y mejorar la formación, sólo es demagogia. La elevación nominal del salario mínimo genera inflación de costos y más pobreza “invisible”, prometerlo como una panacea es populismo barato. Es un intervencionismo disfrazado de “economía popular” e industrialización forzada. Los pseudo economistas de JP hablan de “revolución productiva sostenible”, crear 10 complejos industriales descentralizados, diversificación, fortalecimiento de agricultura familiar y las MYPES. Suena bonito, pero se ignora por qué el Perú no lo ha logrado en décadas: instituciones débiles, capital humano deficiente, inseguridad jurídica y costes de transacción altísimos. 

El Estado peruano ha demostrado incapacidad crónica para “pick winners” (ganadores industriales). Crear complejos descentralizados vía gasto público o subsidios masivos generaría elefantes blancos regionales, corrupción y distorsiones enormes. La historia peruana (y de otros países como Venezuela, Argentina o Bolivia) están llena de fracasados intentos estatales de industrialización que terminaron en ineficiencia, deuda y fuga de capital. Confiar en “saberes ancestrales” e innovación tecnológica estatal es romanticismo que choca con la realidad de productividad. Mantienen el diagnóstico anti-extractivista y promueven impuestos a “sobreganancias” (aunque esto lo han moderado en la versión nueva). Esto desincentiva la inversión minera e hidrocarburos, principal motor de divisas, recaudación y el canon regional. Sin inversión privada masiva en exploración, la producción caerá en pocos años, hundiendo finanzas públicas y reduciendo el dinero de las regiones. El gasto público expansivo buscaría crear “estabilidad” meramente retórica. Prometen estabilidad macro, respeto al Banco Central y reglas fiscales estrictas, pero al mismo tiempo implementar masivos programas contra el hambre (ampliación de programas como Juntos o Pensión 65), obras paralizadas por decreto, inversión rural masiva, subsidios a combustibles, transporte barato, etc. Esto es incompatible sin mayor presión tributaria o mayor déficit, ambos perjudiciales, por cierto. 

La “reforma tributaria progresiva” (clásica jugada de la izquierda) suele traducirse en más impuestos a empresas y ricos, ahuyentando la inversión. Perú ya tiene problemas de recaudación baja por informalidad y evasión; castigar a los formales empeora el problema. El resultado es previsible; un mayor gasto estructural, presión sobre el BCR o deuda creciente. La “estabilidad” que prometen los zurdos es de labios para afuera; el espíritu ideológico del partido (plan original era mucho más explícito) es de un Estado expansivo. 

JP genera desconfianza en la inversión privada y riesgo de expropiaciones, eso es un hecho. Aunque la versión del plan para la segunda vuelta moderó el lenguaje, el plan original hablaba de control estatal en sectores estratégicos, renegociación de los TLC, nacionalizaciones implícitas y soberanía económica radical. El cambio de último minuto (incluso borrando párrafos sobre la nacionalización de Telefónica) muestra un cínico oportunismo electoral, no convicción. 

Los inversores no son tontos y saben cuál es el ADN del partido JP (izquierda radical disfrazada de moderada, críticos del mercado, buscan una Asamblea Constituyente para cambiar el modelo económico). Esto genera una mayor prima de riesgo país y una posible fuga de capitales. El Perú creció gracias a la inversión privada en minería, agroexportación y servicios; sabotear ese motor vía incertidumbre jurídica es simplemente suicida. La obsesión de la izquierda con la descentralización productiva y “regiones que compiten” ignora fallas de gobernanza regional. Transferir más recursos sin una reforma profunda de incentivos genera más despilfarro. Combinado con intervencionismo, alegan fragmentación y populismo regional, aunque esto puede ser otra jugada de cara a las próximas elecciones regionales y municipales.

En resumen, el plan de Juntos por el Perú es intervencionismo “light” con cara amigable para la segunda vuelta. Aunque aparenta buscar objetivos loables, los medios no son los indicados, puesto que quiere echar mano del aparato estatal para lograrlo. ¿El resultado? Mayor gasto, más regulaciones, más impuestos y por ende más desconfianza en los mercados. La izquierda nos sigue vendiendo como exitosa una receta más que fallida. Descontando su discurso anti fujimorista y una constante apelación al peligro que supone un gobierno de Keiko Fujimori, el resto de su plan es verborrea vacía. Tan vacía como esos términos absurdos y demagógicos como “el nuevo pacto social” y todos esos términos huecos y sin sentido como “dignidad, justicia social y democracia popular”. Este básicamente no es un plan para rescatar a la patria, sino para asumirla en la pobreza y el atraso económicos propios de los fracasados socialismos del siglo XXI. Insuficiente y peligroso, este domingo tenemos que asumir la responsabilidad de decirle un no rotundo a estas recetas fallidas y obsoletas. Hay qué acordar que el plan económico del otro partido contendiente tampoco es el más liberal, tiene muchas deficiencias y personalmente eliminaría muchas de sus propuestas. No obstante, el plan del partido naranja es mucho más acorde con el de una economía de mercado, incentivando la inversión privada y teniendo como cabeza del proyecto a un gran ministro de economía como Carranza, quien hizo crecer al Perú con cifras muy altas a pesar de estar inmerso el mundo en una crisis mundial. El escenario puede volver a repetirse: lentamente el mundo se está acercando hacia una recesión global, si no tenemos un ministro de economía competente y capaz de sobrellevar esta situación, el Perú seguirá estancado en el subdesarrollo. No obstante, como ciudadanos debemos tomar conciencia de que el más grande problema que atraviesa nuestro país es y siempre ha sido el Estado. Aquel que diga que el principal mal del Perú es la corrupción, desconoce profundamente la naturaleza del poder y del eterno crecimiento del Estado. La corrupción es y siempre será inherente a la existencia del Estado, es por ello que debemos de procurar que éste sea reducido a su mínima expresión, para así evitar abusos, atropellos y un crecimiento de la burocracia, burocracia que se alimenta de los impuestos de la gente de bien. A remar y sacar adelante a nuestro país. Dile no a la izquierda, anacrónica, abyecta y empobrecedora.