La economía nacional, pese a todos los problemas pol&ia...
Cajamarca es una de las regiones con mayor potencial minero del Perú y, al mismo tiempo, una de las que presenta mayores brechas sociales. Bajo su suelo se concentran importantes reservas de cobre y oro que podrían convertirse en un motor decisivo de crecimiento económico, empleo e inversión pública. Sin embargo, durante más de una década ese potencial ha permanecido mayormente inactivo. La experiencia reciente demuestra que no se trata solo de minería sí o no, sino de optar entre una minería formal, regulada y generadora de desarrollo, o dejar espacio a la informalidad y a las economías ilegales.
La cartera minera de Cajamarca supera los US$ 16,000 millones en inversión comprometida, pero gran parte de estos proyectos sigue paralizada. La consecuencia es clara: cada año se deja de producir alrededor de 1.5 millones de toneladas de cobre, un insumo estratégico para la transición energética y la economía global. Esta producción perdida se traduce en menos ingresos fiscales, menos empleo y menos recursos para servicios básicos. En una región donde la pobreza sigue siendo alta, la contradicción entre riqueza geológica y precariedad social resulta cada vez más evidente.
El cobre ofrece una oportunidad particularmente relevante. Cajamarca forma parte de un corredor geológico que incluye yacimientos de escala mundial, capaces de insertar al norte del Perú en el circuito global del llamado metal rojo. Para que ello ocurra, no basta con extraer minerales de manera aislada: es necesario un enfoque de desarrollo que articule inversión privada, infraestructura, formación técnica y servicios, bajo un esquema de clúster minero que multiplique los impactos positivos sobre la economía regional y nacional.
En ese contexto, el proyecto Michiquillay destaca como el avance más concreto. Adjudicado a Southern Perú, cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado y prevé iniciar su construcción hacia 2027, con una inversión cercana a los US$ 2,000 millones. Su producción anual estimada, de más de 200,000 toneladas de concentrado de cobre durante al menos 25 años, lo convierte en uno de los proyectos más relevantes del país. En la etapa de construcción se proyecta la generación de decenas de miles de empleos directos e indirectos.
Más allá de sus cifras, Michiquillay puede convertirse en el punto de partida de un ecosistema productivo más amplio. La experiencia internacional muestra que la minería formal, cuando se organiza como clúster, atrae proveedores, servicios especializados, innovación tecnológica y programas de formación de capital humano. Infraestructura compartida, logística integrada y estándares ambientales coordinados permiten reducir costos y huella ambiental. En Cajamarca, este enfoque podría impulsar también sectores como la agroindustria, el transporte y el turismo, ampliando la base económica regional.
El contraste con el caso de Conga es elocuente. Este proyecto aurífero, valorizado en cerca de US$ 4,800 millones, cuenta con permisos ambientales, pero permanece detenido desde 2011 tras intensos conflictos sociales. Durante años, Conga simbolizó el rechazo a la minería formal, bajo el lema “Agua sí, oro no”. Hoy, sin embargo, parte de su área viene siendo explotada por mineros ilegales, atraídos por los altos precios del oro y la ausencia de una actividad legal que ordene el territorio y garantice la presencia del Estado.
La minería ilegal en Conga no solo implica pérdida de ingresos fiscales y empleo formal, sino graves daños ambientales y sociales. El uso de mercurio ha contaminado ríos y ecosistemas, además de que estas actividades suelen estar asociadas a mafias, violencia y economías ilícitas. Paradójicamente, la paralización de un proyecto que debía operar bajo estándares ambientales estrictos ha abierto la puerta a una explotación descontrolada, sin fiscalización ni compromisos con las comunidades locales.
La experiencia de Cajamarca deja una lección clara. Allí donde la minería formal no avanza, la informalidad ocupa el espacio. La disyuntiva no es entre minería y desarrollo, sino entre una minería responsable que genere empleo, infraestructura y recursos públicos, y una minería ilegal que degrada el ambiente y profundiza la inseguridad. Apostar por proyectos como Michiquillay, con reglas claras y diálogo efectivo, no solo es una decisión económica, sino una estrategia para cerrar brechas y construir un desarrollo sostenible en el norte del Perú.
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