El fracaso del Estado es fuente de pobreza y de informalidad

El Perú tiene que salir con rapidez de la judicialización del debate público y focalizar su agenda en las grandes reformas que se deben emprender para relanzar el Perú y salir de la trampa de ingresos medios, en que parece haber caído nuestra sociedad. Como todos sabemos, luego de una primera oleada de reformas que cancelaron el Estado empresario y el sistema de control de precios y mercados –en las siguientes dos décadas–, el Perú logró cuadruplicar su PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, la hegemonía cultural de las izquierdas no solo impuso la agenda en el desarrollo de la política, sino que desató una feroz burocratización del Estado que, con su multitud de sobrerregulaciones y oficinas, asfixia las iniciativas de la sociedad. Algunos sectores de buena voluntad no creen y sonríen cuando se señala que las izquierdas se impusieron en la agenda. ¿Cómo se explica que los procedimientos para desarrollar una mina se incrementaran de 15 a más de 265? ¿Acaso creen que se trata de la reacción de la sociedad a favor de la ecología y el medio ambiente? No, de ninguna manera. Se llama guerra cultural e imposición de narrativas. El Estado se burocratizó para detener la voracidad capitalista del sector privado en minería, agroexportación, pesca, infraestructuras y otros sectores.

Hoy el Estado peruano es la entidad que más avanza en contra del espíritu desregulador de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú. Es una anomalía que ha terminado deteniendo el capitalismo peruano en la última década, a tal extremo que semejante estado de cosas nos ha sacado del camino al desarrollo. A inicios del nuevo milenio algunos economistas señalaban que el Perú podía alcanzar casi el ingreso per cápita de una sociedad desarrollada si seguía creciendo sobre el 6% del PBI y reduciendo varios puntos anuales de pobreza.

El Estado, pues, al bloquear las inversiones, como lo hace en la minería y otros sectores, se convierte en la principal fuente de pobreza de la sociedad. Y si a estos hechos le sumamos la descentralización fracasada que se expresa en la falta de servicios de agua potable, desagüe, carreteras, escuelas y postas médicas, no obstante que los gobiernos regionales ejecutan dos tercios de la inversión pública, el asunto es aterrador.

Según el Plan Nacional de Competitividad del 2019 el déficit de infraestructuras básicas –agua potable, desagüe, carreteras, postas médicas y escuelas– representaba S/117,000 millones. Entre el 2019 y el 2025 se gastaron más de S/ 195,000 millones a través de los gobiernos regionales. Sin embargo, el déficit en agua potable y desagüe aumentó en 1%. Asimismo, el 85% de la red vial no está asfaltada, el 97% de los centros de salud de atención primaria y el 96% de las escuelas están en estado precario. Si se gastó una suma que representa el 160% de la brecha, ¿por qué los gobiernos regionales no pueden construir servicios, si sobran los recursos provenientes del canon minero y el sector privado?

En esta situación el fracaso de la formalización también se convierte en otra fuente de la informalidad de la sociedad. Regiones como Cajamarca, Puno y Ayacucho tienen altos índices de pobreza y casi el 80% de sus respectivas sociedades están en la informalidad. Todas estas regiones carecen de servicios mínimos.

Es urgente, pues, que, en la próxima campaña electoral, el Estado se siente en el banquillo de los acusados como el principal responsable de la parálisis de nuestro modelo económico y social. Sin Estado el empuje y la heroicidad de los mercados será insuficiente. Más aún cuando el Estado cuenta con recursos fiscales como nunca antes en la historia reciente.