La decisión de la mayoría de las bancadas del Le...
El Proyecto Especial Integral Majes Siguas (PEIMS), a cargo del desarrollo de Majes Siguas II, en Arequipa, ha logrado recuperar cerca de 35 hectáreas invadidas ilegalmente dentro de su área de influencia. Un grupo de agricultores habían ocupado estos terrenos para instalar cultivos de cochinilla y sistemas de riego por aspersión. Las instalaciones fueron desmontadas con maquinaria pesada y las autoridades anunciaron que se presentarán denuncias penales y civiles contra los responsables. El mensaje del PEIMS fue claro: la ocupación ilegal de tierras del Estado es un delito grave y no será tolerado.
Pero más allá de los conflictos por la tierra, el verdadero reto del proyecto Majes Siguas II va por otro lado. Este megaproyecto hídrico representa una oportunidad histórica para transformar el agro peruano y ampliar radicalmente la frontera agrícola en el sur del país. Con una inversión que supera los S/ 7,700 millones, Majes Siguas II busca incorporar 40,000 nuevas hectáreas a la actividad agrícola, que se sumarán a las 16,000 que ya operan gracias a la primera fase del proyecto. No se trata solo de irrigación: incluye la construcción de dos centrales hidroeléctricas y la promesa de generar más de 160,000 empleos directos e indirectos, entre los que se cuentan 83,000 durante la etapa de construcción y 80,000 permanentes.
El impacto económico de este proyecto hídrico no se limitará a Arequipa. Majes Siguas II forma parte de una estrategia nacional para impulsar la agroexportación, un sector que ha sido clave para el crecimiento económico del Perú en las últimas dos décadas. Actualmente, el país cuenta con 250,000 hectáreas orientadas a la agroexportación. Con los proyectos hídricos actualmente en marcha, se podría llegar a sumar 400,000 hectáreas más. Sin embargo, ese potencial está en riesgo debido a la ausencia de un marco legal que incentive y proteja la inversión agrícola.
El retroceso comenzó con la derogación de la Ley de Promoción Agraria en 2020. Aunque para su eliminación se apeló al pretexto de supuestos reclamos de los trabajadores del agro, lo cierto es que la ley había sido esencial para atraer inversiones y formalizar empleo. Su ausencia ha generado un vacío que no ha sido cubierto, y los datos hablan por sí solos: la formalidad en el agro ha caído más del 10% en solo cuatro años.
El problema de fondo es estructural. El 95% de las parcelas agrícolas del país tiene menos de cinco hectáreas. Este minifundismo perpetúa la agricultura de subsistencia, mantiene a millones de familias en condiciones de precariedad y limita el acceso a tecnología y mercados. La solución no está en excluir a los pequeños agricultores, sino en integrarlos a un nuevo modelo productivo más moderno, eficiente e inclusivo. Riego tecnificado, asistencia técnica, capacitación y fomento de la asociatividad son componentes clave de ese nuevo enfoque.
La infraestructura está avanzando; pero sin reglas claras y estímulos adecuados, ese avance podría quedarse en promesa. La falta de una nueva legislación agraria que brinde beneficios tributarios y condiciones seguras para invertir ha generado un cuello de botella. Pequeños y medianos productores no tienen incentivos ni seguridad jurídica para modernizarse o formalizarse. Además, la ausencia de infraestructura complementaria —como caminos, centros de acopio y acceso a crédito— complica aún más el panorama.
Por eso, el debate actual en el Congreso sobre una nueva Ley de Promoción Agraria es crucial. Las propuestas que se están discutiendo —como la exoneración del impuesto a la renta para pequeños productores o los créditos tributarios por inversión en tecnología— van en la dirección correcta. Estas medidas pueden ayudar a cerrar la brecha entre el potencial productivo que ofrece Majes Siguas II y la realidad de un campo que aún opera en condiciones arcaicas.
No se trata solo de una discusión técnica o económica. Es un asunto de visión de país. En un contexto marcado por el bajo crecimiento y el aumento de la informalidad, revitalizar la agricultura con reglas claras es una política de Estado necesaria y urgente. Majes Siguas II demuestra que el Perú puede ejecutar megaproyectos de alto impacto. Pero sin un entorno legal sólido y favorable, ese esfuerzo corre el riesgo de convertirse en un elefante blanco. El desafío está sobre la mesa: convertir esta obra monumental en una palanca de desarrollo sostenible e inclusivo para todo el país.
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