El camino para diversificar la economía

Sobre la competitividad y el fracaso del dirigismo estatista en Latinoamérica.

El cobre, el mineral emblema de nuestras exportaciones, está cayendo en su cotización internacional junto al petróleo. La desaceleración de China y las nubarrones que todavía continúan sobre la economía europea explican las malas perspectivas de los commodities.

El precio del cobre ha cedido 24% en el último semestre. La noticia significa menores impuestos recaudados para el estado y menos canon para las regiones. Y habría que recordar que la mayoría de nuestros proyectos mineros están concentrados en el cobre. No obstante que el incremento en un 89% de producción en este metal en los próximos tres años compensará el menor precio en los ingresos fiscales, el tema es decisivo para las discusiones sobre política y economía.

Por ejemplo, algunos ya hablan que el proyecto La Granja de Río Tinto, en Cajamarca, de 500 mil toneladas de cobre -uno de los más grandes de América Latina- ya estaría en peligro. Lo mismo se dice de Quellaveco de Anglo American, en Moquegua. Es decir, más noticias, rumores y hechos que contribuirían a acentuar la desaceleración de la economía.

La desaceleración no es solo un problema de la economía, como creen algunos sociólogos, sino, sobre todo, un asunto de democracia y libertad. Ante la desaceleración, los estatistas de siempre, que critican “el modelo neoliberal por su dependencia del precio de los minerales”, ahora dirán: ven, “nosotros lo dijimos, había que diversificar la economía. Se necesitaba más estado”. En otras palabras, la desaceleración, casi automáticamente, resucita el discurso estatista. Como ya lo hemos sostenido infinidad de veces, el estatismo en la región solo ha prosperado con proyectos autoritarios.

La experiencia de América Latina nos demuestra claramente que todos los “intentos diversificadores” desde el Estado han fracasado en todas sus líneas. No solo el velascasto sino los actuales proyectos bolivarianos han destrozado sus sectores privados y han convertido a sus economías en absolutamente dependiente del petróleo, el gas y los minerales.

Ante esta situación, al Perú solo le queda el único camino que les ha permitido a las sociedades avanzadas diversificar sostenidamente sus economías: desarrollar al máximo la competitividad.

El Estado debería iniciar una cruzada nacional para erradicar toda esa floresta burocrática que ahoga y aleja los emprendimientos privados en el país. Semejante proceso debería ser uno de los ejes centrales de una voluntad de organizar un clima social favorable a la inversión privada.

¿Por qué tanto inversión privada?, se preguntará el estatista. ¿Se trata de defensores de la gran empresa privada? Cuando surgen este tipo de argumentos hay que recordar que el Perú ha crecido en las últimas décadas de tal manera que ha reducido la pobreza del 60% de la población a solo 23%, y que del total invertido en este crecimiento el 80% corresponde al sector privado. Es decir, hablar de un clima favorable a la empresa privada no es favorecer solo al empresario sino, principalmente, avanzar en la lucha contra la pobreza.

De allí que el país necesite una profunda reforma laboral y una más audaz reforma tributaria que posibilite la formalización de las empresas y de más del 80% de los trabajadores sin derechos. De allí igualmente que necesitamos instituciones predecibles, sobre todo, un Poder Judicial confiable. Y de allí igualmente que debemos resolver el déficit de infraestructura que la asociación Afin calcula en US$ 88,000 millones.

No hay otra manera de avanzar en la diversificación de la economía y de nuestra canasta exportadora. Todos los demás caminos ya fracasaron. De lo contrario, recordemos las colas de nuestro pasado velasquista y el desabastecimiento que hoy padecen los venezolanos.