¿Ecologismo radical contra los pobres?

Radicales apuntan contra proyecto Puyango-Tumbes y concesiones forestales

El ecologismo auténtico busca el equilibrio entre la naturaleza y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en beneficio del hombre. El radical, en cambio, “protege” la naturaleza solo cuando ve una empresa privada extrayendo recursos naturales. Su ideología le dice que la inversión privada es “enemiga”, por eso busca detenerla, aunque al hacerlo frene el crecimiento económico y mantenga en la pobreza a millones de ciudadanos. El ecologismo extremo es anti-pobres.

Un ejemplo de esta forma de actuar lo vemos hoy en la campaña mediática que busca truncar el proyecto de irrigación Puyango-Tumbes. Se pretende impedir la desafectación de 277 hectáreas de las 151,561 que tiene del Parque Nacional cerros de Amotape (0.4% del total), para que no se construya la represa Matapalo, parte fundamental del proyecto.

Se quiere truncar un proyecto que generará desarrollo en la frontera con Ecuador, postrada hace siglos en el atraso; que incorporará a la producción agrícola 18,500 hectáreas de tierras hoy improductivas por falta de riego, y generará 111 mil puestos de trabajo. Puyango-Tumbes es un clamor de los tumbesinos, que esperan su ejecución hace  más de medio siglo. Truncarlo

sería prolongar la pobreza de los peruanos que habitan esa región ¿Se puede condenar a ese destino a tanta gente solo por no tocar el 0.4% de un bosque?

La campaña que comentamos apunta además a impedir la inversión privada en recursos forestales, al insinuar que ésta destruye los bosques, lo cual es falso. Antonio Brack, principal ecologista del Perú, ha señalado que la colonización, el narcotráfico y la minería ilegal han destruido más de diez millones de Ha de bosques, de las que ocho han quedado degradadas por la pérdida de fertilidad de sus suelos. Por cierto, los ecologistas radicales no combaten ninguna de esas actividades depredadoras. ¿Por qué, si dicen amar tanto la naturaleza?

Las concesiones forestales operan solo en los bosques de producción permanente que abarcan 17 de los 73 millones de Ha que tiene la Amazonía. De esas 17 están concesionadas solo 7.5 millones. Y es verdad que muchas concesiones han violado las normas ambientales, y por eso han sido canceladas 245 y otras 59 están bajo medidas cautelares. Esto se explica porque el gobierno de Toledo entregó concesiones a personas sin experiencia forestal ni capacidad financiera, que además permiten que los traficantes de madera talen impunemente.

Esos traficantes mataron hace poco a cuatro líderes nativos de una comunidad asháninka. Y también talan las reservas protegidas aprovechándose de la incapacidad del estado para protegerlas. La burocracia ineficiente heredada del estatismo debe responder por eso y también por la falta de titulación de las comunidades amazónicas.

Si explotásemos el 10% de los bosques de producción permanente, exportaríamos madera por US$ 5,000 millones al año y se crearía 400,000 empleos (ver Ley forestal entrampada). ¿Por qué se pretende privar a la Amazonia de esta oportunidad  para dejar atrás la pobreza?

La selva es depredada porque no hay estado y porque sus habitantes son empujados por la pobreza a trabajar para los cocaleros o los mineros ilegales, y a vender árboles a los traficantes de madera. Son pobres porque están aislados del resto del país, no tienen infraestructuras y servicios básicos, ni derechos de propiedad. Solo llevando progreso a esa región se podrá detener la depredación; dándole carreteras, puertos, aeropuertos, salud, educación, propiedad y, sobre todo, oportunidades. Y esto solo se logra con inversión privada y presencia del estado.

27 – nov – 2014