Corredor Minero del Sur nuevamente bloqueado

El Corredor Minero del Sur –de 482 kilómetros de longitud, que une las más importantes minas de las regiones Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno– ha sido el blanco preferido por todos los agitadores antimineros. Desde hace años estos violentistas de extrema izquierda bloquean constantemente la carretera por la que se transporta el 50% de todo el cobre peruano. La situación se agravó durante el efímero Gobierno de Pedro Castillo, Perú Libre y el Movadef, en el que más bien se dio carta libre a los violentistas antimineros para que hagan lo que quieran, dejando de lado el Estado de derecho, las leyes y la Constitución peruana. Y después del fallido golpe de Pedro Castillo las cosas incluso han empeorado, porque el Corredor Minero del Sur es uno de los principales objetivos de la violencia insurreccional promocionada por el Foro de Sao Paulo. 

Así la mina Las Bambas, ubicada en la provincia de Cotabambas –en la región Apurímac– y uno de los proyectos cupríferos más grandes del mundo, ha tenido que detener completamente el transporte de mineral desde el martes de la semana pasada, debido a los bloqueos existentes en el sur peruano. Desde el inicio de las operaciones de esta mina, en el 2015, ya ha acumulado más de 540 días de bloqueo; es decir, que ha estado un año y medio sin poder transportar su material.

Por su parte, la mina de cobre Constancia (Cusco), tiene el mismo problema. A pesar de que su producción continúa con normalidad, sus unidades no pueden transportar el mineral. Pero la situación  de la mina Antapaccay es todavía peor, porque la empresa concesionaria además ha sido objeto de sucesivos asaltos y actos vandálicos. Las cosas ahí han llegado a tal extremo que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) acaba de emitir un pronunciamiento al respecto: 

“Condenamos la violenta incursión a la mina Antapaccay en el Cusco, que puso en riesgo la vida y seguridad de más de 2,500 trabajadores, así como el hostigamiento permanente que sufren las operaciones minero-energéticas en el país. Hacemos un llamado a terminar con la impunidad con la que actúan los grupos violentistas que a su paso atacan, destruyen y saquean locales públicos y privados, terminales aéreos, comercios y unidades de transporte”.

Por supuesto, todas estas paralizaciones generan enormes pérdidas económicas para las empresas, los gobiernos regionales (que dejan de recibir los ingresos por impuestos, canon y regalías) y el propio país. Solo en Las Bambas, la paralización genera pérdidas diarias por S/ 39 millones. Esta mina tenía planeado producir 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) en el 2022, pero debido a los bloqueos solo ha logrado producir 200,000 TMC. Actualmente tiene una producción acumulada de tres meses sin despachar, porque incluso cuando la vía se libera, solo se permite el paso de un número limitado de camiones al día. Y durante esta semana los sectores antimineros convocaron a marchas e intentaron asaltar Las instalaciones de Las Bambas. 

La única solución a todos estos problemas es hacer prevalecer el Estado de derecho, el libre tránsito por las vías nacionales, y hacer respetar el principio de autoridad, las leyes y la Constitución peruana. No hay futuro para la economía y la inversión privada si no se restablecen la ley y el orden en el país, y se derrota el proceso insurreccional. Y restablecer el Estado de derecho en el Perú no solo implica enfrentar el proceso insurreccional, sino también recuperar la autoridad democrática en las regiones mineras, sobre todo en el Corredor Minero del Sur.