Reducir el Estado para salvar el modelo y reducir pobreza

Una de las victorias del progresismo en las últimas tres décadas ha sido que –sobre los políticos, los partidos políticos, los actores públicos y la sociedad en general– ha impuesto la errada idea de que el Estado es el mecanismo de redistribución de riqueza a favor de los pobres, mientras que el sector privado solo es una fuerza que busca elevar su tasa de ganancia.

Semejante barbarie intelectual se impuso, incluso, en los políticos de la centro derecha, no obstante que el sector privado (léase sector empresarial) aporta el 80% de los ingresos del Estado, genera el 80% del empleo en los mercados formales e informales y, según el Banco Mundial, explica el 80% del total de reducción de pobreza (en las últimas tres décadas se redujo esta lacra social del 60% al 20% de la población, antes del gobierno de Pedro Castillo). 

La idea de que el Estado era el guardián de los pobres, el gran redistribuidor de riqueza a favor de los excluidos, fue el argumento para la multiplicación de ministerios hasta llegar a un total de 19, y para la sobrerregulación y burocratización del Estado hasta niveles casi soviéticos. Si el Estado era el bueno y las empresas los malos, entonces, había que levantar murallas de procedimientos para controlar a los demonios. De un PBI total de aproximadamente US$ 280,000 millones (por la inflación de Estados Unidos) el gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios y las empresas públicas consumen cerca de un tercio de toda la economía nacional. Sin embargo, el Estado es una suma de fracasos y despropósitos en contra del sector privado y la sociedad.

Durante una entrevista en este portal Gonzalo Prialé, ex presidente de AFIN, ha informado que la brecha de infraestructura para el corto plazo en servicios básicos entre el 2019 y el 2023 era de S/ 117,000 millones. Durante esos años el Estado gastó S/ 195,000 millones, es decir, 167% de la brecha indicada. Sin embargo, la cobertura de agua potable y saneamiento en las ciudades sigue igual, la red vial departamental no pavimentada llega al 85% y alrededor del 96% de los centros educativos están en situación precaria. Los datos de Prialé son escalofriantes y revelan el fracaso general del Estado y la inviabilidad del actual proceso de descentralización.

Si al devastador fracaso del Estado le sumamos que, con el gobierno de Dina Boluarte, el sistemático aumento del gasto ha descontrolado el déficit fiscal (por dos años consecutivos no se cumplirán las metas fiscales) es evidente que el Perú necesita con urgencia un shock para acabar con este Estado que se convierte en el principal enemigo del modelo económico consagrado en la Constitución y ratificado por los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú.

En ese sentido, ahora que ya empieza la campaña electoral hacia las elecciones nacionales del 2026 uno de los temas centrales es qué hacer con este Estado que se ha convertido en la principal fuente de pobreza y de informalidad en el país. De pobreza porque cuando las sobrerregulaciones bloquean a la inversión privada también se bloquean miles de potenciales nuevos empleos, y de informalidad porque el 80% de pequeñas empresas que no pueden pagar los costos de las sobrerregulaciones, simplemente, permanecen fuera de la legalidad.

En ese contexto, el proyecto de reducir y racionalizar los gastos del Estado no solo es un tema para enfrentar el descontrol del déficit, sino también la columna de una reforma integral del Estado. Por ejemplo, todos los ministerios ideológicos que el progresismo ha fomentado deberían ser eliminados de plano: el Ministerio de Cultura, el de la Mujer, el de Medio Ambiente, el Midis, entre otros.  Sobre la base de la reducción del gasto se pasaría a racionalizarlo, simplificando sobrerregulaciones, eliminando burocracia, oficinas, etcétera.

De alguna manera el Perú comienza a necesitar la motosierra de Javier Milei que tan excelentes resultados ha producido en Argentina.