2026: El ajuste y la reforma que necesita el Perú

En las próximas elecciones del 2026 los peruanos de buena voluntad deberían tener un objetivo común: acabar con el Estado burocrático que se ha convertido en la principal rémora para el crecimiento, la inversión privada y la reducción de la pobreza. Un Estado que consume un tercio del PBI nacional (de aproximadamente US$ 300,000 millones) y que, sin embargo, no brinda ningún servicio, tal como lo comprobamos con la continuidad de la ola criminal y la crisis de la administración de justicia.

El Estado burocrático, con la multiplicación de ministerios, oficinas sobrerregulaciones y burocracias, bloquea inversiones privadas, perpetúa la pobreza y fomenta la informalidad. Pero también bloquea reformas vitales para relanzar la economía como, por ejemplo, la tributaria. Una reforma de este tipo demanda simplificar los procedimientos para cobrar los tributos y bajar las tasas para ampliar la base tributaria. Si bien el objetivo de esta reforma es formalizar el Perú y ampliar la recaudación fiscal, en una primera etapa, es imposible que se produzca con el actual Estado burocrático –por la reducción temporal de ingresos– que tiene alrededor 1.6 millones de empleados y una planilla y gasto corriente que crece en 20% anual, aproximadamente. ¿Cómo se hace un pequeño ajuste en estas condiciones?

Una reforma tributaria en este contexto aparece como imposible. En las reformas económicas de los noventa el objetivo central fue acabar con el Estado empresario, que había creado alrededor de 200 empresas estatales sobre la base de la regulación de los precios y los mercados. Hoy el objetivo central es acabar con el Estado burocrático que se convierte en una muralla en contra de la inversión privada y un promotor de la informalidad, al alejar a las unidades más pequeñas de una formalidad costosa e inalcanzable.

El 2026, pues, si el Perú quiere relanzar el crecimiento, la reducción de pobreza y su viabilidad como sociedad –para evitar la peligrosa involución económica y social– tiene que reducir a la mitad los 19 ministerios del gobierno central, debe proceder a privatizar Petroperú y otras empresas estatales y debe crear un procedimiento universal estandarizado de no más de cinco trámites ante el Estado con el objeto de destrabar todos los proyectos de inversión privadas detenidos y liberar las energías creadoras de la sociedad.

¿Por qué es tan importante ubicar correctamente el problema que deberá enfrentar la siguiente administración a instalarse en el 2026? Porque de alguna manera las elecciones nacionales se definirán entre quienes pretenden explicar las adversidades y problemas del Perú demonizando al sector privado, señalándolo como la causa de todos los males nacionales, y quienes sostendrán que la creación del Estado burocrático –en abierta contradicción con el régimen económico de la Constitución– es la causa de todos los problemas.

Todas las propuestas de reforma en los aspectos políticos, institucionales, económicos y sociales se anudarán alrededor de la reforma del Estado o sobre la continuidad o no de un Estado que ha comenzado a expandirse en el gasto a niveles que son inmanejables para una economía de ingreso medio como la nuestra.

A partir del fin del Estado burocrático el Perú recuperará todos los activos macroeconómicos que han caracterizado a nuestra economía en las últimas décadas: un manejo responsable del déficit, un control estricto del aumento de la deuda pública y un sistema tributario simplificado, con bajas tasas, que universalice la formalidad. Y en este contexto todas las reformas estructurales que necesita el país para relanzarse como sociedad serán absolutamente posibles.