¿Y si al gobierno no le interesa la minería?

Sobre las inversiones mineras, el Estado y los conflictos sociales

Tiempos modernos en la gestión de los conflictos socio ambientales. La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha emitido la resolución N° 1928-2015 aprobando el Reglamento para la Gestión Social y Ambiental de proyectos. Esta nueva norma se añade a otros  instrumentos de gestión que tienen como fin evitar o reducir los conflictos socio ambientales con la población que habita las áreas de influencia de los proyectos, directas e indirectas.

El ente regulador estipula que, antes de otorgar préstamos, las instituciones financieras deben obligatoriamente evaluar los riesgos socio ambientales de los proyectos mineros, energéticos y forestales que superen los 10 millones de dólares a partir de marzo del 2016. Tal vez, Conga y Tía María, dos casos emblemáticos de conflictos socio ambientales, brillan en el horizonte.

La norma es positiva por dos razones, la primera porque que va en consonancia con los estándares que rigen en otros países miembros de la Corporación Financiera Internacional (CFI), institución que pertenece al Banco Mundial; y la segunda porque según el artículo 3°, el reglamento no traslada al sistema financiero las “responsabilidades y funciones de los organismos públicos”, es decir deja en claro los límites y las competencias respectivas de los bancos de inversión y el estado.

No obstante vale detenerse un poco aquí. Tomemos a la minería, que tiene un papel importante en el crecimiento económico del país a pesar de la caída de los precios. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) el costo de no ejecutar los proyectos mineros supera los US$ 21,000 millones. La agudización de los conflictos sociales, la excesiva tramitología y el poco liderazgo de las autoridades estatales para generar consensos políticos alrededor de una  minería sostenible y competitiva son tres razones bastantes poderosas que hacen que proyectos mineros como Conga y Tía María todavía estén en el tintero.

A pesar de que la nueva norma nos pone en las ligas mundiales de regulación ambiental y social, el quid del asunto no se concentra aquí. Es decir, está bien que bajo la nueva norma se pretenda mitigar aún más los riesgos socio ambientales pero es más importante que el gobierno de turno tenga interés y prioridad en promover a la minería como una actividad trascendental para el crecimiento económico y el desarrollo del país. Es más, no es una insensatez decir que el Perú siempre fue un país minero. La historia refrenda esta idea. La minería por ejemplo contribuye sobremanera a la recaudación del fisco a través, por ejemplo, del canon y las regalías; gravámenes de suma importancia para las regiones y gobiernos locales.  

Hace algunos días el INEI publicó en nuevo Mapa de Pobreza de Municipalidades Provinciales y Distritales y el resultado es que 14 de las 32 municipalidades que han reducido su pobreza en más de 30% tienen proyectos mineros y todas, sin excepción, reciben canon o regalías. La nueva regulación refleja que el país adopta estándares mundiales de gestión -ex ante- pero una golondrina no hace el verano.

No habrá evaluaciones, calificaciones o créditos que alineen las políticas empresariales y los proyectos mineros con el cuidado del medio ambiente y relaciones armoniosas con las comunidades o poblaciones aledañas si no hay un gobierno y autoridades firmes que promueva las inversiones en ese sector. Es urgente tener un gobierno que le interese la minería, Humala no lo ha hecho, tampoco lo hará.

Por: Iván Arenas