Y seguirá contratando con el Estado

Ahora, que ha trascendido en las redes sociales el documento que amparan el grupo de fiscales más conocidos como “los anticorrupción”, nos hemos enterado que ese documento de colaboración eficaz blinda los negocios de Odebrecht en el Perú y perjudica al Estado nacional. También proporciona información que devela exclusivamente los hechos de corrupción en los que está comprometida la oposición política; pero en simultáneo, establece un manto que impide investigar la corrupción en la que participaron otros personajes.

¿A eso se puede denominar transparencia? ¿Investigaciones imparciales? ¿Caiga quien caiga? O más bien estamos presenciando la lucha por el control del aparato del Estado para que uno u otro grupo se beneficie. Esto parece la historia de aquel que gritaba “al ladrón, al ladrón” mientras se llevaba los dineros de la sacristía.

No es la primera vez que el Estado peruano es perjudicado por la suscripción de acuerdos lesivos. En 1869 el contrato suscrito entre el Estado peruano y la Casa Dreyfus generó una serie de cuestionamientos por las sucesivas modificaciones que se hicieron al texto original, el mismo que finalmente fue rescindido en 1876. Dicho documento establecía la venta de guano de islas a cambio de un monto de dinero y del pago de la deuda externa del Perú. Esta última se vio abultada como consecuencia de la guerra contra España en 1866.

Al igual que ha ocurrido en las últimas décadas, entonces los gobernantes se embarcaron en grandes proyectos de infraestructura. En el siglo XIX fueron los ferrocarriles y los grandes proyectos de irrigación, afortunadamente ambos objetivos estaban orientados a integrar economías locales y facilitar el transporte de la producción, tanto agrícola como minera. Hubo problemas, como que el ancho de las vías de los ferrocarriles no era similar en todos los casos, por lo que se estableció puntos de carga y descarga que resultaban ineficientes si se trataba de brindar un mayor dinamismo económico.

A diferencia del siglo XIX, en la actualidad la firma Odebrecht ha ejecutado obras de dudosa calidad y, peor aún, los hechos han demostrado que muchas de ellas no resultaban de utilidad, como la carretera interoceánica IIRSA, donde no hay un flujo vehicular suficiente que justifique su existencia y menos su mantenimiento. Por ambos conceptos, el estado peruano deberá sufragar los gastos que irroguen por más de una década. Es decir, Odebrecht ganaba los concursos públicos de manera lesiva y corrompía a funcionarios del Estado (desde el nivel de presidentes hacia abajo). No se intervino las oficinas de dicha firma para buscar documentación comprometedora, se dejó en libertad a sus principales funcionarios y se les devolvió los bienes que mantenían en el país. Y, encima, estarán facultados para seguir negociando con el Estado. Así y todo, hay quienes quieren que les creamos que son garantía de imparcialidad en las investigaciones que llevan a cabo.

Transparencia sí, ingenuidad no. Complicidad, tampoco.