Mirada política a la evolución del país

No acostumbro escribir sobre temas más de carácter político pues no es mi campo y por tanto es poco lo que pueda aportar; empero, la coyuntura actual y la proximidad a las elecciones generales del año entrante me inclinan a hacerlo, más aún por las serias implicaciones que tiene para la evolución de la economía del país. Es más, siempre manifesté que la economía y la política estaban muy relacionadas y no, como otros, que iban por rutas separadas. 

Dicho esto inicio este artículo señalando que el Perú, no obstante haber superado el golpe de estado fallido a finales del año 2022, aún mantiene una estabilidad política frágil, precaria, que en sí misma genera incertidumbre sobre su evolución, lo que tiene efectos colaterales negativos en los aspectos sociales y económicos. Esta situación se ha complicado por la evolución cada vez peor de dos temas en particular: la inseguridad y la corrupción, precisamente los que menciona la población como aquellos que más les preocupa, aparte del económico, cuando se les consulta vía diferentes encuestas. Esto se agrava por el débil, o quizá ningún, respeto a las instituciones que condicionan la convivencia de los ciudadanos en una sociedad que se precia de tener la democracia como sistema político, es decir, del estado de derecho o el imperio de la ley, de la estabilidad jurídica, de la propiedad privada y de la libertad que deben tener los agentes económicos de actuar e interactuar dentro del marco de la ley y la ética. Razón por la cual, entre otros aspectos, es imperativo realizar la reforma integral del grande, pesado, ineficiente e ineficaz aparato estatal. En este contexto, cualquier estrategia, plan o programa específico, que al parecer no existe, para enfrentar la inseguridad y corrupción requiere, como condición necesaria para ser exitoso, que los organismos públicos pertinentes respeten y hagan respetar las instituciones, lo que lamentablemente no se da, por ello la necesidad de la reforma aludida. 

En esta complicada y difícil situación se han iniciado las acciones propias de las campañas políticas de cara a las elecciones generales, para presidente y congresistas, que se tendrá en abril del próximo año y que con seguridad se definirá, en el caso de quién será el próximo presidente, en una segunda votación en junio del 2026. Como tal, el segundo semestre de este año será muy complicado desde todo punto de vista, como ya lo estamos experimentando, y se extenderá hasta que culmine este periodo e inicie un nuevo gobierno, que según las características que tenga y el respaldo con que haya sido elegido podrá mejorar o empeorar el panorama.

La inseguridad en el país está llegando a límites insospechados, como resultado de la presencia cada vez más letal de actividades delictivas como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilícita e irrestricta de árboles, la trata de personas (mujeres y niños), la extorción, el sicariato, el contrabando y la delincuencia en general. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha estimado que el costo económico de la inseguridad está alrededor de los US $5,600 millones anuales, que representa aproximadamente el 1.7% del producto bruto interno (PIB), de los cuales el porcentaje o costo mayor lo enfrenta el sector privado, equivalente al 1.2% del PIB, unos US $4,200 millones, mientras para el sector público es del orden del 0.5% del PIB, US $1,800 millones; cabe indicar que otras instituciones, como el Banco Central de Reserva (BCR), estiman que la cifra es mayor, que se ubicaría entre 2 y 3% del PIB. Se señala que se han instalado organizaciones criminales internacionales, que por cierto están así mismo en otros países de la región e incluso en países avanzados como Estados Unidos y los de Europa, que mueven, como se ha indicado, montos muy altos de dinero ilícito, porcentaje importante de los cuales los “blanquean” en el país afectando diversos sectores económicos y variables claves como la inversión, el consumo y propio tipo de cambio (el dólar) al incrementar su oferta y por ende impulsando su precio a la baja, restando competitividad a las exportaciones en el mercado internacional al encarecerlas, afectando asimismo la competitividad de la producción nacional en el mercado interno al abaratar las importaciones, aspecto que debería tener muy en cuenta el BCR. Es decir, el impacto en la economía es negativo e integral.

El tema de la inseguridad ha adquirido ribetes dramáticos pues particularmente los actos criminales de la naturaleza descrita se cometen mayormente contra empresarios y trabajadores vinculados a micros y pequeñas empresas de todos los sectores económicos, que como sabemos son el 99% del universo empresarial, las cuales como resultado de estas acciones están dejando de invertir o, lo que es peor, cerrando sus negocios. La inseguridad está presente a lo largo y ancho del país, desestimulando y encareciendo las inversiones y las actividades productivas y comerciales en general. 

A lo anterior se suma el tema de la corrupción, extendida de manera generalizada en el sector público, a nivel del gobierno nacional, regional y local, involucrando a los tres poderes del Estado, con la participación lamentable en algunos casos del sector privado. Es impactante mencionar que todos los presidentes de la República de los últimos 25 años, 10 en total, han tenido o tienen denuncias penales de diferente índole, encontrándose algunos de ellos acusados y en prisión, mientras otros enfrentan procesos que al parecer culminarán con sentencias negativas para ellos. Al igual que lo realizado por el MEF, en este caso la Contraloría General de la República ha estimado que anualmente el costo de la corrupción asciende aproximadamente a los US $6,500 millones anuales, que representa el 13% del presupuesto general del sector público, cifra que también puede ser más alta. 

Estos dos serios problemas que tiene el país, entre otros, y que en su tratamiento involucra a diversas entidades del sector público, tales como los ministerios de justicia e interior, contraloría y procuraduría por parte del Gobierno, así como el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público o Fiscalía, han generado al más alto nivel enfrentamientos entre ellos y al interior de los mismos por diferentes motivos, básicamente de carácter político, creando un ambiente muy negativo y complicando la frágil estabilidad política, pues qué peor que los poderes del Estado tengan este comportamiento. Esto se ha exacerbado por el inicio de la campaña por las elecciones generales, como se señaló anteriormente, pues algunas de las autoridades involucradas en el manejo de los temas de inseguridad o corrupción son parte del proceso mismo y están vinculadas a determinados partidos o agrupaciones políticas o tienen aspiraciones de acceder al Congreso e incluso ser potencial candidato a presidente del país.

En este contexto se están conociendo detalles de carácter de procedimiento de cómo se realizarán las elecciones del próximo año, en la cual después de 35 años se volverá a elegir representantes para la Cámara de Senadores del Congreso, pues la Constitución vigente desde el año 1993 abolió esa Cámara y estableció sólo la categoría de congresista en general; empero, el actual Congreso introdujo una enmienda por la cual incorpora nuevamente esa Cámara y mantiene la de Diputados. En consecuencia, en esta oportunidad se elegirá, además de los senadores y diputados, a la fórmula presidencial (presidente y dos vicepresidentes) y representantes al Parlamento Andino. La votación será muy compleja desde todo punto de vista, dado que se han inscrito para participar de manera independiente o en alianzas 39 organizaciones políticas, 36 como partido político y sólo 3 como alianzas, es decir, un récord histórico para el país y quizás a nivel regional e incluso mundial. Concretamente, la fórmula presidencial tiene 3 cargos, para lo cual hay un total de 117 candidatos; el total de senadores a elegir son 60, en este caso hay 3,354 candidatos; hay 113 plazas para diputados, con 6,162 aspirantes; y, en el caso del Parlamento Andino se elige a 5 titulares más 10 suplentes, a lo que aspiran 624 personas. En total son 208 cargos y 10,257 candidatos, por lo que la cartilla de votación para incorporar a todos ellos tendrá una dimensión poco común de 42 x 45 cm. 

Como se comprenderá será muy difícil para los electores, que se estima serán alrededor de 27.4 millones, conocer la hoja de vida de los candidatos, incluso aunque sea sólo para los que aspiran ser presidentes, lo que abre un enorme reto para votar con pleno conocimiento de por quién se hace, qué calificaciones y experiencia tiene, más aún si se quiere ejercer el voto preferencial, es decir, elegir aquel que deseamos integre el Congreso. Además, una elección responsable conlleva conocer el plan o programa de gobierno de las organizaciones o partidos políticos que participarán, 39 como se señaló, a la par con los equipos de profesionales y expertos con que contarán para ejecutar los mismos, lo que incrementa la complejidad de estas elecciones. 

Aquí se hace presente un agudo problema de información y su difusión que debe buscarse resolver de alguna manera. Es un tema crítico por el desenlace que pueda tener estas elecciones y las implicaciones para el país en cuanto al derrotero que seguirá después de las mismas. Concluida la fecha para inscribir alianzas no se logró agrupar en una sola a las organizaciones políticas afines en cuanto a su ideología o línea central de pensamiento que esté acorde con el programa económico aplicado con tanto éxito a inicios de los noventa, que en gran medida se mantiene hasta la fecha, no obstante de ciertas alteraciones de fondo que habrá que corregir. Se abre entonces nuevamente, como en los años 2011 (Humala) y 2021 (Castillo), la posibilidad que una organización de extrema izquierda acceda al poder y finalmente cambie lo sustantivo del programa, empezando con lo central que es la Constitución. Se ve difícil este escenario por los malos resultados, o al menos mediocres, que lograron cuando les tocó ser gobierno, al punto que he calificado los últimos quince años (2011-2025) como periodo perdido desde el punto de vista económico; empero, como se dice, en política nada está dicho hasta no concluir esta nueva coyuntura electoral que tiene el país.

Insisto que en el sector privado, como lo hago en mis últimos artículos o entrevistas en este portal periodístico, cada uno desde su propia trinchera coadyuve en contribuir a enfrentar y resolver los problemas señalados, teniendo como objetivo central continuar con lo iniciado en la década de los noventa, para consolidar nuestra democracia y la economía social de mercado como sistema político y económico, respectivamente, conforme lo establece la Constitución, para lo cual será necesario asegurar que acceda al poder un gobierno que con convicción y firmeza lo haga realidad, con el apoyo de la mayoría de congresistas de ambas cámaras del Congreso. Para remar en esta dirección nos involucramos o, lo que sería una lástima, quedamos como meros espectadores. Estamos avisados.