En riesgo los dos pilares de la Constitución

Efectivamente, las acciones de los tres poderes del Estado –el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial– están seriamente afectando, debilitando y menoscabando los sistemas político y económico establecidos en nuestra carta magna, la Constitución, como son la democracia y la economía social de mercado, respectivamente. Esto no es nuevo, se viene realizando desde hace tiempo y profundizando los últimos años, tal como lo señalé en un artículo publicado en este mismo portal en enero del 2024, que titulé “En jaque el sistema económico establecido en la Constitución”. Ya no es vía la ruta de buscar cambiar la Constitución, como abiertamente se manifestaba antes, si no a través de la acción negativa o inacción, que quizás es peor, en muchos aspectos y circunstancias. 

Ello puede pasar inadvertido para el ciudadano de a pie e incluso para algunos emprendedores más preocupados, en el día a día, por sacar adelante su actividad; pero sin duda no es así para los integrantes de muchos organismos privados, pues no solo lo conocen, y no se manifiestan en contra, sino que en múltiples ocasiones lo impulsan, pues interesa más el beneficio sectorial e incluso individual que defender principios fundamentales para el bienestar del país. Parte de este preocupante problema es la conformidad con la situación, bajo el consuelo de que podría estar peor, acostumbrarse a la mediocridad y tener un enfoque parroquial y de muy corto plazo. Son diversos los temas que se pueden anotar que van en contra de los pilares indicados de la Constitución, pero en esta oportunidad destacaré dos de la máxima trascendencia.

El primer tema, calificado como prioritario por la ciudadanía, tiene relación con el clamor generalizado por el alto grado de inseguridad que vive el país, la cada vez mayor presencia agresiva de la minería ilegal, el narcotráfico, la tala indiscriminada de árboles, la trata de personas, en especial de niños y mujeres, el contrabando, la extorción, el sicariato y la delincuencia en general, todo lo cual está en el campo penal. Esto sin duda conlleva un alto costo social, económico y político, afectando profundamente la democracia y la economía social de mercado. Enfrentarlo como corresponde exige la preparación de una estrategia o plan integral, con la presencia de todos los organismos competentes para ello y que cuente con el respaldo total y coordinado de los tres poderes del estado.

Empero, esto último, el plan o estrategia, pierde relevancia o será inútil si lo fundamental, que son la vigencia plena de las instituciones, no está cabalmente vigente, no se cumple haciendo uso de todas las facultades, herramientas e instrumentos que les otorga la Constitución. Me refiero al imperio de la ley, al estado de derecho, a la estabilidad jurídica, al respeto total a la propiedad privada y a la libertad irrestricta de los agentes económicos de poder actuar e interactuar sin mayor limitación que la ley y la ética. Estas instituciones, que son las leyes no escritas y que regulan a la sociedad de toda democracia, son la condición necesaria, indispensable, para que tenga éxito cualquier estrategia contra las plagas delictivas que azotan al país. 

Es lamentable ver la poca relevancia que se otorga a las instituciones, pues no se les nombra o no está presente en los comunicados o manifestaciones que hacen público algunos organismos privados y, peor aún, organismos o autoridades del sector público. La situación de la inseguridad está llegando a tal extremo que la ciudadanía, con ocasión de las próximas elecciones, puede terminar favoreciendo a un candidato u organismo político que lo asocie a un Ejecutivo fuerte y autoritario, como el que propugna el famoso filósofo británico, Thomas Hubbes, que incluso establece para una convivencia adecuada la prescindencia de la división de poderes pues, según él, debilita al Estado; claro, prefería una monarquía sobre la aristocracia o la democracia.    

El segundo tema vital, en este caso asociado a la estabilidad macroeconómica, es el deterioro progresivo de la estabilidad fiscal fruto del sustancial incremento del gasto corriente, como consecuencia esencialmente del aumento de los organismos públicos, desde ministerios hasta entidades descentralizadas, así como de las remuneraciones, a la par con una cada vez mayor ineficiencia e ineficacia del gasto del sector público en todos sus niveles: central, regional y local, todo lo cual está produciendo un profundo daño a uno de los pilares de la estabilidad económica, como es la fiscal. Esto, además de otras razones, justifica la reforma integral del estado que propugnamos hace buen tiempo.

A ello se ha sumado una política tributaria discrecional, donde se buscan argumentos y falacias de toda índole, por demás absurdas, para justificar subsidios, beneficios y exoneraciones tributarias, que suman miles de millones de soles que deja de percibir el fisco, agudizando severamente el déficit y la deuda pública. Se ha estimado que en la década 2014-2024 estas preferencias (gastos) tributarias suman S/160 mil millones, un 2.1% promedio anual del PIB, con tendencia al alza, alcanzando sólo el año 2024 los S/24 mil millones. Esta negativa política ha sido activada en los últimos Congresos, con la venia en muchos casos del Ejecutivo y el impulso de los sectores empresariales interesados; por cierto, el problema se agudiza con el nefasto fallo el año 2022 del Tribunal Constitucional qué, contra lo establecido en el artículo 79 de la Constitución que no permite iniciativa de gasto al Congreso, se la otorgó siempre que no sea para compromisos fiscales del año en curso. El tema es de tal relevancia y gravedad que hace pocos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) en una extensa y documentada nota se pronuncia en contra totalmente contra esta política tributaria.

Son muchos los casos que podemos mencionar que incorporan los tratos tributarios preferenciales, pero anotaremos algunos de los más recientes, que por cierto igualmente los considera el FMI en la nota aludida. Nos referimos, entre otros, a las zonas económicas especiales, que tienen una vigencia de 36 años en el país y han sido un absoluto fracaso, lo que se quiere corregir afirmando que en esta ocasión serán administradas por privados, como si eso hiciera la diferencia; además, con este antecedente se han aprobado las zonas turísticas especiales. También corresponde poner en esta lista lo normado para los restaurantes y empresas de turismo. Finalmente, la nueva ley agraria, que premia nuevamente a las grandes empresas agroindustriales reduciendo en 50% el impuesto a la renta y fomenta el “enanismo” (el minifundio) de los pequeños agricultores al no gravarlos si su ingreso neto es menor a 30 unidades impositivas tributarias (UIT) o con el 1.5% por el exceso entre 30 y 150 UIT; con ello para qué crecer pues sería gravado con 15% y eventualmente con el 30%, casi calcado de la negativa tributación de las mypes. Cabe recordar que esta ley agraria, supuestamente temporal, fue promulgada el año 2000 y tuvo vigencia hasta el 2020; es decir, 20 años con beneficios tributarios, que con la nueva ley se sumarían 10 años más. Pero como en nuestro país lo temporal termina siendo permanente, no se puede asegurar que no se extenderá.     

No es esta la oportunidad para detallar el por qué de lo absurdo de estas medidas, pues lo hemos elaborado en otros artículos, pero sí recalcar que ninguno de estos sectores requiere de estos tratamientos tributarios preferenciales para operar y desarrollarse. Es más, en algunos casos se dan incluso situaciones que generan ventajas comparativas importantes para cualquier inversor o empresario, por el incremento en productividad, es decir, por reducción de los costos reales, al contar por ejemplo con el mega puerto de Chancay que reduce sustancialmente los costos logísticos y, por su ubicación, el flete hacia países del Asia; o, tener hidroeléctricas que han proporcionado no sólo energía si no el insumo básico para el agro como es el agua, transformado desiertos en zonas cultivables. Pero no, se argumenta con diferentes falacias la necesidad de subsidios tributarios.  Por cierto, cualquier empresario bien informado puede con toda autoridad preguntar por qué se otorga beneficios tributarios a unas y no a otras actividades, por qué la ”muleta” tributaria para algunos y no para el resto, donde empieza y termina la discrecionalidad. Es decir, no es el mercado el que debe orientar la asignación de los recursos, si no terceros que deciden cuáles deben ser y que además los premian con múltiples tratos preferenciales.  

Para colmo de males para la estabilidad fiscal, recientemente se ha aprobado en el Congreso, con la anuencia lamentable como en los casos anteriores del Ministerio de Economía y Finanzas, la ley que otorga a los gobiernos locales 2 puntos porcentuales (pp.) más del impuesto general a las ventas (IGV), es decir, del actual 18% que es el IGV, 14 pp. serán para el gobierno central y 4 pp. para las municipalidades. Con esto el gobierno central dejará de recibir alrededor de S/10,000 millones. Ello, no obstante estar comprobado que los gobiernos locales no tienen capacidad de gasto de inversión, pues no ejecutan en promedio alrededor del 35% de lo presupuestado, tienen un alto porcentaje de obras paralizadas y un elevado número de casos de corrupción; el grueso de las municipalidades requiere capacitación en procedimientos administrativos, tributarios y en formulación, evaluación y supervisión de proyectos. Finalmente, en esta breve numeración de casos absurdos, se ha aprobado en el Congreso la homologación de la pensión de los maestros jubilados y cesantes con el escalón inicial de los que se encuentran en actividad, con lo que pasan de aproximadamente recibir en promedio entre S/ 600- S/ 800 a S/ 3,300 mensuales, que significa alrededor de S/ 5,000 millones adicionales de gasto.                        

Hay otros temas igual o más graves que pueden mencionarse, que tendrán sin duda un efecto significativo en las finanzas públicas en el mediano-largo plazo, como el profundo daño generado al sistema privado de pensiones al aprobarse retiros anticipados que están dejando sin pensión a un número importante de jubilados, que tendrán de alguna manera ser cubiertos por el fisco. Este sistema que llegó a convertirse en el fondo más importante del ahorro nacional, a través del cual los trabajadores se tornaron accionistas de múltiples empresas y obras de infraestructura, está hoy muy lejos de ser relevante. En la misma dirección se destruyó el sistema de compensación por tiempo de servicios, que respaldaba en el corto plazo a los trabajadores que se quedaban temporalmente sin empleo, era una especie de seguro de desempleo; pues hoy queda poco o nada del mismo. 

En resumen y para culminar, lo detallado muestra cómo con estas acciones, o inacciones, se está minando el sistema político y económico de nuestra Constitución, sin que ningún organismo privado, sea político, empresarial, sindical o de la academia, levante la voz, firme y con convicción, haciendo evidente estos despropósitos. Frente a la incontrolable inseguridad, al magro crecimiento económico, los altos niveles de informalidad laboral y empresarial, así como de la pobreza, a más de la inequidad existente en la distribución de oportunidades, por mencionar algunos aspectos vitales del ámbito nacional, los enemigos de la democracia y la economía social de mercado tendrán elementos para decir que ellos no funcionan, que han fracasado y que por lo tanto es tiempo de cambiar el modelo que recoge nuestra Carta Magna. Cercanos a la fecha en que habrá que elegir a las nuevas autoridades del Ejecutivo y Congreso, esta situación es por demás propicia para ser aprovechada por los enemigos del sistema, muchos de los cuales están camuflados, probablemente a nuestro lado sin darnos cuenta. Hagamos público nuestro rechazo a lo señalado, cada uno desde su ámbito de acción. Además, exijamos a los que pretenden ser gobierno o legisladores, en las elecciones generales del 2026, digan expresamente qué posición tienen al respecto y cómo y con qué equipo resolverán estos críticos problemas.