Quo vadis Perú 2026-2031

Inicio este artículo el jueves 9 de abril del 2026, a dos días de las elecciones generales en primera vuelta, por que de seguro habrá una segunda vuelta electoral –balotaje, como se dice– entre los dos candidatos más votados, artículo que se editará la próxima semana en el portal El Montonero. Me motiva a escribir la gran preocupación que tengo, al igual que usted, estimado lector, de cuál será el rumbo del país durante el próximo quinquenio; es decir, a dónde irá el Perú (quo vadis Perú), pues dependerá de qué partido o grupo político liderado con su candidato a la presidencia pase a gobernar el país, y cuál será en definitiva el programa de gobierno que aplique y con qué equipo lo ejecutará. En este contexto, mi motivación es presentar, brevemente, un programa que considero viable y necesario para el país.

Lo hago porque considero que puedo clarificar algunos temas capitales que lleven al Perú por la senda adecuada del crecimiento económico, con base en las investigaciones, observaciones y participación realizada en algunos países con características y dificultades similares, pero en especial por mi experiencia en el Perú en el trienio 1991-1993. Primero como asesor principal y jefe del gabinete de asesores del Ministro de Economía y Finanzas del país en el bienio 1991-1992, en la elaboración e implementación del programa de estabilización macroeconómica a la par con la correspondiente a las reformas estructurales realizadas en dicho periodo; luego, por la experiencia obtenida como asesor económico principal del Presidente del Congreso Constituyente Democrático durante la elaboración de la Constitución del año 1993.

Dicho esto, preciso a continuación los aspectos centrales que debe contener el programa de gobierno, o más específicamente el programa económico, para consolidar lo realizado a inicios de la década de los noventa y retomar un ritmo de crecimiento a tasa alta de manera sostenida, con reducción del subempleo, la informalidad, la pobreza e inequidad en la distribución de oportunidades. Es decir, consolidar la democracia y la economía social de mercado como sistemas político y económico, respectivamente, establecidos en la Constitución del 93, pues ello asegura el bienestar nacional. 

Empero, previamente debo señalar que para que el programa de gobierno sea realidad, es así mismo indispensable que la persona que asuma la Presidencia de la República tenga la capacidad de convocatoria que permita involucrar a personas del más alto nivel para que, como equipo con el mismo norte y trabajando en coherencia, asuman los cargos más relevantes del aparato estatal, esto es tanto ministerios como organismos públicos descentralizados. Se trata no sólo de profesionales que asuman los cargos directivos, quizás los menos numerosos, si no en especial de los ejecutores, los ejecutivos, aquellos que tendrán la labor más directamente de llevar adelante lo programado, que deben ser los más numerosos. Sin duda son necesarios los líderes, partiendo por el Jefe del Estado, pero al final del día la obtención de resultados concretos recaerá sobre los ejecutores, los “gerentes”. Mención aparte debe hacerse de la conformación del Congreso y la relación que se tenga con el mismo, pues la aprobación de las leyes está en su ámbito, pero dejamos este tema para otra oportunidad.  

Señalado esto, lo primero que debe precisarse en el programa a implementar es cuál será el hilo conductor, qué objetivo concreto buscamos y por qué. Por lo que demuestra la historia económica y que es avalado por los economistas más reputados, los Premio Nobel, nada es tan importante para alcanzar el bienestar económico en un país que asegurar el crecimiento de la productividad, en otras palabras, lograr que sea positiva y permanente la contribución que hacen a la producción todos los elementos que intervienen directa e indirectamente en el proceso. El permanente incremento de la productividad es el principal impulsor del crecimiento económico, abre el camino a la prosperidad.

Es por esta vía que cabalmente se puede asegurar crecimiento con tasas promedio anual entre 6 y 8%, con reducción del subempleo, Informalidad, pobreza e inequidad, para que en 15 o no más de 20 años podamos integrar el grupo de países del primer mundo. Sobra decir que estamos muy lejos de esto con la tasa anual de crecimiento promedio mediocre, anémica, de alrededor del 2.7% los últimos 12 años, a pesar de ciertos hipos favorables de algunas variables y no obstante los altos precios de nuestros principales productos de exportación, debido fundamentalmente a que la productividad ha estado en caída libre e incluso el último quinquenio fue negativa, lo que lamentablemente no mencionan, no dicen, las autoridades del BCR y del MEF, así como los colegas economistas que escriben u opinan sobre el tema; al actual ritmo de crecimiento podríamos aspirar tener un PIB per cápita similar a uno del primer mundo en alrededor de 45 años, siempre que ellos no crezcan a un ritmo mayor.

Entonces, la pregunta inmediata que surge es ¿qué hacer para obtener un crecimiento sostenido de la productividad? Es aquí donde corresponde mencionar los cuatro aspectos centrales del programa económico que planteamos para lograr consolidar, como anotamos anteriormente, no sólo el sistema de economía social de mercado si no también la democracia como sistema político. Nos referimos a: los fundamentos macroeconómicos; las instituciones; la infraestructura; y, las reformas estructurales, los cuales deben aplicarse simultáneamente para su éxito y para que las inversiones, especialmente las privadas, se dinamicen de inmediato. Brevemente indicaremos qué implica cada uno, pues el lector interesado en mayor detalle lo puede encontrar en mis dos últimos libros: “Agenda Económica para el Cambio, crecer con menos pobreza e inequidad”; y, “Política económica y crecimiento, evolución, análisis y perspectivas de la economía peruana”. El primero disponible en la Cámara de Comercio de Lima y el segundo vía Producciones Cantabria S.A.C.   

Por fundamentos macroeconómicos debe entenderse el manejo profesional de las políticas monetaria y cambiaria, a cargo del BCR, y del pertinente a la política fiscal y tributaria y de la política económica en general a cargo del MEF, que garantice mantener la estabilidad macroeconómica, que es condición necesaria más no suficiente para propender a un crecimiento sostenido a tasa alta. Es importante precisar que la estabilidad macroeconómica por sí no incrementa la productividad; empero, es fundamental para lograrlo con base en los otros tres aspectos centrales anotados. El énfasis en este caso estará en la política fiscal-tributaria por el potencial problema que conllevan las leyes aprobadas en el Congreso y la actitud y comportamiento ante las mismas del MEF. Implica una reforma integral de la política tributaria, así como una similar de la fiscal para incrementar la eficiencia y eficacia del gasto público.

Cuando hablamos de las instituciones nos referimos a las normas, leyes no escritas, que regulan el comportamiento y la convivencia de los ciudadanos, que deben tener plena vigencia y ser acatadas por todos. En rigor son cinco las fundamentales: el imperio de la ley o el estado de derecho; la estabilidad jurídica; el reconocimiento irrestricto de la propiedad privada; la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar dentro del marco de la ley; y, la universalidad, transparencia y oportunidad de la información. Su respeto y cumplimiento garantizan consolidar la democracia y la economía social de mercado como sistemas político y económico, respectivamente. Desafortunadamente ello no se da en el país, razón por la cual ambos sistemas son aún frágiles y allí parte importante de la explicación de la situación social, política y económica que enfrentamos, reflejados en problemas agudos como la corrupción, inseguridad y en actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala indiscriminada ilícita de árboles, la trata de mujeres y niños y el contrabando. Resolver estos críticos problemas demanda una profunda y cabal reforma del estado, es decir, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Reforma que, entre otros aspectos, debe incorporar la reorganización de las entidades públicas, eliminando o fusionando organismos; la desregulación significativa eliminando normas, trabas y barreras burocráticas, simplificando procesos; y, la digitalización de todo el sector público. 

El tercer aspecto central, la infraestructura, comprende no solamente la construcción de todo aquello indispensable para la comunicación, desplazamiento y movimiento en general de los agentes económicos, si no así mismo el mantenimiento de la misma, pues no está demás mencionar que muchas veces es más costoso reparar que construir una nueva. Conlleva no sólo las grandes obras, como carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, entre otras obras de magnitud, pues también están consideradas las de menor envergadura pero indispensables para la población, nos referimos a la infraestructura básica como luz, agua, saneamiento, pistas, veredas, canales de regadío. La presencia del sector privado es necesaria pues la inversión requerida es significativa para cerrar  la brecha que existe y atender oportunamente futuras exigencias, lo cual puede canalizarse adecuada y oportunamente con base en múltiples modalidades según el tipo de obra, tales como asociación pública-privada, concesiones y obras por impuestos. 

Finalmente, pero no menos importante, son las reformas estructurales pendientes, aquellas que se calificó como de segunda generación. Las más relevantes por su trascendencia, además de las mencionadas anteriormente como la fiscal-tributaria y la del estado, son la laboral y de pensiones y la pertinente al capital humano, es decir, la salud y la educación. Respecto de la primera cabe mencionar que tenemos quizás una de las políticas laborales más rígida y desfasada a nivel mundial, que absurdamente penaliza precisamente al trabajador, prueba de lo cual es que coadyuva a la informalidad laboral, dado que explica en parte porqué aproximadamente el 75% de los trabajadores está en esa condición, es decir, apenas el 25% es formal y percibe todos los beneficios existentes; adicionalmente, es indispensable efectuar ajustes a la ley de pensiones.

La reforma de la salud y la educación es, en nuestra opinión, la más importante de todas tanto porque garantiza propender a la equidad en la distribución de oportunidades, en la medida que todos tengan acceso a la misma en la calidad y oportunidad que corresponde, como en cuanto a que se torna en el factor directo para aumentar la productividad de los trabajadores y por esta vía abrir más rutas de allegar mejores ingresos por emprendimientos individuales o trabajando para terceros. En ambas reformas el ámbito que abarca comprende aspectos de infraestructura, lo pertinente a los profesionales que dan el servicio, los insumos y equipos involucrados y el sujeto de aplicación, sea el paciente o el alumno; todos deben ser considerados y formar parte de la reforma integral que debe con urgencia realizarse.

Un programa de gobierno o económico de estas características, que ojalá se constituya en política de estado,asegura incrementos permanentes de la productividad y un adecuado ambiente de negocios que impulsará la inversión, constituyéndose por tanto el binomio productividad-inversión en los motores del crecimiento con reducción del subempleo, informalidad, pobreza e inequidad, todo lo cual se puede resumir en que se logrará un alto bienestar nacional.