La conquista de la libertad y el constitucionalismo

Los países que, gracias a su historia, conquistaron su libertad política y que además supieron defender su fundamento, contenido y garantías judiciales, contaron con las bases para construir comunidades políticas democráticas. El constitucionalismo clásico registra hechos históricos como el origen de la Carta Magna de 1215 (germen del debido proceso), la Declaración de Independencia norteamericana de 1776 (derecho de resistencia a la opresión) y la Declaración francesa de 1789 (libertad, igualdad y fraternidad), sumados al soporte doctrinal de pensadores como Locke, Hamilton y Sieyès, respectivamente. Sin embargo, también observamos que la institucionalidad democrática en una sociedad no solo es patrimonio de los países que integran el mundo jurídico-político occidental, respetuosos de las libertades ciudadanas y de los límites que la ley impone a sus autoridades electas durante su mandato.

El Estado Constitucional de Derecho material, que distinguimos del solo declarado formalmente, no es resultado de la riqueza económica y tampoco patrimonio de las naciones industrializadas de Occidente. Los fundamentos esenciales que distinguen a una comunidad política democrática radican en la solidez de sus instituciones y la cultura cívica de sus habitantes, elementos que también pueden florecer en latitudes en vías de desarrollo. En la región, los casos de Costa Rica y Uruguay son dos ejemplos sobre cómo la transición democrática y la estabilidad política pueden echar raíces profundas en la identidad de una nación, convirtiéndose en dos referentes para Iberoamérica.

La Constitución no es un catálogo de promesas populistas, sino un acuerdo o pacto de límites al poder. Si bien la mayoría de los países iberoamericanos tuvieron una sucesión de caudillos, un poder ejecutivo con muchas competencias y pocos controles, así como la tentación de refundar la república mediante asambleas constituyentes instrumentales a sus propósitos; los estados de Costa Rica y Uruguay optaron por un progresivo fortalecimiento de sus instituciones y garantías ciudadanas.

En el caso costarricense, la abolición del ejército en 1948 fue una decisión de Estado que destierra la posibilidad de futuros golpes a la democracia, canalizando los conflictos sociales a través del principio de la legalidad y justicia constitucional. Por su parte, Uruguay acentuó su estabilidad mediante un sistema de partidos, la alternancia democrática, el respeto al pluralismo político y una administración estatal.

Las comunidades políticas que supieron conservar sus libertades y comprender los límites bajo los cuales sus autoridades electas deben gobernar, poseen un escudo de inmunidad natural contra futuras franquicias autoritarias de la región. Las doctrinas político-jurídicas educan en el respeto a las reglas de juego preestablecidas como soporte institucional. Ningún país bajo el sistema democrático está exento de tensiones políticas, polarización mediática o el descontento ciudadano que alimenta a los discursos antisistema.

La cultura cívica no es una condición que se conquista y permanece para siempre, necesita continuo mantenimiento en las bases sociales mediante una sólida formación desde la escuela. Uruguay sufrió una dictadura militar entre los años 1973 y 1985, que nos muestra que las democracias más sólidas de la región también tuvieron quiebres institucionales cuando su clase política falla en procesar y poner fin a las crisis que surjan en cualquier escenario y coyuntura.

En conclusión, Costa Rica y Uruguay son la prueba de que la libertad política y la madurez democrática no dependen de comparar su producto bruto interno anual con los países del primer mundo, sino de la voluntad inquebrantable de un pueblo de gobernarse a sí mismo bajo el Imperio del Derecho.