Sin orden no hay progreso

La primera obligación de un mandatario es cumplir y hacer cumplir las leyes de la república. Entre ellas, aquellas que garantizan la integridad del territorio y la seguridad de sus ciudadanos para que desarrollen sus actividades de manera pacífica. Esto no está ocurriendo en los sectores que fueron tomados por la acción subversiva que se presentaba como vanguardia de las protestas políticas que querían imponer la violación del orden constitucional previamente establecido.

Por esa razón es que la plataforma maximalista de estos grupos está constituida por tres puntos fundamentales: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la nueva elección de los miembros de la mesa directiva del congreso (con la finalidad de que no asuma la conducción del país el Gral. José Williams) y la convocatoria a una asamblea constituyente, para que los grupos vinculados al golpista Pedro Castillo se perpetúen en el poder. Las izquierdas acomodaticias –léase partido Morado, Flor Pablo, Francisco Sagasti, Verónika Mendoza, entre otros– juegan el “rol de mediadores”, siempre dispuestos a “servir al país” en la medida que ellos sean designados, lo cual resulta ser un chantaje intolerable para la ciudadanía.

La presidenta Boluarte tiene que asumir su responsabilidad con la oportunidad que le ha brindado la historia, y ejercer el mandato que le ha sido confiado. Su renuncia busca una convocatoria precipitada a un proceso eleccionario con un padrón electoral desactualizado donde más de 300,000 electores que han fallecido, pero se encuentran hábiles para sufragar, con el enorme riesgo que ello representa para que se cometa un fraude o un nuevo fraude electoral. No lo sabemos.

Mantener en sus cargos a quienes privilegiaron el procedimiento a lo sustantivo, que es el respetar la voluntad popular, es repetir como tragedia lo sucedido desde las elecciones del 2016: siete presidentes en siete años, con lo que ello representa en el estancamiento de la toma decisiones en el poder ejecutivo y, por consiguiente, el perjuicio para todos los ciudadanos.

Boluarte debe tener en claro que sus principales funciones son: a) Restablecimiento del principio de autoridad en todo el territorio nacional; b) Respaldar a las instituciones que tienen el legítimo empleo de la fuerza contra los violentistas, autorizar el empleo de sus armas de reglamento; c) Tener en claro que con la subversión no se negocia, se le derrota; d) Comunicar la decisión de la autoridad política, la liberación de las vías de uso público, porque es así como se garantiza el derecho constitucional al libre tránsito. La presencia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú tienen que mostrar su superioridad numérica o, en su defecto, compensar con su capacidad operativa para cumplir con su misión; e) La “negociación” en las localidades donde se han registrado actos vandálicos debería llevarse a cabo en los siguientes términos: i) Delación premiada para los detenidos que proporcionen información de quiénes son los cabecillas de las revueltas, ii) Las autoridades locales, provinciales y, de ser el caso, regionales, deberán destinar, de sus respectivos presupuestos, los recursos para la reconstrucción de las comisarías, sedes de la Fiscalía y Poder Judicial, limpieza de caminos, entre otros, que hayan resultado dañados por acción de la turba.

La ciudadanía tiene que ser consciente de que no habrá impunidad y que todo daño ocasionado representa un costo que será asumido por la localidad, a menos que ellos mismos entreguen a los vándalos a las autoridades judiciales. Todos aquellos detenidos deben trabajar para costear el costo de su mantenimiento, así como también sufragar los costos que representan los actos de violencia que protagonizaron.

Tengamos presente que no es justo que la inmensa mayoría de peruanos, ciudadanos pacíficos, tengan que pagar a través de sus impuestos los despropósitos de los grupos subversivos que se ocultan bajo las expresiones de disconformidad de un sector de la población. Las protestas son legítimas siempre que representen una expresión de disconformidad; pero la destrucción, el ataque artero y a mansalva de ciudadanos uniformados o no, hiriéndolos y hasta asesinándolos cruelmente, constituyen actos de salvajismo y cobardía.

Los peruanos no pueden aceptar el chantaje de quienes pretenden imponerse por medio de la violación sistemática de los Derechos Humanos o la extorsión para lograr “adhesiones” a sus paralizaciones. La presidenta tiene que empezar a representar a todos los peruanos y no a quienes la candidatearon junto a Pedro Castillo.