Finalmente ¿quién pagará la cuenta?

Gracias a la desidia y, por qué no decirlo, a la incapacidad del gobierno para frenar el avance de la extorsión y la criminalidad, muchos peruanos vuelven a recordar figuras que, al margen de sus orientaciones personales o ideológicas —y pese a los beneficios individuales que lograron— dejaron huella. En su momento cumplieron un papel importante al “golpear” o “destruir” a la criminalidad que tenía capturado al país mediante el terrorismo.

Las referencias a Fujimori y Montesinos, estén o no justificadas, reflejan una demanda popular por seguridad: acciones concretas que muestren resultados más allá del show mediático. No es tiempo de pedir calma. El ánimo ciudadano está tan tenso que cualquier propuesta de confrontación extrema podría ser aceptada. Ese clima representa un peligro para el país, justo en vísperas del proceso electoral que se aproxima.

Estamos acostumbrados, por un lado, a escuchar mensajes presidenciales y declaraciones de ministros que, a medio ahogarse y como boyas que intentan salvar a su jefa, lanzan explicaciones sin sentido. Así solo confirman la falta de estrategias reales para detener el avance delincuencial que nos azota. Por otro lado, los delincuentes han ganado terreno gracias a esa dejadez. Hoy muestran poder a través del robo callejero, la extorsión y el sicariato. En varios lugares del país, el miedo ha llegado a tal punto que las poblaciones viven prácticamente secuestradas.

Sabemos que toda improvisación conduce al fracaso. En un gobierno, esto es aún más grave cuando sus dirigentes mantienen una distancia abismal con la población. Hace tiempo, el historiador mexicano Francisco Zarco advertía: “Para que un gobierno administre bien a un pueblo, es preciso que lo conozca, que tenga datos seguros sobre sus necesidades, sus hábitos dominantes, sus tendencias sociales; en una palabra, el carácter de la nación que gobierna”. Si observamos a los integrantes del Ejecutivo, resulta evidente que poco podemos esperar de ellos en cuanto a identificación con las necesidades del país.

La falta de estrategias y, sobre todo, de voluntad para enfrentar con seriedad el terrorismo urbano, sume a la población en el miedo y la impotencia. La violencia y el sicariato amenazan calles y hogares, y la gente se siente sola. Aun así, aferrándose a la esperanza, muchos intentan recordarle a la señora Dina lo que decía Benito Juárez: “La respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder, y no de trajes ni de aparatos militares propios de los reyes del teatro”.

En ese contexto, los sucesivos paros de transportistas —especialmente en la capital— reflejan su desesperación ante los asesinatos y la falta de respuestas del gobierno. Temen por sus vidas. Conductores y cobradores, incapaces de pagar las extorsiones, terminan “colaborando” con los criminales a cambio de seguir vivos. Con voz casi apagada, algunos proponen subir el precio de los pasajes, intentando trasladar a la población el costo de la extorsión. Pretenden así que sea el pueblo quien pague la cuenta ante la incapacidad del Estado.

Pero quienes deben desarrollar estrategias de contención, persecución y eliminación del crimen son las autoridades, no los transportistas, conductores ni la ciudadanía. El proceso electoral que se acerca es una oportunidad para exigir responsabilidades. Con nuestro voto debemos señalar a quienes provocaron y siguen profundizando esta crisis, marcándolos con el fuego de nuestro repudio. Que esta vez, la responsabilidad cívica se imponga y no se repita el error de elecciones pasadas.

La conciencia, que es a la vez testigo, fiscal y juez, nos lo demanda. Hay que sancionarlos con firmeza, aplicando el sentido del refrán: “Cuando fuiste martillo no tuviste clemencia; ahora que eres yunque, ten paciencia”. ¡Que la cuenta la paguen ellos! Porque no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague.