¿Queremos el desarrollo del Perú?

El presidente Martín Vizcarra ha manifestado que todos queremos el desarrollo del Perú. Eso es lo que se suponía hasta que se descubrió que muchos expresidentes y autoridades subnacionales habían puesto por delante sus intereses personales a los de la nación. En consecuencia, lo que se supone es el motivo que impulsa la acción política ha sido desmentido por muchos episodios de nuestra historia.

Al margen de la corrupción, presente en el Perú como en muchos otros países, lo cierto es que en un mismo escenario —inclusive con actuaciones de “buena fe”— se registran interpretaciones diferentes de la realidad social. Así como también suele surgir una variedad de ideas cuando se trata de optar por una u otra propuesta con implicancia social o productiva, mediante la ejecución de alguna obra de infraestructura. En este último caso, la decisión de cuál es la opción más adecuada para enrumbarnos hacia el desarrollo corresponde a la autoridad nacional.

Sin lugar a dudas, la democracia se consolida en el ejercicio de la dialéctica, el intercambio productivo que busca alcanzar un resultado óptimo en el menor tiempo posible. El riesgo es el naufragio de la democracia. Esto sucede cuando ella termina siendo instrumentalizada por quienes manifiestan estar a favor del desarrollo si y solo si este responde a sus intereses personales. En ese sentido, algunos emplean el mecanismo del diálogo —intrínseco a la democracia— para vulnerar el principio de autoridad, socavar la capacidad de decisión de los gobiernos y terminar por desprestigiarlos rápidamente ante la ciudadanía. De esta manera, se debilitan los gobiernos y terminan por desvirtuar las propuestas por las que la ciudadanía optó para conferirles el ejercicio del poder.

También la democracia se fortalece cuando se asume responsabilidades. Toda responsabilidad implica un riesgo, pero si se eluden las atribuciones conferidas al gobierno nacional, bajo el denominado “manto protector del diálogo”, el resultado será una democracia débil e ineficiente.

El diálogo que le interesa a la ciudadanía es cómo acabar con la delincuencia, cómo disminuir la corrupción, cómo generar empleo productivo, cómo continuar disminuyendo la pobreza, cómo tener a su alcance mejores servicios de educación, salud e infraestructura pública, cómo tener una mejor administración del sistema de justicia. Ciertamente, disponer de servicios públicos de calidad representa una gran inversión para el erario público. Por ende, la autoridad nacional —elegida democráticamente— se convierte en la principal responsable para la toma de decisión. Si no se cuenta con los recursos suficientes para financiar el desarrollo que todos queremos, es necesario poner en valor aquello de que disponemos, máxime si representa la instalación de una infraestructura productiva con un horizonte de largo plazo.

La actividad minera en el Perú, por las características propias del potencial geológico de nuestro territorio, deviene en un articulador de otros sectores económicos y en un propulsor inequívoco —no excluyente ni único— del desarrollo. Contar con yacimientos explorados, con factibilidad económica y financiera, con recursos suficientes para iniciar su construcción, y no tomar la decisión que el ejercicio democrático y la racionalidad recomiendan es eludir una responsabilidad que le compete únicamente a la autoridad.

Por otro lado, la ciudadanía debe tener presente que la judicialización de los actos de corrupción es positiva. Pero ella en sí misma no generará las condiciones para resolver los problemas nacionales.