Programa Económico 2026-2031

Estamos aproximadamente a dieciocho meses para conocer al nuevo Ejecutivo y Legislativo que tomará las riendas del país. Y en ese contexto se torna fundamental conocer el programa de gobierno y, en especial el programa económico, de aquellos que buscarán participar en las elecciones generales y acceder como nuevas autoridades. Esto es particularmente relevante cuando acabamos de culminar una década, la del 2014-2024, que he calificado como “década perdida”, pues sólo se alcanzó una tasa promedio anual de crecimiento económico de alrededor del 2.5% y un crecimiento potencial en el entorno del 3%, totalmente insuficientes para enfrentar y resolver los agudos problemas del país, tales como la informalidad, la pobreza e inequidad.

Esto se torna crítico e inaceptable cuando bien se pudo mantener el ritmo que se registró en la primera década de este siglo, con una tasa de crecimiento promedio anual y una potencial en el entorno ambas del 6%, que permitió como todos conocemos reducir de manera sustancial la pobreza; aunque no tanto la informalidad e inequidad, por las razones que hemos explicado en múltiples oportunidades y que más adelante precisaremos.

En ese contexto consideramos esencial poner a consideración, a través de este portal, lo central de un programa económico no sólo para el quinquenio 2026-2031, sino para que tenga vigencia permanente, como política de estado, que garantice alcanzar los objetivos supremos que se buscan, como crecer con reducciones marcadas de los tres problemas antes señalados y lograr un mejor y mayor bienestar para toda la población. Este programa, que llamaremos “programa económico para el bienestar”, busca consolidar el aplicado al inicio de los años noventa y enmarcarse como corresponde en lo establecido en la Constitución de 1993, es decir, coherente con el sistema político y económico que señala la Carta Magna, que son la democracia y la economía social de mercado, respectivamente. 

Para simplificar y resumir su presentación en este artículo, adelantamos que el objetivo central del mismo es buscar el aumento permanente de la productividad, más específicamente el de la productividad total de factores (PTF), definida como la contribución que hacen a la producción todos los elementos que intervienen directa e indirectamente en el proceso; en términos más empresariales, es lograr la reducción de los costos reales. Ello es así por cuanto, como afirman famosos economistas a nivel mundial y lo confirma la historia económica, se puede señalar que en el mediano-largo plazo probablemente nada es más relevante para el bienestar económico de los países como la tasa de crecimiento de la PTF, dado que hace viable crecer a tasa alta de manera sostenida.

Para tener éxito en este propósito se necesita actuar simultáneamente sobre cuatro elementos vitales, todos necesarios y, en conjunto pero no individualmente, suficientes: las instituciones, los fundamentos macroeconómicos, las reformas estructurales y la inversión. De realizarlo como corresponde, asegurará alcanzar más temprano que tarde crecimiento potencial y real a tasa elevada de manera sostenida, concretamente en el caso del Perú entre 6-7% promedio anual, pero logrando reducir progresivamente la informalidad, la pobreza y la inequidad; en este último caso tanto la inequidad en la distribución de los ingresos como, la más importante, en la distribución de oportunidades. 

En las circunstancias actuales del país toma particular relevancia el elemento concerniente a las instituciones; es decir, aquel que comprende las leyes no escritas que regulan la convivencia de las personas y organismos que integran una sociedad regida por el sistema democrático y la economía social de mercado. Más específicamente, estamos hablando en lo sustantivo del imperio de la ley o el estado de derecho, la estabilidad jurídica, los derechos de propiedad y de autor, la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar en el marco de las normas jurídicas y éticas, así como de la universalidad, transparencia y oportunidad de la información. El desconocimiento o inaplicación de ellas por parte de las personas y, peor aún, de los organismos encargados de cumplirlas y hacerlas cumplir, complica y pone en riesgo el sistema político y económico antes mencionados y genera por tanto incertidumbre, inseguridad y desconfianza en los distintos agentes económicos nacionales e internacionales.

Es lamentable conocer cómo las instituciones son violentadas de diversas maneras sin sanción o corrección alguna. Basta mencionar algunas como el desconocimiento unilateral de los contratos, la toma de carreteras con perjuicio directo a personas y empresas, el atentado contra la propiedad pública y privada, a lo que se suma con tendencia a seguir creciendo actividades tan nocivas como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala indiscriminada de árboles, la trata de mujeres y niños, el contrabando y el sicariato, la extorsión y la delincuencia en general. 

Es indispensable revertir esta situación que debilita y pone en riesgo la democracia y la economía social de mercado. Para ello se requieren poderes del estado, concretamente el ejecutivo, legislativo y judicial, que cabalmente cumplan con convicción y decisión lo que manda la Constitución y las leyes, para ello las personas que lo integran fueron elegidas y nombradas, es su obligación hacerlo. Empero, al margen de ello se torna imperativo una reforma integral del estado, tanto del ejecutivo en sus tres niveles –nacional, regional y local- el poder judicial incluyendo la fiscalía, como el propio legislativo.

Decía el politólogo norteamericano Francis Fukuyama, que es bueno que el Perú aspire ser un país del primer mundo, pero que nunca lo será con un estado del tercer mundo. En artículos anteriores hemos descrito con cierto detalle cómo debe ser esta reforma, en particular la del poder ejecutivo, la cual es impostergable; el problema es quién o quiénes hacen las reformas, por ejemplo, de la fiscalía. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

El segundo elemento, el de los fundamentos macroeconómicos, se refiere esencialmente al diseño y manejo de la política monetaria, cambiaria, fiscal y tributaria, las dos primeras a cargo del Banco Central de Reserva (BCR) y las dos últimas por cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lo posible bien sintonizadas y coordinadas. En la medida que el BCR mantenga su autonomía y un alto nivel profesional podrá ubicar y mantener la inflación dentro del rango meta, con lo que estará asegurada la estabilidad macro por esta vía; empero, en paralelo es necesaria una política tributaria y un agente recaudador (Sunat) que aseguren una eficiente y eficaz recaudación, para allegar los recursos indispensables para el correspondiente gasto fiscal, y que esto último se concrete con déficit marginal o, mejor aún, superávit, y bajo endeudamiento.

Actualmente, al margen del ajuste que es necesario en el MEF como parte de la reforma del ejecutivo, es indispensable reorientar la política fiscal y realizar una reforma integral de la política tributaria, incluyendo ajustes sustantivos en el ente recaudador, para asegurar el respeto a los fundamentos macroeconómicos y garantizar completamente la estabilidad de la economía, condición necesaria mas no suficiente para permitir alcanzar tasa alta y sostenida de crecimiento.

El tercer aspecto clave para incrementar la PTF son las reformas estructurales, algunas de las cuales ya fueron mencionadas, como la reforma del estado, la tributaria y la fiscal. A ellas deberán sumarse tres más que son esenciales, empezando por aquella orientada al capital humano como son la pertinente a la salud y la educación, para ponerlas en la frontera del arte y con carácter universal, es decir que todos puedan acceder a ellas, con lo que en particular además se está propendiendo a la equidad en la distribución de oportunidades, ofreciendo a cada persona un nivel mínimo adecuado de salud y educación, con base en el cual aspirar alcanzar objetivos personales.

También es indispensable la reforma laboral, reconociendo que tenemos una de las políticas laborales más inflexibles, rígida y desfasada de lo que requiere el mercado y el avance tecnológico, lo que perjudica a los propios trabajadores pues tenemos una muy alta informalidad laboral, que determina no sólo bajos ingresos si no ausencia de beneficios sociales. 

Adicionalmente a las reformas nombradas podemos señalar las políticas sectoriales, que deben buscar solucionar problemas específicos de las correspondientes actividades productivas que les impide crecer adecuadamente y a ritmo importante. No se trata de favorecer determinadas actividades vía política económica discrecional, distorsionando las señales del mercado, a través por ejemplo de subsidios, exoneraciones tributarias o tratamientos preferenciales, calificándolas para tal efecto como “estratégicas o de alto potencial”, nada más inapropiado para la asignación eficiente de los recursos. Lo que se busca es ir al encuentro de aspectos vitales para su desarrollo, como es la disponibilidad de agua para el agro, poner en valor los monumentos y ruinas para potenciar el turismo o una política específica para preservar y potenciar los bosques como sustento de la producción y exportación de madera y muebles.

No sobra decir que si bien estas políticas sectoriales son en algunos casos necesarias, lo más relevante para todas las actividades productivas es llevar adelante los cuatro elementos que conforman este programa económico para el bienestar. Es en este contexto que podrá concretarse la cartera de proyectos de inversión que se tiene en diversos sectores como el minero, agrario, industrial, entre otros. 

Precisamente vinculado a esto último está el cuarto elemento necesario para elevar de manera permanente la PTF, como es la inversión, en particular la referente no sólo a infraestructura física expresada en carreteras, hidroeléctricas, puertos y aeropuertos, entre otras, sino asimismo a la infraestructura digital para no quedarnos rezagados ante el vertiginoso avance de la tecnología. La concreción de las inversiones en las distintas actividades productivas, en cualquier lugar del país, es en muchos casos imposible o difícil de lograr ante la ausencia o inadecuada existencia de infraestructura. Por cierto es muy relevante tener presente que para materializar las inversiones es de suma importancia contar con un ambiente de negocios favorable, proinversión, donde cobra especial valor el tema de las instituciones, sin lo cual se torna muy cuesta arriba ser una locación atractiva para la inversión nacional y extranjera. 

Si coincidimos en que estos cuatro elementos, brevemente explicados, son fundamentales para retomar un crecimiento a tasa alta y sostenida, con reducción progresiva de la informalidad, pobreza e inequidad, lo que queda como tarea es desarrollar en detalle cada elemento, que en conjunto se convierte en un programa de gobierno. Esto o algo similar es lo que debemos exigir a cualquier grupo político que aspira tomar las riendas del país; que tenga el equipo de profesionales que pueda realizarlo y, eventualmente si son gobierno, ejecutarlo. La situación del país es difícil y compleja, no está para improvisaciones ni aventuras de iluminados sin equipo ni programa alguno. Estemos atentos.