Indolencia ante el SIDH

Continúan las agresiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)) contra el Perú. Y el Estado peruano, indolente ante tanto agravio, se limita a decir que el tema está en evaluación y, los ciudadanos que queremos soluciones, nos preguntamos ¿hasta cuándo?

Nuevamente se abrió el debate sobre el SIDH a raíz de la ley de Amnistía N° 32419 a favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que lucharon contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, así como para adultos mayores. El presidente de la Corte Interamericana de DD.HH., en el proceso de supervisión de las sentencias de los casos “La Cantuta” y “Barrios Altos”, exhortó a que no se aprobase la Ley de Amnistía y, luego de aprobada la ley, la propia Corte instó y ordenó para que no se cumpla aquella.

La Ley de Amnistía tiene expreso amparo constitucional y tiene que cumplirse por muchos motivos, entre ellos porque es ley y las leyes obligan, además porque los jueces expresamente tienen mandato constitucional en tal sentido y porque es injusto tener a procesados sin sentencia por décadas, cuando la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que los procesos judiciales deben concluir en plazos razonables.

Gran mayoría de los peruanos estamos hartos de las intromisiones indebidas del Sistema Interamericano en asuntos de competencia estrictamente nacional. Y así lo entendió el Congreso de la República al aprobar ley sobre el tema. Ahora tenemos tres opciones: no hacer nada, autorizar al Ejecutivo a que se denuncie el tratado y nos retiremos del Sistema, o la opción intermedia que es evaluar el Sistema y proponer los cambios pertinentes a la OEA, cambios que si no se adoptan, justificarían nuestro retiro. Esta última es la opción que escogió justificadamente el Congreso.

El Poder Ejecutivo observó la determinación congresal; pero ha pasado más de un año sin que el Congreso insista en la aprobación o que el Ejecutivo, retirando la observación promulgue de una vez por todas la ley. En conclusión, seguimos en el limbo por más de que desde el 2007, siendo presidente Alan García, siendo Canciller José Antonio García Belaunde y siendo representante ante la OEA el autor de esta nota, se acordó la última opción de acción y se plantearon en ese entonces algunas reformas, de las que unas pocas se llevaron a la práctica, pero falta seguir con la tarea.

Posteriormente en la OEA, con el auspicioso aporte del embajador Hugo de Zela Martínez, altísimo funcionario de la Organización de la que en tal época era su Secretario General José Miguel Insulza, se formó comisión de evaluación y reformas al SIDH, incluso “Grupo de Trabajo Especial”, llegándose a algunos convenientes resultados entre el 2011 y el 2013. Pero aún falta mucho por emprender y lograr, por lo que es conveniente reiniciar las tareas cuanto antes.

No se trata de retirarnos del Sistema, sino de mejorarlo, pues en caso sobre todo de dictaduras, siempre se requerirá de la protección de algún organismo supranacional en materia de Derechos Humanos, entre los que se encuentran los Derechos Políticos. Además no hay que caer en el facilismo de decidir nuestro retiro del SIDH, pues este está relacionado con el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa de Personas; con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Adicionalmente a lo expuesto, la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que nace la Comisión y Corte del mismo nombre, podría generar problemas con el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, los TLC con la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos, sin olvidar que podría verse afectada nuestra vocación de entrar en la OCDE.

Como es fácil advertir se requiere que tanto el Ejecutivo como el Congreso, dejen de dar tantas vueltas y acuerden seguir con la línea diseñada el año 2007, cerca de 20 años atrás, y nos dejen de mecer con la “eterna evaluación”. ¡Basta de tanta indolencia!