Informalidad empresarial y laboral

La informalidad empresarial y laboral es un  problema crítico que está presente desde hace mucho tiempo en el país, pero que se está agudizando en los últimos años por diversas razones, sin visos de solución. Ello motiva que en diversas oportunidades, dependiendo de la coyuntura, se pronuncien al respecto organismos públicos y privados, así como múltiples académicos y profesionales, buscando caracterizar el problema y planteando soluciones, todas ellas en nuestra opinión parciales, cortoplacistas, simplistas, de visión parroquial, que no sólo no lograrán atenuarla ni eliminarla sino, lo que es peor, más bien profundizarla. Más grave aún cuando algunos confunden o incluyen en el tratamiento de la informalidad económica empresarial a actividades como la minería ilegal, la tala ilícita de árboles e incluso el contrabando, que están en el campo delincuencial, penal. 

Por ello, no obstante que hemos tratado este tema en otros artículos en este mismo portal, pretendemos en esta oportunidad reiterar lo sustantivo del mismo, no para que las actuales autoridades, sea desde el ejecutivo o legislativo, se aboquen a tratar el mismo, si no con el ánimo que se entienda de manera integral qué la genera y por tanto cómo enfrentar con eficacia este crítico problema, para que los que aspiran acceder al gobierno o al Congreso con ocasión de las próximas elecciones en el 2026 la incorporen de manera apropiada en sus agendas y, más relevante aún, busquen resolverlo de llegar al poder.

En el caso peruano tienen que analizarse y tratarse de manera simultánea cinco aspectos centrales, muy interrelacionados, que hacen a la esencia del problema de la informalidad empresarial y laboral. Concretamente nos referimos a la productividad, las leyes y normas que regulan la actividad empresarial, los títulos de propiedad, la política tributaria y la política laboral. La visión y acción conjunta sobre ellas permitirá progresivamente reducirla y eventualmente eliminarla; no es con mejoras o correcciones parciales de una o algunas de las mismas que puede lograrse, pues el resultado podría ser incluso opuesto dado que, como sabemos por la teoría económica del segundo mejor, la eliminación de una o algunas de las restricciones pero no de todas puede conducir a un escenario peor que el anterior. 

El universo empresarial del Perú está compuesto según diversas fuentes  en un 99% por micro y pequeñas empresas, las llamadas “mypes”. Ellas en su gran mayoría tienen una productividad bajísima pues no disponen de tecnologías de punta e idóneas para la actividad que realizan, tienen escasa inversión en equipos y maquinarias en su mayoría obsoletas o inadecuadas, operan en locales por lo general no aptos, a lo que se suma que los servicios e infraestructura básica que requieren y que deben ser provistos por el gobierno nacional, regional o local pertinente no existen o son inapropiados. 

En ese contexto el grueso de ellas, calculamos el 90%, actúan y son calificadas como informales por no disponer de los registros correspondientes, como por ejemplo la licencia de funcionamiento que otorga la municipalidad por la demora en obtenerla y los costos de la misma, o calificadas como tal por no disponer del RUC para evitar pagar los altos impuestos, evitar así tener un socio no previsto como el “estado” y compartir con él sus utilidades, a más de ser calificados como informales por no tener a todos o la mayoría de los trabajadores en planilla por la existencia del salario mínimo vital ylos elevados beneficios sociales asociados que incrementan la retribución del trabajador por encima de su rendimiento. En resumen, el grueso de las mypes son informales por no estar en condiciones de afrontar los costos que la formalidad conlleva en razón a su baja productividad. Esta cruda realidad explica en gran medida por qué no funcionan acciones aisladas en el campo laboral, tributario o regulatorio, muchas de las cuales incluso fomentan el “enanismo” de las empresas, es decir, que se mantengan como mypes, agudizando el problema.

En cuanto al empleo, conocemos por distintas fuentes, entre ellas la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), que al 2022  alrededor del 76% de la población económicamente activa, la PEA, estaba en condición de  informal, cifra que por la recesión del 2023 debe haber subido y con  tendencia al alza pues el empleo que mayormente se está generando es de esta naturaleza. Es decir, se trata de trabajadores que no están en planilla, no reciben beneficios sociales tales como compensación por tiempo de servicio, vacaciones o gratificaciones, trabajadores en su mayoría de mypes informales e incluso de empresas formales al margen de su tamaño y que están en esa condición por las razones precisadas en el párrafo anterior, concretamente por la política laboral vigente que desconoce la baja productividad del trabajador peruano, por su limitada y deficiente educación, capacitación y entrenamiento, que aunada a las condiciones no idóneas de las empresas señaladas anteriormente determinan una productividad-competitividad muy baja de las mismas y por ende rendimientos insatisfactorios. En resumen, un alto porcentaje de empresas y trabajadores del país tienen una productividad muy baja que explica en gran medida la elevada informalidad existente y que se si no se toma en cuenta no podrá resolverse de manera efectiva este agudo problema. Esto conlleva necesariamente una reforma profunda de la educación en todas sus instancias. 

A lo anterior se suma el segundo aspecto central para solucionar la informalidad, nos referimos a la absurda política regulatoria que impera en el ejecutivo en sus tres niveles, nacional, regional y local. Se desconoce o no se reconoce que la Constitución establece como sistema económico la economía social de mercado, que implica dejar funcionar al mercado para que dé las señales correctas a los agentes económicos para la asignación eficiente de los recursos y una adecuada competencia e intervenir sólo para corregir externalidades negativas o distorsiones específicas. Empero, sabemos que por diversos argumentos absurdos se ponen múltiples trabas y barreras burocráticas, se establecen engorrosos trámites, requerimientos y procesos administrativos, todo lo cual encarece sobremanera y dilata en tiempo la operación de las empresas y se constituyen además en  caldo de cultivo para acciones de corrupción de distinta índole. Es lamentable constatar que ante cualquier dificultad o problema, en muchos de los casos temporales, se busca la solución vía complejas normas administrativas que complican y encarecen más el accionar de las empresas. Por ello, las mypes optan por saltarse estas exigencias, es decir, por ingresar a la informalidad.

El problema se agudiza cuando los empresarios vinculados a las mypes no disponen de los títulos de propiedad de parte importante del patrimonio de ellos o de las empresas, como la maquinaria y equipo o los inmuebles, en especial estos últimos, con lo cual se torna imposible ser sujetos de crédito de las entidades del sistema financiero al no poder utilizarlos como garantía de los créditos que requieran; peor aún, se ven forzados a acudir al mundo financiero informal en el cual las tasas de interés son leoninas y muy peligrosas las consecuencias de no honrarlas. La exclusión financiera se da en estos casos no por las elevadas tasas de interés del sistema financiero formal si no por no disponer de las garantías pertinentes que se requieren para acceder al crédito.

Ignorando la realidad descrita se mantiene una política laboral totalmente inadecuada, rígida, con altos costos (sobrecostos) no laborales, agravada recientemente con normas que castigan la tercerización laboral de las empresas y premian y fomentan la atomización de los sindicatos, desconociendo que apenas el 20% de la PEA es formal, con empleo adecuado, precisamente por la absurda política laboral vigente. Se impulsa de esta forma que las empresas se tornen intensivas en capital, viable para las medianas y en especial las grandes, o que se pasen al mundo de la informalidad, que es lo que hacen precisamente las mypes.    

Finalmente, pero no por ello menos relevante, está lo correspondiente a la política tributaria, que desde la reforma integral realizada a inicios de los noventa para corregir sus innumerables distorsiones, múltiples tasas y el sistema obsoleto de administración –para lo cual se creó la Sunat– no se ha efectuado otra a la luz de la realidad y tendencia actual. Por el contrario, más bien se han introducido en distintas ocasiones y frente a coyunturas específicas, modificaciones parciales, en muchos casos inapropiadas como aquellas que fomentan el enanismo de las empresas para tener menos exigencias y pagar tasas más bajas, todo lo cual ha favorecido la corriente en pro de la informalidad.

En este contexto, queda claro que no es con propuestas que abarcan parcialmente uno o dos de los cinco aspectos centrales que explican la informalidad que se logrará siquiera atenuarla. El problema es agudo con connotaciones económicas y sociales muy preocupantes, por lo que amerita enfrentarlo de manera prioritaria e integral actuando simultáneamente sobre los cinco aspectos explicados: productividad empresarial y laboral, política regulatoria, títulos de propiedad, política laboral y política tributaria. Conlleva la elaboración y ejecución de diversas reformas estructurales como la de educación y salud, la de innovación, ciencia y tecnología, la reforma del estado para al menos desterrar las barreras y trámites burocráticos,así como las reformas laboral y tributaria, conjuntamente con buscar la universalidad de los títulos de propiedad.

Será un proceso largo y complejo pues en los últimos quince años se han dictado medidas que han exacerbado la informalidad, como lo muestran las cifras. Además hay que precisar que el escenario óptimo de iniciar una acción en esta dirección es cuando la economía crece a ritmo creciente, abriendo oportunidades de empleo adecuado, en un contexto donde lo que debe buscarse es consolidar los cimientos del crecimiento, léase la estabilidad macroeconómica y la institucionalidad, a la par con potenciar los motores del crecimiento como son la inversión y productividad. No en un escenario como el actual que registra tasas insuficientes de crecimiento, en un contexto de enorme incertidumbre, desconfianza y descontrol, donde los dos organismos claves para dirigir este proceso actúan de manera aislada, enfrentados, me refiero al ejecutivo y legislativo, peor aún sin claridad hay que decirlo de cómo manejar este tema de la informalidad, pues en realidad no parecen siquiera entenderlo. Para colmo, con un ejecutivo y parte del legislativo que no comulgan con la economía social de mercado y por tanto no favorecen la esencia de lo que corresponde realizar, es decir, la dirección que deben tener las reformas estructurales precisadas.

Toca por tanto esperar la oportunidad para actuar, que ojalá sea con las nuevas autoridades a elegir el 2026; empero, ello no debe ser óbice para elaborar y tener listo el programa que tendrá que aplicarse si en efecto se quiere reducir y eventualmente erradicar la informalidad empresarial y laboral en el país. La acción corresponde por tanto a los que aspiran ser gobierno o miembros del Congreso.