Perdiendo el paso

El escenario del Perú en el 2016 era de esperanza. Las fuerzas políticas que arribaron al Gobierno y al Poder Ejecutivo no presentaban mayores discrepancias en términos de política económica, y reafirmaban el libre mercado como opción para recuperar el ritmo de crecimiento perdido tras la administración Humala-Heredia. No obstante, se empantanaron en confrontaciones estériles y no fueron capaces de lograr acuerdos mínimos que permitiesen atraer la inversión, generar empleo, reducir la pobreza y emprender las denominadas reformas de segundo piso: educación, salud, justicia y seguridad ciudadana.

Un país que desea seguir creciendo requiere generar consensos entre los miembros de su clase política. Como en toda experiencia democrática, hay espacio para el debate y la divergencia; pero por sobre todo, no se puede prescindir del crecimiento y el desarrollo social cuando aún hay enormes brechas por cerrar.

Consensuar es definir cuáles son las áreas en las que la mayoría de la población o los líderes políticos consideran que el país debe proseguir su expansión económica para lograr el bienestar de un mayor número de peruanos. En otras palabras, cómo financiamos servicios que son demandantes de ingentes recursos económicos si al mismo tiempo no estimulamos el crecimiento y fortalecimiento del aparato productivo para contar con más tributación.

En el Perú, las actividades económicas con más potencial son la minería, la industria, el turismo, la agricultura, la pesca, etc. Respecto de ellas, el debate debería ser cómo hacemos para que dichas actividades produzcan más y mejor. Sin embargo, algunos parecen entender que “mejor” es detener las actividades si ellas representan un potencial impacto ambiental. Esa demanda resulta estéril. En estos casos, el aporte de la academia debería ser abocarse a estudiar cómo reducir el impacto, así como proponer mejorar las técnicas de relacionamiento interpersonal y social en espacios culturales disímiles.

Resulta contradictorio escuchar muchas veces que se demanda canon, pero al mismo tiempo se pretende limitar que en algunas localidades se lleven a cabo actividades extractivas, o de generación de energía o la construcción de represas y carreteras que pudiesen afianzar el crecimiento de la agroindustria y el intercambio comercial. O la instalación de fibra óptica, cuando la era digital ya existe y brindará mayores oportunidades a quienes dispongan de ella.

La gran ventaja del desarrollo minero es que en sí mismo se ha convertido en un gran articulador de la economía, porque se desarrolla en los lugares donde están los yacimientos. La extracción y procesamiento de minerales implica la construcción de vías de acceso, la conexión a fuentes de energía y la instalación de sistemas de comunicación en tiempo real con el mercado global. Además se fortalece la demanda y estimula la calidad de la producción manufacturera local al estimular la competencia con sus pares en el exterior. Y se genera empleo directo e indirecto bien remunerado, convirtiendo en consumidores a un importante segmento de la población, abasteciéndolos con servicios o bienes de consumo directos.

Por ser formal —a diferencia de la extracción ilegal de minerales— paga sus impuestos, haciendo que el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, cuente con recursos significativos para hacer obras sociales e infraestructura productiva que estimule el desarrollo económico y social.

Si el camino a seguir nos conduce hacia un horizonte definido, ¿por qué perdemos el paso?