Más allá de la politización

El Gobierno del presidente Martín Vizcarra ha cumplido un año en el ejercicio del poder. En este periodo, ha logrado alinear su discurso político a la lucha contra la corrupción; instituciones denominadas autónomas como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial afirman haber iniciado una lucha frontal contra ella, inclusive al interior de sus organizaciones. El resultado: Vizcarra ha quebrado la mayoría absoluta que ostentaba el fujimorismo en el Congreso de la República, ha conseguido la renuncia de los titulares de los poderes del Estado antes mencionados, ha arrinconado a la oposición y gobierna, en la práctica, sin una bancada parlamentaria que lo respalde.

No obstante, el Poder Ejecutivo requiere que los miembros del gabinete presidido por Salvador del Solar cuenten con el voto de confianza de la mayoría parlamentaria. Arremeter en contra del Poder Legislativo ya no le aportará mayor respaldo ciudadano. Ahora los errores provienen del propio Ejecutivo: Mercedes Aráoz ha sido ridiculizada en las redes sociales por pretender establecer una correlación inversa entre los ingresos que recibe un congresista y la práctica del lobby. Si el congreso decide ratificar prontamente al nuevo gabinete, lo que percibirá la opinión pública es que ya no hay oposición ni obstruccionismo por parte de este poder del Estado; en consecuencia, la responsabilidad de los aciertos y de los errores recaerá, en el corto plazo, de manera exclusiva en las decisiones del presidente Vizcarra.

Lo cierto es que el Gobierno necesita exhibir logros que vayan más allá del ámbito estrictamente político. La reconstrucción del norte no avanza y en el sur se instaló un puente para reemplazar al que fue arrastrado por los deslizamientos de tierra ocasionados por lluvias intensas. La agenda nacional no puede seguir siendo definida exclusivamente por la judicialización de la política y los casos de corrupción vinculados a Odebrecht, OAS y otros.

La interrupción de vías de transporte constituye un delito porque contraviene la garantía del libre tránsito establecida en la Constitución Política. Si el Ejecutivo no es capaz de garantizar principios básicos de convivencia pacífica terminará precarizando la gobernabilidad, porque se pierde la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Y subsecuentemente, se impacta negativamente en los agentes económicos, que son los que toman decisiones de inversión que permitirán generar empleo productivo, reducir la pobreza, contar con mayores recursos fiscales e impulsar —también— obras de inversión pública.

El mensaje del Gobierno tiene que ser claro: apostamos por la inversión porque queremos mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. No resulta razonable que por la oposición de un grupo se detenga el normal desenvolvimiento de una operación minera como lo Las Bambas. La condición para el diálogo no puede implicar ausencia de autoridad.

Un inversionista interesado en el país siempre se informa. Si hace un recorrido hacia atrás y descubre que sucesivos gobiernos postergan inversiones por más de US$ 60,000 millones como consecuencia de la acción política. ¿Usted decidiría invertir en el Perú o empieza a evaluar otras plazas más estables y atractivas? La respuesta es obvia.