Lucha anticorrupción y crecimiento económico

 

La lucha contra la corrupción es incuestionable. Todos preferiríamos que nunca se hubiese producido o que no vuelvan a suceder acontecimientos tan lamentables. Lo cierto es que la corrupción, como otros hechos reñidos con la moral y además con implicaciones delictivas, siempre ha estado presente en el Perú y en todos los países del mundo, en mayor o menor medida.

¿Cómo compatibilizar la lucha anticorrupción con el crecimiento? Una opción es reprimir la corrupción para inhibir a sus actores, pero eso es actuar sobre las consecuencias y no acudir a las fuentes u orígenes (para desterrarla). Otro camino es disminuir la discrecionalidad de quienes deben promulgar una norma u otorgar una autorización en nombre del Estado. Los hechos han demostrado que —en función a la jerarquía de una autoridad— se termina comprometiendo los ingresos del Estado, mediante la suscripción de contratos lesivos cuya vigencia, de hasta 40 años, termina impactando negativamente en los ingresos de la presente generación de peruanos, y las dos o tres próximas.

Cuando se acude a las fuentes que facilitan la corrupción surge la siguiente pregunta: ¿es la normatividad tan farragosa que dificulta a un funcionario público cumplir con sus labores de manera efectiva? De ser así, el problema está en las normas que no facilitan ni reflejan la dinámica actual de las actividades económicas; en consecuencia, detienen su crecimiento.

Pueden ser los funcionarios quienes generan una cantidad de normas que terminan intencionalmente desacelerando el ritmo de la economía para ofrecer al administrado una “vía rápida” previo estímulo económico. O, viceversa, el administrado, consciente de que la normatividad vigente retrasará la ejecución de su propuesta, decide brindar un “incentivo”.

La conducta de la autoridad, como la del administrado son cuestionables y punibles en los casos señalados. Pero finalmente es la autoridad quien tiene la potestad de derogar la normatividad y, por lo tanto, una de las fuentes de corrupción.

¿Cuáles son las normas adecuadas? La efectividad de las normas —que reflejan decisiones políticas— se evalúa en el mediano y largo plazo. En consecuencia, contrastarlas con el resultado económico y social que estas han ocasionado proporciona una ruta para conocer cuáles fueron las que redundaron en beneficio de la colectividad nacional.

Si uno analiza los períodos en que la evolución del Producto Bruto Interno fue mayor, se percata de que en aquellos la inversión privada descolló y, subsecuentemente, el país obtuvo varios beneficios: a) se generó cientos de miles de puestos de trabajo, b) se redujo significativamente los niveles de pobreza, c) mejoraron los índices de productividad, d) la calidad y esperanza de vida se incrementaron, e) se redujeron los índices de conflictividad social.

Cuando los líderes de un país no generan expectativas de mejora y se dedican a la confrontación política casi exclusivamente, el resultado es la incertidumbre, disminuye el respaldo social, se incrementa la frustración. Y los protagonistas suelen canalizar esa frustración por medio de acciones que —en algunos casos— transgreden el ámbito de la legalidad.

Si realmente se quiere conducir y transformar el país, en concordancia con el discurso gubernamental, hay que combatir las causas de la corrupción. Y al mismo tiempo promover la inversión privada, principal generadora de riqueza.