Impulsar la institucionalidad política

 

Cuando uno revisa los registros de los acontecimientos históricos de los últimos cien años en el país encuentra que hubo momentos de grandes oportunidades, pero también de frustraciones. En diferentes momentos de cada período gubernamental, los mandatarios contaron con un lapso de gracia otorgado por la ciudadanía para que lleve a cabo las acciones que estime conveniente para generar bienestar creciente para un mayor número de peruanos.

En otros momentos, en cambio, primó la vanidad, la coyuntura, “el arte de lo posible” para describir a la acción política y eludir la responsabilidad de liderar. ¿Cómo lograr el bienestar en un país complejo, diverso y atravesado por intereses muchas veces contrapuestos? La fórmula —casi siempre exitosa— es observar el camino recorrido por aquellos países que llevaron a cabo la gran tarea de proponer, persuadir, implementar y sostener en el tiempo un plan que genere institucionalidad. 

La institucionalidad es algo transversal que involucra a toda la ciudadanía, la conciencia de que avances y retrocesos no es el camino adecuado y que la opción en el presente es avanzar y sólo avanzar. La razón de esto que resulta imperioso es el avance incontenible y a pasos agigantados de la tecnología: o estamos al día o simplemente perdemos el tren de la historia de aquí en adelante.

La institucionalidad se sostiene en el tiempo y sus resultados se expresan en la expansión económica que impacta favorablemente en la generación del empleo, la reducción de la pobreza y en el bienestar general de la población. ¿Qué ocurrió en el oncenio de Augusto Bernardino Leguía? Además, de las consabidas denuncias de corrupción, estabilidad en las reglas de juego, con excepción de la esfera política correspondiente al ejercicio de la democracia de su tiempo (el derecho al voto estaba restringido a los varones, alfabetos y con cierto nivel de ingreso). Leguía cerró en gran medida las fronteras e inició un proceso de modernización de la infraestructura pública.

Luego de la caída de Leguía, ocasionada principalmente por la crisis económica mundial de 1929, el país volvió a la turbulencia política y la economía se resintió. Posteriormente, el otro período de crecimiento sostenido fue el que lideró el general Manuel A. Odría entre 1948 y 1956. El segundo gobierno de Manuel Prado logró recuperar la economía cuando el entonces Ministerio de Hacienda era conducido por Pedro Beltrán Espantoso.

Más adelante, la transformación impuesta por el Gobierno de las Fuerzas Armadas, de 1968 a 1980, bajo los regímenes de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, significaron la expansión y quiebra del estatismo como opción de gobierno. Fue en los años noventa del siglo XX que el país volvió a crecer. La fórmula: seguridad, convicción en las políticas económicas a implementarse y seguridad jurídica con rango constitucional.

Tras el Gobierno de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García expresaron su voluntad de mantener el programa económico, y sus frutos han sido incuestionables: inversión, generación de empleo, reducción de la pobreza y creciente bienestar. Conformación de una clase media que fomenta la cohesión social y se suma a las propuestas de institucionalización para continuar en la senda exitosa.

Lamentablemente, los gobiernos que sucedieron no han dado muestras de convicción en la promoción de las inversiones ni en los positivos impactos que genera. La caída sostenida en el ritmo de expansión del Producto Bruto Interno, de 8% en el 2010 a poco más de 3% en la actualidad demuestra que las decisiones de gobierno sí impactan a favor o en contra de la institucionalidad, la cohesión y el bienestar social.

La actual administración ha registrado avances importantes en los objetivos de luchar contra la corrupción y proponer una reforma política. Pero la gran oportunidad de generar bienestar pasa por emitir señales de confianza para impulsar la inversión.