Gobernar es asumir desafíos

Cuando se enfrenta una emergencia, un gobernante tiene dos opciones: implementar un sistema de ayuda que permita paliar lo que sucede y atender a los damnificados —que dicho sea de paso, traen consigo el acompañamiento de aplausos y mucha exposición mediática— o asumir su responsabilidad y gobernar. En el Perú, parece que quienes tienen la responsabilidad de gobierno se han inclinado, casi exclusivamente a gobernar en función al resultado de los sondeos de opinión pública, cuando todos sabemos que ello es efímero y muy volátil.

Gobernar es ser consciente de que un plan de emergencia no puede ser ejecutado por tiempo indefinido. Ello insume el ahorro nacional que, por ser un recurso económico, resulta finito; en algún momento, se acabará. Por consiguiente, si no se aplican medidas que faciliten la inversión y expandan el aparato productivo no habrá manera de reponerlo y, peor aún, no se dispondrá de esos ahorros en caso de que se presenten otras emergencias en el país.

Entonces, el gobierno tiene —entre sus funciones— que garantizar el crecimiento del ahorro nacional mediante la promoción de las inversiones públicas y privadas, así como definir un plan de prevención ante emergencias que contemple medidas coercitivas y sancionadoras para quienes decidan no cumplirlas o promover su desacato. El ejercicio del gobierno, además de ejecutar acciones positivas, también está en alentarlas; y por el contrario, sancionar aquellas que resulten en inconductas, sea que revistan implicancias administrativas y hasta penales.

Lo positivo siempre generará reconocimiento y respaldo popular; pero, ¿qué sucede cuando decisiones positivas de gobierno son resistidas por las acciones negativas promovidas por algunos otros? Si el gobierno ejerce la autoridad que le ha sido conferida constitucionalmente, actuará principalmente en función al mediano y largo plazo, porque no son los hechos de coyuntura que le dan sostenibilidad al Estado que, por sus propias características, debe tener vocación de largo plazo.

Un gobierno que desea trascender es aquel que actúa con visión de estadista; atiende el corto plazo, pero siempre en función de la sostenibilidad del país. En consecuencia, un gobierno debe hacer lo que se debe, aunque implique un riesgo reputacional en sus niveles de aceptación inmediatos. Recordemos que las medidas efectistas generan respaldo que rápidamente se tornan en volátiles cuando la ciudadanía constata que ha sido defraudada, sea por decisiones erróneas o por omisiones en los actos de gobierno.

Si los diferentes gobiernos, en los últimos 60 años, hubiesen seguido aquello de “agro sí y el otro no”, las exportaciones totales del Perú el año pasado no hubiesen alcanzado los US$ 48,942 millones, sino apenas US$ 20,119 millones. Es decir, el número de desempleados se habría incrementado en un 1.2 millones de peruanos, adicionales a los ya existentes. Y si sumamos a sus familiares, la pobreza en el Perú no alcanzaría a seis millones, sino a doce millones. ¿Ese es el progreso y bienestar que promueven los sectores antimineros?