Estado limitado

En los últimos años hemos observado que la corrupción se ha incrementado a nivel mundial. Así lo demuestra un estudio del Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe del 2019. Los resultados muestran que el 53% de la población sostiene que su Gobierno no está realizando un trabajo adecuado para luchar contra la corrupción. Asimismo, más del 50% de ciudadanos opinan que su presidente, sus ministros y sus parlamentarios son los más corruptos, seguidos de los empleados públicos (con el 49%), los gobiernos locales y la policía (con el 45%); mientras que los jueces y magistrados suman un 42%. En el caso de los empresarios representan el 37%, y las oenegés y periodistas figuran con el 27% y 21% respectivamente.

En nuestro país los índices de soborno llegan al 30%; a diferencia de Colombia, que muestra un 20%, y Chile con 13%. Estas cifras reflejan el nivel de corrupción que se vive en la región latinoamericana y en especial en Perú. La corrupción no solo se focaliza en el Gobierno central, sino que está ramificada a nivel nacional. Es por eso que resulta común encontrar casos de corrupción al interior del país, en los gobiernos regionales y municipalidades, entre otros. 

La corrupción es directamente proporcional al tamaño del Estado: mientras más grande y burocrático, la corrupción es mayor. Lamentablemente el peruano ha normalizado la corrupción, porque a pesar de que se muestra inconforme y se queja de los funcionarios corruptos, en la práctica no le queda otro camino que ser parte del sistema degradado. Pero ¿qué solución sería las más viable para reducir este mal? A lo largo de estos años se ha hablado demasiado sobre la optimización del Estado, se ha hecho un esfuerzo para mejorar los servicios públicos; pero los resultados no satisfacen al ciudadano. 

Además, los niveles de corrupción van en aumento. Y aunque los discursos políticos sobre la lucha contra la corrupción resuenan todo el tiempo, son simplemente decorativos. En los últimos años, diversos analistas en materia económica están llegando a la conclusión de que la reducción del Estado sería una salida viable. El economista Carlos Adrianzén plantea el recorte del gasto público para reducir la corrupción burocrática; y el economista José Luis Tapia propone la eliminación de 35 impuestos que considera excesivos. Asimismo, en el marco de estas elecciones 2021 se ha puesto sobre la mesa la oferta de eliminar o fusionar algunos ministerios, planteada por el candidato Rafael López Aliaga, quien propone eliminar nueve ministerios que solo han servido para beneficiar con empleos a los amigos de los gobernantes de turno.

Hace años, la idea de limitar progresivamente el Estado parecía lejana en nuestra sociedad. Pero hoy se concibe como una alternativa viable para reducir los problemas de corrupción y mejorar los servicios básicos que la población demanda. Los sectores de salud, educación, seguridad y justicia deberían ser prioritarios para garantizar un Estado eficiente y que brinde mejores oportunidades a todos los peruanos.