Democracia y gobernabilidad

Un principio básico de la democracia es garantizar la gobernabilidad. Sin ella la democracia deviene en un formalismo en el que las instituciones encargadas de proteger al ciudadano demuestran su ineficiencia y, por lo tanto, el cuestionamiento a la operatividad de la democracia termina siendo puesta en tela de juicio por vastos sectores de la sociedad.

La democracia es más que el ejercicio y la participación de la ciudadanía en un proceso electoral. A través de este se elige a autoridades que deben asumir diferentes funciones, unas en el Poder Ejecutivo y otras en el Legislativo. El contrapeso entre ambas ha sido establecido previamente por la Constitución del Estado. Los partidos contendientes han aceptado las reglas del sistema y por eso participan en él; la única finalidad aceptada es reforzarlo y hacer que la ciudadanía confíe cada vez más en el mecanismo.

Caso contrario ocurre cuando las instancias respectivas no hacen cumplir la ley, permitiendo que grupos no representativos terminen imponiendo su criterio por sobre la voluntad de una población mayoritaria, que por decisión propia es pacífica y que expresa su beneplácito o discrepancia por los canales institucionales.

Permitir que una minoría se imponga sobre un grupo mayoritario es alentar la ingobernabilidad, porque otros grupos se ven incentivados a llevar a cabo acciones que vulneran las leyes. Como impedir el libre tránsito, agredir a los discrepantes, portar instrumentos que pueden ocasionar lesiones a la integridad de las personas y atentar contra la propiedad pública y privada.

Estos escenarios, más allá de las legítimas discrepancias, también son utilizados oportunistamente por grupos vinculados a organizaciones subversivas, así como también otras estrictamente relacionadas a la delincuencia común. Cuando grupos de piquetes bloquean una carretera y terminan por imponer el cobro de cupos a los conductores para dejarlos circular, lo que sucede es que al bloqueo le han asignado un precio, la interrupción del tránsito se levanta en función a lo que el grupo obstaculizador establezca. Por otro lado, como el común de las personas no se presta a esta “irregularidad”, lo que sucede es que grupos que suelen actuar al margen de ley sí están dispuestos a participar entusiastamente en el cobro del “peaje”. Asimismo, si alguien se exacerba y reclama de manera airada ante la injusticia, “el piquete” lo ataca.

En pocas palabras, la “ley de la selva” impera allí donde la autoridad se mantiene al margen y deja desguarnecida a la ciudadanía que trabaja para lograr su sustento legítimamente y, también, acrecentar la riqueza nacional.

En todo el mundo, los estados tienen el uso privativo de la fuerza para contrarrestar el empleo ilegítimo de esta por parte de grupos que desean mantenerse al margen de la ley. Queda claro que el empleo de la fuerza no implica necesariamente implementar una represión indiscriminada, se trata de fortalecer los aparatos de inteligencia del Estado para determinar quién o quiénes están detrás de aquello que pone en riesgo la seguridad nacional.

Tengamos presente que, en los años ochenta la subversión creó varios organismos de fachada con la finalidad de hacer uso de lo que denominan “los resquicios de la democracia”. Muchos de sus abogados actuaban en la esfera legal; y una vez descubiertos en un video, posando y disfrutando junto a uno de los líderes terroristas es que pasaron a la clandestinidad. 

La democracia no puede ser ingenua, ni nuestros objetivos políticos pueden poner en riesgo la gobernabilidad del Perú.