Agenda para ejecutar

Una de las primeras cosas que se debe analizar para tomar una decisión política es conocer cuáles son las preocupaciones de la población y formular una propuesta de solución. O al menos algún ofrecimiento que ofrezca cierto grado de certeza. Los problemas en el Perú aún son numerosos, y uno de ellos es la informalidad. En consecuencia, el debate debe girar en cómo establecer un mecanismo legal que facilite obtener información para el Estado, reducir la informalidad y hacer partícipe al ciudadano de que todos somos sujetos obligados a contribuir con el financiamiento del estado.

En concordancia, cabe preguntarse acerca de la factibilidad que el Impuesto General a las Ventas (IGV) –que en la actualidad es de 18%– “aumente” a 20%. Los dos puntos porcentuales adicionales serían destinados a una cuenta de capitalización personal del ciudadano que solicite Boleta de Venta Electrónica. Dicho comprobante debería permitir que el usuario vea reflejado en el documento que le emitan –en cada oportunidad– el acumulado en tiempo real. El ahorro producido podría ser empleado por el contribuyente para hacer cualquier tipo de transacción con algún nivel de Gobierno (pago de arbitrios, predial, impuestos en general, o cualquier otro servicio). De seguro el número de contribuyentes se incrementará, así como el volumen de recaudación.

Siempre se dice que los servicios de salud del Estado resultan insuficientes, lo cual es cierto. Como también lo es el hecho que determinados grupos etarios hacen un uso más frecuente de los servicios de salud. Pregunto, ¿no le saldría más económico al paciente, y al Ministerio de Salud, entregar una pulsera electrónica que permita conocer los signos vitales de un paciente, como hipertensión arterial, pulsaciones, temperatura, etc. y tenerlas conectadas en tiempo real con algún centro de salud que, empleando inteligencia artificial? Así se estaría informado si el paciente cae en una crisis y enviarle una alerta para que se comunique o dirija al nosocomio más cercano. Inclusive, el período de recuperación podría monitorearse electrónicamente desde su domicilio, evitando innecesarios desplazamientos hacia el centro de salud.

Con relación a la inseguridad ciudadana, por qué no adquirir cientos de miles de cámaras de seguridad con sensores de reconocimiento facial y de movimiento. Los delincuentes siguen pautas de conducta antes de realizar un asalto, un atraco, un secuestro, estudian su objetivo. Cámaras con sistemas de inteligencia artificial podrían lanzar alarmas que avisen a las dependencias policiales del riesgo de alguna conducta sospechosa. Algo similar podría establecerse para dependencias como el Poder Judicial y la Fiscalía; cada uno de sus despachos deberían contar con cámaras que registren lo cotidiano y las imágenes de las mismas deberían tener por destinatarios tres sedes, control interno de cada institución, una central de inteligencia con sede en Palacio de Gobierno y otra en la Dirección Nacional de Inteligencia. El control cruzado inhibe conductas indebidas. 

En la actualidad, el debate sobre la transparencia en el proceso de otorgamiento de buenas pro también podría ser vigilado electrónicamente y quedar registrados los debates para conocer las argumentaciones a favor o en contra de algún contratista. Del mismo modo, la supervisión de obras públicas también puede realizarse empleando cámaras que informen sobre el cumplimiento de ciertos hitos.

La ejecución de alguna de estas propuestas impactará rápida y favorablemente en la disminución de la informalidad, se conocerá cuál es el nivel de transacción de las personas naturales, así como de las personas jurídicas que ofertan bienes o proveen servicios. En adición, ministerios como el MIDIS sabrán si los recursos que le proporciona el Estado están siendo efectivamente destinados hacia pobladores en condiciones vulnerables, o si existen filtraciones o algún uso indebido de los mismos bajo el manido argumento del apoyo social.