Adiós a las armas… en manos de ciudadanos honestos

El Gobierno ha solicitado al Congreso facultades legislativas con el propósito de luchar contra la inseguridad que preocupa a todos. Dentro del paquete de medidas orientadas en esa dirección se encuentra una propuesta para modificar la actual Ley de Armas, iniciativa que parte de las recomendaciones de la oficina de asesoría jurídica –y parece que del criterio de otros asesores– de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Conviene detenerse en examinar el texto de las propuestas de Sucamec, dado que sorprenden por su simplismo y poco conocimiento. La administración insiste en la idea que la delincuencia puede ser controlada incrementando la burocracia y dificultando los procesos para renovar las licencias de uso de un arma a los civiles responsables (o haciéndolos más onerosos). En realidad es todo lo contrario; pero para entender esto se requiere un replanteamiento de conceptos básicos.

Complicar el acceso a un arma, y por tanto limitar el derecho a la legítima defensa, afecta a los ciudadanos respetuosos de las normas. A los delincuentes las normas les son del todo intrascendentes, por algo operan fuera de la ley; esa es la esencia del malhechor. Con leyes restrictivas el hampa puede estar segura de que la persona a la que le ponen el ojo para atentar contra sus bienes o su vida, se encuentra inerme y sin posibilidad de oponer una defensa razonable.

La primera propuesta de modificación planteada por Sucamec –y la más absurda– consiste en variar el artículo sétimo de la Ley de Armas, cambiando las condiciones para la obtención y renovación de la licencia para portar un arma de defensa. Actualmente el solicitante debe “expresar” sus motivos –además de cumplir con una serie de obligaciones, como tener antecedentes limpios y pasar por un examen sicológico– para portar un arma defensiva; esto es, exponer en unas líneas sus motivaciones. Para Sucamec esto es insuficiente. La administración quiere tener el poder de decidir respecto a las licencias y la posibilidad de defensa de las personas que han cumplido con todos los requisitos que las normas contemplan. Es el puro arbitrio que se presta a las injusticias y la corruptela.

Sucamec propone que el solicitante “acredite y fundamente documentalmente” las razones de la solicitud para llevar un arma defensiva. En otras palabras, lo que Sucamec está exigiendo son pruebas, no le basta el dicho del solicitante; presupone que es una persona falta de confianza y credibilidad. Pero, ¿qué pruebas se pueden presentar para satisfacer a la administración? ¿Quizá un documento suscrito por un delincuente con firma legalizada ante notario público diciendo que nos quiere asaltar? ¿Un video de los buenos muchachos del Tren de Aragua, identificándose con su carnet de extranjería señalando su próximo secuestro o asesinato?

Es un disparate legal que atenta contra el enunciado de la propia Constitución que –en su artículo segundo, numeral 23– reconoce el derecho a la legítima defensa. La propuesta nos hace recordar épocas pasadas, cuando la administración ponía como requisito para tramitar determinadas licencias que el solicitante presente sus boletas de pago, que sea empresario o que adjunte su declaración de impuestos. Los que no cumplían estos requisitos tenían que encomendarse al santo de su predilección para salir bien librados de un asalto.

La segunda propuesta contempla –modificando el artículo 19 de la Ley– limitar a tres el número de armas para deporte y caza. Tal enunciado parte del desconocimiento más absoluto de lo que son las modalidades deportivas y la cinegética. Cada categoría deportiva requiere de un arma específica y cada presa de caza de un arma con el calibre adecuado, por lo que limitar la posesión a tres armas es un sinsentido.

Pero lo curioso no es eso –es ridículo, pero no curioso–, lo realmente llamativo son los argumentos de Sucamec para fundamentar su propuesta. Sostiene la administración que ha detectado usuarios con muchas armas, no menciona cuántos, e “infiere que se puede estar haciendo algún tipo de tráfico ilegal”. En el colmo de la audacia, los burócratas de Sucamec “infieren” la existencia de un traspaso de armas legales a la delincuencia.

El término no es el correcto, inferir es extraer una conclusión en base a hechos tangibles y demostrables. Lo que está haciendo Sucamec es pretender que se efectúen modificaciones a una norma legal en base a sus suposiciones, a sus conjeturas o a dichos sin comprobación alguna. No se puede legislar en base a suposiciones y menos presumiendo la mala fe del usuario. 

Se pretende también limitar –de 600 a 100– el número de municiones que se pueden adquirir mensualmente para defensa personal. Nuevamente Sucamec presume que el número actual es excesivo y supone que esto deriva en un mercado ilegal de municiones. No sólo el argumento se basa en creencias no demostradas e imaginativos supuestos. también asume que el administrado es un sinvergüenza que vende sus municiones legalmente adquiridas a la delincuencia. La inobservancia total del principio de buena fe. El uso de un arma para defensa personal requiere un constante entrenamiento, y el entrenamiento permanente consiste en disparar. Es una verdad de Perogrullo que los asesores de Sucamec parecen desconocer.

La administración intenta ampliar el listado de calibres prohibidos con el argumento de  que “son de uso militar”. La prohibición parte de la constatación –en el pasado– de que la seguridad en los almacenes de municiones de las fuerzas armadas y policiales es muy deficiente y, por tanto, malos elementos las estarían vendiendo en el mercado negro. De nuevo, la negligencia en la custodia de los arsenales militares no es atribuible a los ciudadanos honestos que portan un arma.

Tal prohibición no tiene mayor sentido, como sí la tiene la prohibición absoluta de usar armas que tengan la capacidad de disparar en fuego totalmente automático. Sin embargo, ante los ojos de Sucamec el sicariato utiliza pistolas modificadas para hacer fuego automático y con cargadores extendidos con capacidad para treinta o más municiones, ambas situaciones no permitidas por las normas. Ojalá la administración orientara sus esfuerzos en ese sentido.

En realidad, los fundamentos de Sucamec son en extremo pobres y bien haría el Superintendente en llamarle de un modo muy enérgico la atención a su departamento legal y a sus asesores por proponer tal despropósito.

Lo que se observa en el fondo de las propuestas de la administración, es una evidente lavada de manos al mejor estilo de Pilatos, pretendiendo responsabilizar al usuario por las deficiencias de Sucamec. El responsable de que algunos delincuentes cuenten con licencia para portar armas, o que accedan a armas que no han sido renovadas en razón a trámites complicados; no es el usuario, es la administración…y bien haría en asumir sus culpas.

Es de esperar que el Congreso, donde hay personas sensatas que conocen del tema, no acepte la delegación de facultades en esta materia o, al menos, no en los términos que Sucamec plantea.