Guiños al estatismo

¿Por qué tiene apoyo la injerencia del estado autoritario en la universidad?

En un reciente sondeo de Ipsos Perú elaborado para El Comercio, el 59% de los encuestados aprueba la nueva ley Universitaria que crea la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), una dependencia del sector educación. Es decir, se respalda que el Estado tenga plenos poderes para “resolver” la crisis de la universidad peruana (incluidas las públicas y privadas).

No obstante que solo el 53% de los entrevistados conoce la nueva norma, es válido preguntarse si esta preferencia por el Leviatán y por el autoritarismo es una expresión aislada o una tendencia en la sociedad. Si analizamos la reacción de la mayoría política, social y mediática que se opuso a que el Estado comprara La Pampilla para restituir el fracasado monopolio estatal en la refinación de combustibles, tendríamos que decir que la mayoría no mira hacia atrás.

Si reflexionamos sobre la convergencia política, social y mediática que se enfrentó a la llamada “repartija” que buscaba controlar instituciones tutelares de la democracia, igualmente, tendríamos que sostener que la mayoría de ciudadanos descarta cualquier autoritarismo. En general, el propio hecho de que el gobierno no haya virado hacia la Gran Transformación es el resultado de una sólida mayoría del país que hizo escuchar su voz. Entonces, ¿por qué pasó una ley universitaria que tiene el mismo espíritu que animaba la compra de La Pampilla y la “repartija”?

Es evidente que las cosas no estaban claras para esa misma mayoría que hace posible que, no obstante desaceleraciones y penurias, el país preserve la democracia y la economía libre, y que se opuso a los monopolios estatales y repartijas. De alguna manera todos nos dormimos en nuestros laureles y nos contentamos con que surgieran universidades de excelencia en base a la iniciativa privada, mientras la pública se desmoronaba y proliferaban centros deficientes. Este escenario era el terreno para que los demagogos le lavaran la cara al Estado, el villano que hunde a la educación peruana, y por allí se dijera que la educación superior “era un mercado imperfecto” y que “el lucro destruía a la universidad”.

No hubo una fuerza universitaria y una corriente democrática que planteara una alternativa a la crisis de la universidad peruana y que propusiera soluciones al “mercado imperfecto”. La idea de empoderar al Estado o al ciudadano en la solución de los problemas de los claustros fue una idea aislada, que prosperó en los editoriales de los medios y los debates académicos, pero no prendió, no se convirtió en discurso de los partidos y los políticos, con algunas excepciones.

Si bien es cierto que la implementación de la nueva ley Universitaria será compleja y difícil por las acciones judiciales y constitucionales de los claustros; es decir, difícil de implementar por los contrapesos democráticos que se harán valer, es necesario reflexionar sobre este zarpazo autoritario.

No se puede dejar que las crisis se resuelvan solas. Se necesita una alternativa clara y precisa para que los ciudadanos, los consumidores, los estudiantes y padres de familia, sancionen a las malas universidades. Nadie se matricula ni arriesga los ahorros de su vida si sabe que compra un engaño. La idea de un observatorio nacional que le dijera a la gente qué universidades engañan a los muchachos es de vida o muerte para enfrentar la “imperfección del mercado”.

Hoy el autoritarismo ha puesto un pie en la universidad, pero los pies del autoritarismo siempre son de barro. En democracia es casi imposible que prospere. La mayoría social, política y mediática que ha venido hablando volverá a hablar.

Por Víctor Andrés Ponce