El Perú se enfrenta a globalismo ideologizado

La carta que enviaron la presidente Dina Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a la Corte IDH rechazando el requerimiento acerca de que el Legislativo se abstenga de legislar sobre los alcances de los delitos de lesa humanidad es una pieza que, sin lugar a dudas, formará parte de los próximos debates republicanos. ¿Por qué? Porque el Perú, como se dice, ha clavado lanzas contra un globalismo extremadamente ideologizado e intolerante.

La Corte IDH, en la práctica, pretendía decirle al Perú que congele la Constitución de 1993 y que el Congreso se convierta en una entidad decorativa invocando un convencionalismo inexistente –es decir una interpretación ideologizada de los tratados firmados por el Perú– porque ninguna convención de Derechos Humanos puede violar el principio de legalidad que consagran las constituciones y las leyes nacionales. Es decir, el tipo penal solo existe cuando está prescrito en la ley. Por lo tanto, en nuestro país el tipo de lesa humanidad solo existe a partir de que el Perú firmó los tratados sobre el tema.

Ni en el Tratado de Roma ni en el Pacto de San José existe alguna posibilidad de justificar el requerimiento de la Corte IDH. Si el Estado peruano aceptaba la solicitud de la Corte, el Perú se convertiría en una colonia ideológica de un grupo de burócratas ideologizados que, increíblemente, se oponían a restablecer los Derechos Humanos de los ancianos militares perseguidos por más de tres décadas mediante una estrategia de venganza neocomunista.

La afirmación de la soberanía nacional en la carta enviada por los titulares del Ejecutivo y el Congreso también se expresa en el espíritu de las diversas decisiones que ha tomado el Canciller de la República, Javier González Olaechea. El titular de Relaciones Exteriores, incluso, puso los puntos sobre las íes ante una de las embajadas que firmó un impertinente pronunciamiento en contra del proyecto que pretende fiscalizar el financiamiento de las oenegés.

Asimismo, la Cancillería acaba de emitir –una reacción rápida y apropiada– una Nota de Protesta ante las declaraciones de un funcionario colombiano sobre la soberanía en la isla Santa Rosa. Invocando todos los tratados y actas entre Perú y Colombia, la Cancillería dejó en claro que la soberanía nacional sobre la mencionada isla es indiscutible. De esta manera se desbarató una clara provocación del gobierno bolivariano de Gustavo Petro, que necesita de una tensión fronteriza artificial para desviar la atención del fracaso de su gobierno.

En medio de la desaprobación del Ejecutivo y del Congreso, de la desinstitucionalización que promueven algunos jueces de instancias inferiores que relativizan las funciones exclusivas y excluyentes del Congreso y de otras tendencias a la desinstitucionalización, el Perú comienza a afirmarse en contra de ese globalismo ideologizado que ha reventado a Occidente desde adentro.