¡No se deben delegar facultades legislativas en tributos!

En el Ejecutivo se ha manifestado que el Congreso debería delegar facultades legislativas para regular —entre otras materias— el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). La administración del presidente Martín Vizcarra, entonces, considera que la solución a la terrible trayectoria fiscal que ha dejado el desastre PPK al Perú —que este año se expresará en 3.5% de déficit fiscal— solo pasa por “regular” a las empresas y personas naturales formales que tributan regularmente al fisco peruano. Si no hay propuestas para reformar el Estado, si no hay grandes lineamientos de reformas estructurales, una conclusión de ese tipo, pues, resulta inevitable.

En este portal ya lo hemos señalado hasta la saciedad: no se crecerá por encima del 5%, y menos se reducirá la pobreza al 18% de la población en el 2021, si no se relanza la inversión privada, que representa el 80% del total de lo invertido en el Perú, el 80% de los ingresos fiscales y el 80% del empleo. Y habría que agregar que tampoco aumentará la recaudación tributaria. Pero nunca se relanzará la inversión privada si se siguen aumentando impuestos al reducido sector que financia el enorme Estado que empieza a surgir en el Perú. Por todas estas consideraciones, el Congreso no debe abdicar de sus funciones y debe exigir que el Ejecutivo presente los respectivos proyectos de ley para modificar tributos.

Si hay dudas las cifras resultan incuestionables. Según la Cámara de Comercio de Lima, en el Perú solo el 45% de los potenciales contribuyentes tributan al fisco. Es decir, menos de la mitad se carga en hombros todo el Estado. ¿Cuánto es la presión tributaria? El gobierno señala que la presión tributaria el 2017 fue del orden del 13%; sin embargo, tal como lo establece el Código Tributario, la carga fiscal del Estado está compuesta por los tributos, tasas y contribuciones. Si sumamos todos estos ingresos el Estado recauda alrededor de 18% del PBI; pero si consideramos que menos de la mitad de contribuyentes financia al Estado, entonces hay un grupo de peruanos que soporta una presión tributaria del orden del 36%.

Tal como lo ha señalado nuestro columnista Carlos Adrianzén, Decano de la Facultad de Economía de la UPC, en el Perú el Estado consume un tercio del PBI, es decir cerca de US$ 80,000 millones. Un Estado gigantesco, hipertrofiado para el tamaño de nuestra economía. El propio Adrianzén señala que la historia económica del Perú revela que cuanto más grande el Estado menos crecimiento y menos reducción de pobreza. El margen para reducir el déficit fiscal mediante reformas del Estado, pues, es enorme.

En cualquier caso la disyuntiva está sobre la mesa: para enfrentar el desastre nadinista y pepekausa de las finanzas públicas o subimos el impuesto a la renta a quienes soportan una carga tributaria casi socialista o reformamos un Estado que no ofrece servicios públicos aceptables para la población. Por ejemplo, se acaba de conocer que desde el humalismo hasta el pepekausismo los programas sociales del Estado se incrementaron en seis veces, sin embargo el 2017 la pobreza aumentó en 1%. Como se aprecia, sin relanzamiento de la inversión privada las soluciones reales son casi inexistentes.

En síntesis, representaría una enorme paradoja que la mayoría legislativa abdique de la única función que define la naturaleza del Legislativo desde que esta asamblea surgió en tiempos de las monarquías europeas: la facultad de establecer tributos que afectan la propiedad o el capital de las personas.