¡No dejemos que el milagro agroexportador se apague!

En dos décadas el Perú ha desarrollado un milagro agroexportador que ha dejado perplejo al mundo. Las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones hasta los US$ 10,000 millones de la actualidad, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y la pobreza en las regiones agroexportadoras se ubicó muy debajo del promedio nacional. En Ica, por ejemplo, región agroexportadora por excelencia la pobreza está debajo del 6%, y semejante resultado parece de otro país, uno en el umbral del desarrollo.

Una de las cosas más sorprendentes del milagro agroexportador del Perú es que se ha desarrollado en alrededor de 250,000 hectáreas, es decir el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura. El 95% restante está conducido por minifundistas con predios de menos de cinco hectáreas. Considerando esta realidad, la noticia acerca de que, en los últimos años, se ha dejado de invertir en 30,000 hectáreas es devastadora. Y, considerando que –en base a siete proyectos hídricos– el Perú tiene el potencial de incorporar alrededor de 500,000 hectáreas ganadas al desierto a la frontera agroexportadora, ¿acaso perder la velocidad crucero en las agroexportaciones no marca la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo?

Si con el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura se ha logrado exportar una cantidad igual al 25% de las exportaciones mineras (más de US$ 43,000 millones), ¿cuánto más podemos exportar incrementado duplicando las tierras de la agroexportación? Por otro lado, las agroexportaciones son intensivas en creación de empleo formal: de 460,000 empleos, entre directos e indirectos, en el 2004, se contrata a más de un millón en la actualidad.

¿En qué momento comenzamos a perder inversiones en cerca de 30,000 hectáreas? Desde que el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la también conducción provisional del Legislativo de Mirtha Vásquez derogaran la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que, a la luz de los resultados, es la mejor norma económica de las últimas décadas.

La mencionada ley tenía un régimen tributario promocional de 15% en renta, que permitió incrementar la recaudación en 1000%. E igualmente, establecía un régimen de flexibilidad laboral en los contratos que posibilitó el crecimiento del empleo formal como nunca.

En ese sentido, todos los peruanos de buena voluntad deberían saludar el anuncio del titular del Midagri, Ángel Manero, acerca de que el Ejecutivo planteará una nueva ley de promoción de las inversiones agrarias considerando el 15% en impuesto a la renta, una medida que, sobre todo, posibilitará la formalización de más de dos millones de minifundistas. Sin embargo, una de las cosas que ha causado preocupación es que, en la propuesta gubernamental, se mantendría el Bono Especial del Trabajador Agrario (BETA), que establece un salario sobre el 30% de la remuneración mínima vital. Semejante salario solo puede ser pagado por las grandes corporaciones, pero de ninguna manera por los pequeños parceleros que buscan formalizarse.

Una de las cosas más nocivas de la Ley 31110, también llamada “Ley Agraria Sagasti”, es que elimina de facto la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, que posibilitaba que las empresas contratarán a más de 15,000 trabajadores –con todos los beneficios y derechos sociales– en las temporadas de siembra, mantenimiento y cosecha. La Ley 31110 promueve la contratación preferencial de los trabajadores previos y fomenta la sindicalización artificial por rama, siguiendo el criterio progresista y globalista que pretende legislar al margen de la productividad de la economía real.

En cualquier caso, la presentación de la propuesta de nueva ley de promoción agraria debería servir al Ejecutivo y el Congreso para desarrollar una discusión sobre la enorme potencialidad de las agroexportaciones y de la formalización del minifundio nacional. Finalmente, las agroexportaciones son intensivas en creación de empleo formal, en diversificación de la economía, fomentan el desarrollo académico e investigaciones y disparan la creación de manufacturas nacionales.

Por todas estas razones, en lugar de derogar la anterior Ley de Promoción Agraria, sus efectos debieron haberse extendido a toda la economía nacional.