Cajamarca y el cobre que no espera

Cajamarca no enfrenta un problema de falta de recursos, sino de decisiones postergadas. Bajo su territorio se extiende uno de los cinturones cupríferos más importantes de América Latina, con proyectos de escala mundial como Michiquillay, Conga, Galeno, La Granja y Cañariaco Norte. En conjunto, estos yacimientos podrían convertir a la región en un eje productivo del norte peruano. Sin embargo, esa riqueza permanece mayormente inmóvil, mientras Cajamarca sigue figurando entre las regiones con mayores niveles de pobreza del país.

Las cifras ayudan a dimensionar el contraste. La cartera de inversiones mineras asociada a estos proyectos supera los US$ 16,000 millones, un monto capaz de transformar la infraestructura regional y fortalecer los servicios públicos durante décadas. Aun así, desde hace más de diez años, la mayoría de estas iniciativas permanece paralizada. El punto de inflexión fue la suspensión del proyecto Conga en 2011, que marcó el inicio de un ciclo de desconfianza, conflictos sociales generados por las mentiras difundidas por los grupos antimineros y ausencia de consensos.

El costo de esa inacción no es solo regional, sino también nacional. El cinturón de cobre del norte podría aportar alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre al año a la producción peruana. De haberse materializado ese volumen, el Perú estaría hoy disputando el primer lugar mundial en producción de cobre, en lugar de haber sido desplazado del segundo puesto por la República del Congo. Cada año sin producción equivale a miles de empleos que no se crean y a ingresos fiscales que nunca llegan.

Este impacto resulta especialmente crítico si se considera la realidad social de Cajamarca. Cerca del 45% de su población vive en situación de pobreza, pese a encontrarse sobre una de las zonas con mayor potencial minero del continente. Durante la última década, otras regiones mineras del país lograron reducir brechas en educación, salud e infraestructura gracias a la actividad extractiva formal. Cajamarca, en cambio, quedó al margen de ese proceso, no por falta de recursos, sino por la imposibilidad de ponerlos en valor.

En ese escenario, el proyecto Michiquillay representa una oportunidad concreta para cambiar el rumbo. Adjudicado a Southern Perú en 2018, ya cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado y tiene previsto iniciar su fase de construcción hacia 2027. La inversión estimada bordea los US$ 2,000 millones, con una vida útil de al menos 25 años y una producción anual cercana a las 225,000 toneladas métricas de cobre. Se trata de cifras que, por sí solas, lo convierten en uno de los proyectos más relevantes del país.

Pero la importancia de Michiquillay no se limita a su escala productiva. Su verdadero valor está en su capacidad para actuar como proyecto ancla de un clúster minero en Cajamarca. Un clúster implica coordinación entre empresas, proveedores, Estado, universidades y comunidades, con el objetivo de mejorar productividad y competitividad. En términos prácticos, supone infraestructura compartida, logística integrada, uso más eficiente del agua y la energía, y estándares ambientales comunes que reducen riesgos y conflictos.

La ausencia de minería formal tampoco ha significado la protección del territorio. Allí donde los grandes proyectos fueron detenidos, se ha abierto espacio para actividades ilegales. La minería ilegal no surge en el vacío: aparece cuando no existen alternativas formales que generen empleo y presencia estatal. En Cajamarca, zonas asociadas a proyectos paralizados comenzaron a atraer operadores informales, sin controles ambientales ni tributarios, replicando dinámicas ya vistas en regiones como Pataz, en La Libertad.

El caso de Conga ilustra con claridad esta paradoja. Tras años de oposición que impidieron su desarrollo formal, la zona empezó a registrar la presencia de decenas de mineros ilegales. Así, una iniciativa que pudo generar canon, empleo y obras públicas fue reemplazada por una actividad desordenada, con mayor impacto ambiental y mayor potencial de conflicto social. En la práctica, la negativa a la minería formal no eliminó la extracción, solo la trasladó a un escenario más dañino.

Cajamarca se encuentra, entonces, ante una decisión estratégica. Puede seguir acumulando proyectos detenidos y oportunidades perdidas, o puede construir una ruta de desarrollo basada en inversión responsable, regulación efectiva y rechazo a la ilegalidad. Reactivar el potencial del cinturón cuprífero del norte, con Michiquillay como eje, no es una promesa abstracta. Es una posibilidad concreta para transformar cifras geológicas en bienestar real, después de más de una década de tiempo perdido.