Neptalí Carpio

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Las comunidades fantasmas de la costa

Las comunidades fantasmas de la costa
Neptalí Carpio
03 de marzo del 2017

Bloquean el ordenamiento territorial y promueven el tráfico de terrenos

Un lastre que impide la extensión de los derechos de propiedad es la existencia de 226 comunidades campesinas en la costa, cuya supuesta propiedad llega hasta los propios balnearios, como ocurre en Asia, al sur de Lima. Son verdaderos poderes fácticos que bloquean el ordenamiento territorial, promueven el tráfico de terrenos y provocan conflictos limítrofes entre diversas jurisdicciones distritales, provinciales y regionales.

Son “comunidades campesinas” solo de nombre; en realidad son el principal factor de generación de un mercado inmobiliario informal, casi delincuencial, a manera de un agujero negro donde —en nombre de la propiedad comunal— pequeños grupos se han apropiado de enormes extensiones de terreno al amparo de la Constitución y de la Ley de Comunidades Campesinas de la Costa (Ley N° 26845). Un factor de violencia y de interminables procesos de litigio entre personas que fueron estafadas por contratos de compraventa o de un ficticio “derecho al uso comunal” que no tiene cuando acabar.

El problema radica en el hecho de que el propio Estado terminó por legalizar a comunidades campesinas que no desarrollan ningún tipo de actividad comunal, agrícola, ganadera o de pastoreo. No merecieron nunca tener un título inscrito en registros públicos. No hicieron ningún esfuerzo o actividad agrícola para merecer la condición de comunidades campesinas y con enormes propiedades bajo su dominio.

Sus dirigentes se han convertido en corredores de bienes raíces de carácter informal, amasando una cuantiosa fortuna y escudándose en un discurso colectivista. Veamos solo un caso. En los Registros Públicos de la Provincia de Cañete se puede advertir que Fernando García Huasasquiche, presidente de la Comunidad Campesina de Asia por más de doce años, es el mayor vendedor de lotes comunales de esa provincia. Una situación similar se podrá observar en la mayoría de estas 226 comunidades campesinas, que agrupan a nueve millones de hectáreas en toda la costa del Perú, según el último Censo Agrario.

Una ínfima minoría de pobladores de la costa es propietaria de ingentes cantidades tierra, donde debería existir un mercado inmobiliario transparente y competitivo. Sin embargo, la ley, el Estado y diversos personajes ligados al mundo político —entre los cuales se puede contar a alcaldes, ex parlamentarios y otras autoridades en ejercicio— han logrado un statu quo por el cual nadie puede cambiar la situación jurídica de estas comunidades campesinas costeñas, a cambio de extensiones de terrenos que se les otorga por proteger este estado de cosas.

Recientemente, el Ministerio de Agricultura ha creado una Dirección de Titulación y Registro de Comunidades Campesinas, pero solo para la sierra y la selva. La pregunta que surge es: ¿por qué en todos los procesos de titulación o de otras medidas se excluye a las comunidades campesinas de la costa, como si fuera una isla jurídica o territorial casi intocable?

El experto en derechos de propiedad Gunther González ha planteado una propuesta audaz. Si estas comunidades de la costa no demuestran el fin para el cual fueron creadas como personas jurídicas, esto sería causal de disolución; lo cual daría origen a un proceso de destitulación, situación que provocaría un gran proceso de liberación tierras.

En este este proceso de revisión de títulos de los “comuneros”, y bajo un exigente proceso de saneamiento físico legal, se debería demostrar varias situaciones: 1) Probar en los hechos que realmente son comunidades campesinas con actividad agrícola y comunal. 2) Probar la legalidad de los títulos obtenidos, cómo validaron sus planos y de dónde provino la tenencia de enormes porciones de tierra. 3) Demostrar la legalidad de las inscripciones en Registros Públicos, lo cual pondría en apuros a la entidad del registro, ya que sobre este tema ha existido mucha corrupción en los registradores. 4) Demostrar la legalidad de miles de venta de lotes, situación que, como caja de pandora, daría lugar a un sinnúmero de denuncias por tráfico de terrenos. Muchas veces un mismo lote de terreno es vendido varias veces, con un espíritu de lucro evidentemente delincuencial.

Se trata, pues, de una operación muy difícil de lograr. Pero imprescindible para liberar cuantiosas extensiones de tierra y promover una nueva oleada de derechos de propiedad y un potente mercado de tierras, con fines agrícolas o de vivienda.

Neptalí Carpio

 
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03 de marzo del 2017

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